El pasado 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la cual busca extinguir la responsabilidad penal por determinados hechos ocurridos en el país en los últimos 26 años, con el objetivo de promover la paz social, la convivencia democrática y la reconciliación nacional.
Al margen de los debates que ha suscitado esta ley, es innegable que constituye un desarrollo significativo en el contexto político venezolano. A ello se suma la liberación de un número considerable de personas, consideradas presos políticos por distintas organizaciones, un hecho que hasta hace tan solo unos meses parecía impensable.
Cabe recordar que las leyes de amnistía han sido, en muchos contextos, herramientas clave para ayudar a impulsar transiciones pacíficas. Para traer solo un ejemplo de la región, el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP – que cumple 10 años en 2026 – difícilmente se hubiera logrado sin un régimen de amnistía por delitos políticos. Por supuesto se trata de un contexto con diferencias profundas con el venezolano, pero el punto de fondo se mantiene: las amnistías pueden desempeñar una función importante en la superación de conflictos armados o políticos.
Esa función tiene un trasfondo pragmático: en contextos en los que se han producido violaciones masivas de derechos humanos, resulta materialmente imposible investigar y juzgar todos los hechos de manera individual. En estas circunstancias extraordinarias, los sistemas judiciales deben necesariamente concentrar la acción penal en los crímenes más graves que no deben quedar impunes. En ese sentido, la ley aprobada también establece límites importantes al excluir este tipo de delitos de su ámbito de aplicación.
Las amnistías pueden jugar un papel clave en la (re)construcción de confianza. Esto no es un tema menor: la desconfianza hacia las instituciones y entre distintos sectores de la sociedad suele ser uno de los obstáculos más complejos para lograr la reconciliación. En estas situaciones, una amnistía que permita el regreso a la vida política de personas encarceladas o en el exilio puede convertirse en una señal positiva. El propio Artículo 2 de la ley introduce un parámetro relevante al vincular la amnistía con la generación de condiciones para el “pluralismo político” y la “reintegración a la actividad pública” de las personas beneficiadas.
Dicho todo esto, no hay que olvidar que Venezuela aún no está ante una transición política o un proceso de transformación profundo. Esto significa que la aplicación de la ley recaerá en gran medida sobre un sistema judicial que ha sido objeto de cuestionamientos durante años por su proximidad a los intereses del poder ejecutivo. Además de generar serios desafíos para la reconstrucción de confianza, esto produce una paradoja particular: la ley aprobada busca poner fin a los efectos de ciertas decisiones judiciales, pero para ello depende de las mismas instituciones que las emitieron.
Así las cosas, uno de los retos principales será garantizar que las amnistías se tramiten con total independencia, así como con criterios transparentes y jurídicamente sólidos. Solo si se aplican de manera coherente y con seguridad jurídica una vez otorgado el beneficio, las amnistías pueden constituir una herramienta útil para fortalecer la confianza en las instituciones y fomentar la reconciliación.
También se debería aprovechar la oportunidad para revisar y ajustar normas que han estado en el origen de muchos de los procesos que la amnistía busca abarcar, como la llamada Ley contra el Odio, cuya “mala utilización” ha sido reconocida recientemente por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Lo anterior requiere especial relevancia porque para algunas de las personas beneficiarias, los hechos por los que fueron procesadas no debieron haber sido considerados delitos. La amnistía puede entonces producir un efecto ambiguo: representa una vía inmediata y legítima para que las personas recuperen su libertad, pero también supone aceptar la premisa de que existió un delito que el Estado decide perdonar.
Un proceso orientado a recomponer la confianza requerirá, tarde o temprano, un debate honesto sobre esta tensión. Tal vez la aprobación de esta ley abre, por primera vez en mucho tiempo, un espacio para empezar a tenerla. Dicho de otra manera, el verdadero alcance de esta amnistía no solo se medirá por el número de libertades que conceda – sino también por su capacidad para realmente crear las condiciones de pluralismo y reintegración que la propia ley invoca.
______________
FOTO: Venezolanos se congregan en el centro de Buenos Aires, Argentina, el 3 de enero de 2026, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses. (Renan Braz/Pexels)
