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Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

Puede parecer trivial para mí escribir acerca de por qué aquellos que continúan señalando el 17 de julio como el "Día Internacional de la Justicia" deberían finalmente dejar de llamarlo así. Muchos grupos de derechos humanos (incluido el ICTJ), agencias de las Naciones Unidas y gobiernos han estado usando públicamente esa frase desde 2010. Es para las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los abusos que constituyen crímenes internacionales en virtud del Estatuto de Roma, que es importante acabar con la idea errónea que fomenta la frase.

A medida que buscamos maneras de frenar la violencia y fomentar una paz duradera en sociedades que están lidiando con el legado de abusos masivos de los derechos humanos, se podría decir que no hay día más importante para reflexionar acerca de la importancia de la lucha por la verdad y la justicia que hoy, 24 de marzo. Por eso nos tomamos un momento para conmemorar el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

Hoy comienza el debate oral y público del caso conocido como “Sepur Zarco”, por actos de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual cometidos por miembros del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1986 contra mujeres de dicha comunidad maya Q’eqchi’, así como por la desaparición forzada de varios hombres. Los acusados son el exmilitar Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ escribe que la CPI no puede respaldar medidas que favorezcan la impunidad, del mismo modo que no pueden hacerlo otros actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la lucha por la paz y la justicia.

En esta edición de ICTJ reporta Félix Reátegui, asociado sénior del programa de Verda y Memoria, habla sobre los principios en los que se basa el trabajo de la unidad y la imperiosa necesidad de develar, reconocer y conmemorar el pasado.

La reciente reelección del presidente Juan Manuel Santos en Colombia aporta esperanza a un país que intenta poner fin a medio siglo de conflicto. Sin embargo, como suele ocurrir en muchos procesos de paz, puede resultar difícil llegar a un equilibrio entre un acuerdo estable y el reconocimiento de las terribles injusticias que han tenido lugar durante los enfrentamientos.

El número de comisiones de la verdad surgidas de negociaciones de paz ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Las lecciones que hemos aprendido ponen de relieve que ya es hora de observar con mirada crítica los desafíos a los que se enfrentan los mediadores, para que estas comisiones puedan responder realmente a las demandas de las víctimas, escribe el presidente del ICTJ, David Tolbert, en este artículo de opinión.