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En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, defiende que la mejor manera de avanzar en la rendición de cuentas es centrar la asistencia en mecanismos nacionales especializados. "Los ciudadanos deben ver que sus instituciones nacionales funcionan y ahí es donde los tribunales pueden condenar los delitos y fortalecer los fundamentos del contrato que mantiene unida a la sociedad. En ese ámbito es donde la dignidad de un ciudadano puede adquirir su sentido pleno", escribe Seils con motivo del Día de la Justicia Internacional.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) aplaude la sentencia condenatoria del Tribunal B de Mayor Riesgo de Guatemala en el juicio contra el ex dictador militar Efraín Ríos Montt. El general retirado, de 87 años, ha sido condenado por genocidio y delitos a los deberes de la humanidad contra la población maya ixil durante la guerra civil de Guatemala. Fue sentenciado a 80 años de prisión. José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fuera jefe de inteligencia bajo el mando de Ríos Montt y también acusado en el juicio, ha sido absuelto de todos los cargos.

El ICTJ lamenta profundamente el fallecimiento del Doctor César Barrientos Pellecer, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el pasado 2 de marzo. “Guatemala ha perdido un gran defensor e impulsor de la justicia. Sus aportes durante más de dos décadas al fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala merecen el mayor reconocimiento nacional e internacional”, dijo el presidente del ICTJ, David Tolbert.

En esta edición de ICTJ reporta Félix Reátegui, asociado sénior del programa de Verda y Memoria, habla sobre los principios en los que se basa el trabajo de la unidad y la imperiosa necesidad de develar, reconocer y conmemorar el pasado.

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

Una nueva asociación juvenil ha anunciado que defenderá los derechos de los jóvenes marfileños, proponiendo un relato hasta ahora silenciado de los hechos violentos.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.