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Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial. Las cuatro organizaciones son: Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

En este artículo de opinión, la directora programática del ICTJ, Marcie Mersky, subraya la importancia de el juicio por genocidio contra el ex general Efraín Ríos Montt, más allá de las fronteras de Guatemala: es la primera vez que un exjefe de Estado es juzgado por genocidio en un tribunal nacional de forma genuina, por autoridades nacionales, en el mismo país donde tuvieron lugar los crímenes de los que se le acusa.

¿Se puede construir una democracia sólida y legítima sobre el silencio, o es que la verdad proporciona cimientos más profundos? Se pregunta Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ, en esta columna de opinión con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad.

En nuestro trabajo como asesores de sociedades de todo el mundo, contínuamente nos inspiran personas y comunidades que se niegan a ignorar los abusos del pasado, y que a menudo se enfrentan a grandes obstáculos para arrojar luz sobre éstos. Para honrar su coraje, les invitamos a leer una selección de perspectivas sobre la verdad y la dignidad de aquellos que con sus palabras han forajdo una idea sólida: que la verdad es la base de la justicia. Súmese a la conversación global a través de las redes sociales.

Guatemala vive una jornada histórica tanto para el país como para la justicia transicional: se ha abierto el juicio contra el ex general guatemalteco Efraín Ríos Montt ante el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala. El el privilegio de entrevistas a la Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, en un día tan importante para el país.

Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, destacados activistas indígenas se reunirán con sus homólogos y expertos de todo el mundo en la Universidad de Columbia para analizar cuál es la mejor manera de utilizar esos mecanismos para afianzar el derecho a la verdad y mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

Cada vez es más habitual que diversas medidas de justicia transicional aborden los derechos indígenas y el ICTJ participa activamente en la elaboración de un discurso que defiende la utilidad de las comisiones de la verdad y otros mecanismos de justicia transicional en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.

La decisión de un juez de Ciudad de Guatemala de someter a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de guerra constituye un momento decisivo en el difícil camino que transita el país hacia el verdadero respeto por el Estado de derecho. Este juicio por genocidio – el primer intento genuino en el mundo de juzgar a un ex jefe de estado acusado de genocidio en su propio país – podría contribuir significativamente a derribar el muro de negación que aún rodea a Guatemala. Para que esto suceda, el juicio ha de ser justo y debe estar libre de intimidación, defiende Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en este artículo de opinión.

En enero de 2012, el general retirado Efraín Ríos Montt fue imputado por genocidio al ordenar que se cometieran masacres durante la guerra civil en Guatemala. Tan solo un año después, la justicia que las víctimas reclaman se encuentra en peligro: tanto guatemaltecos como miembros de la comunidad internacional temen que la Corte Constitucional pueda ser presionada para conceder la amnistía a Ríos Montt. El jueves 20 de diciembre, el ICTJ y otras organizaciones del ámbito de la justicia se unieron para mandar un mensaje claro y contundente a Guatemala: los arquitectos de los crímenes deben rendir cuentas ante la justicia.