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Uno de los puntos cruciales de la negociación ha sido, y sigue siendo, el adecuado tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco del conflicto armado. El debate, aún no concluido, ha girado sobre la posibilidad de recurrir a medidas excepcionales como el indulto o la amnistía; sobre los límites que establecen los crímenes internacionales y también sobre las posibilidades y consecuencias jurídicas de la utilización de la figura del delito político y la definición y alcance de los que se pueden considerar sus delitos conexos.

Esta publicación examina losefectos, riesgos y el potencial de ampliar la aplicación del campo de la justicia transicional a casos en los que no está definido un momento clave de transición política hacia la paz o la democracia y que, por el contrario, se caracterizan por la continuidad política y la permanencia del conflicto.

Las disculpas públicas oficiales son un elemento importante de la política de justicia transicional. Como forma de reparación simbólica, una disculpa es un reconocimiento formal, solemne y, en la mayoría de los casos, público de que se cometieron violaciones a los derechos humanos en el pasado, de que estas causaron daño grave y a menudo irreparable a las víctimas, y de que el Estado, el grupo o el individuo que pide disculpas acepta parte o toda la responsabilidad por lo ocurrido.

Desde inicios de la década de 1980, los países de América Latina han experimentado diversos procesos de transformación política. Hablando en términos generales, ese cambio ha consistido en el paso de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. En algunos casos específicos —tales como los de Guatemala y El Salvador— se ha tratado de procesos de pacificación después de confrontaciones armadas de tales proporciones que alcanzan el apelativo común de “guerra civil”.

A medida que los defensores de derechos humanos y los representantes estatales reconocen cada vez más la necesidad de involucrar a las niñas en los procesos de búsqueda de la verdad, crece la necesidad de disponer de herramientas prácticas que faciliten la participación de las niñas y al mismo tiempo prioricen su protección.

La violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos sobrepasan la capacidad del sistema de seguridad y justicia de México. A pesar de no experimentar una transición política, México puede utilizar experiencias de justicia transicional para diseñar una política de justicia y prevención. Esto requiere una cuidadosa adaptación a las particularidades del país. Este análisis examina las oportunidades que el escenario actual ofrece para adaptar experiencias de justicia transicional para enfrentar este desafío.

Los procesos de justicia transicional son complejos, políticamente cuestionados y no necesariamente se desarrollan de manera lineal. Debido a esto, presentan desafíos teóricos y prácticos únicos al momento de medir sus resultados. Este informe busca mejorar las prácticas de monitoreo y evaluación actuales y respaldar procesos e intervenciones basados ​​en evidencia en el campo de la justicia transicional.

La pandemia del COVID-19 forzó a muchos países a imponer medidas de emergencia tales como toques de queda y cierres locales para detener la aspersión del virus. Para reforzar estas medidas, algunas sociedades han aumentado el poder de las fuerzas policiales, mientras otros han recurrido a patrullas ciudadanas. Sin embargo, algunas prácticas de vigilancia se han vuelto más dañinas que el mismo virus, exponiendo las fragilidades de la gobernanza democrática y llamando la atención sobre las obligaciones estatales con el respeto a los derechos humanos.

El ICTJ tiene más de dos décadas de existencia. En el momento de su creación, muchos de quienes contribuyeron a las transiciones en Argentina, Chile, Guatemala, Sudáfrica y la ex Yugoslavia vieron el valor de una organización especializada que pudiera aprovechar diversas experiencias nacionales para brindar asesoramiento experto a los grupos de víctimas, sociedad civil, gobiernos y actores internacionales. Desde entonces, la organización ha evolucionado continuamente, acumulando una gran experiencia y conocimiento, y consolidando una posición de liderazgo en el campo.

Este documento informativo examina las diversas acciones que los funcionarios ucranianos y los miembros de la comunidad internacional han emprendido para investigar y enjuiciar los crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidas en Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero de 2022. Explora la miríada de desafíos que enfrentan y cómo se pueden aplicar las herramientas de la justicia transicional en conjunto para brindar justicia y reparación a las víctimas y sentar las bases para una Ucrania más inclusiva y democrática.