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Puede que estemos asistiendo al fin del conflicto armado más longevo del hemisferio occidental. El 17 de octubre se iniciaron en Oslo, Noruega, las negociaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que después continuarán en La Habana, Cuba.

El último “ICTJ reporta” indaga en los problemas de la justicia transicional en Colombia y hace un seguimiento de nuestro trabajo en el país que sufre el conflicto armado más longevo del mundo. En esta entrevista, la directora de la oficina del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, responde a preguntas sobre los mecanismos de justicia transicional aplicados actualmente en el país y describe la colaboración del ICTJ con asociaciones de la sociedad civil en cuestiones como justicia penal, reparaciones y memoria. Proporciona asimismo una mirada de futuro a las nuevas negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, identificando qué cuestiones clave de la justicia transicional están en juego en ellas.

¿Por qué hay que aplicar medidas de justicia transicional después de violaciones de los derechos humanos masivas? "En defensa de la justicia" se adentra en el debate sobre la relevancia de la justicia transicional en el mundo actual.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional presenta el documento “Observaciones sobre el mandato legal de la Comisión Nacional de la Verdad del Brasil” (en portugués y español). El documento analiza la ley 12.528 del año 2011, que creó la Comisión Nacional de la Verdad para investigar violaciones de los derechos humanos cometidas durante más de 40 años de historia del Brasil, incluyendo la dictadura militar de derechas de 1964 a 1985.

Dentro del marco del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que tiene lugar estos días en Nueva York, el ICTJ reunió a varios representantes de comunidades indígenas latinoamericanas en un evento para debatir sobre el aporte de las comisiones de la verdad a la hora de develar las violaciones de derechos humanos sufridas por estas comunidades.

Con el fin de abrir un espacio de discusión sobre la reforma de la ley de Justicia y Paz entre la sociedad civil y el Estado colombiano, el ICTJ y la MAPP-OEA han organizado el evento “Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz”, que se realizará el próximo lunes 14 de mayo en Bogotá. Daniel Millares, gerente de Justicia y Paz en la MAPP – OEA y María Camila Moreno, directora del Programa Colombia del ICTJ presentan los principales temas que se discutirán en este evento en el siguiente podcast: [Descargar](/sites/default/files/ICTJ-COL-Podcast-20120511.mp3) | Duration: 11:37mins | File size: 11.2MB

Cerca de cumplirse siete años de haber puesto en marcha el proceso de Justicia y Paz en Colombia, éste avanza en medio de controversias y de importantes reflexiones acerca del rumbo que debe seguir. ¿Cuáles han sido sus avances y cuáles sus deficiencias?

Colombia lleva más de cuatro décadas enfrentando un complejo conflicto que ha causado cerca de 400.000 víctimas registradas y más de tres millones de desplazados. El vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, explora en este análisis los conceptos de priorización y selección de casos, expone ejemplos de tribunales que han seguido los criterios de selección y analiza en profundidad el caso colombiano.

La Ley de Justicia y Paz colombiana es la gran apuesta del país para desmantelar a poderosos grupos paramilitares y obtener justicia para las miles de víctimas del conflicto armado. Ante la intención del gobierno colombiano de reformar la ley de Justicia y Paz para conseguir que el proceso sea más efectivo, el ICTJ publica una serie especial de reportajes para ofrecer al lector un acercamiento en profundidad al contexto de la ley, así como a los éxitos y desafíos identificados al hacer balance de los casi siete años desde la aprobación de la ley.

El pasado 16 de diciembre culminó en Colombia el primer incidente de reparación judicial por reclutamiento ilícito de menores que se realiza en el mundo. 309 víctimas de este delito recibirán medidas que incluyen indemnización, asistencia médica y psicológica.