Por Paul Seils*
Después de tres años de proceso y de siete años detenido, Thomas Lubanga ostenta el dudoso honor de ser la primera persona condenada por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Gracias a una decisión histórica para la justicia internacional, que refrenda las protecciones otorgadas a los niños en todos los conflictos bélicos del mundo, Lubanga ha sido condenado por su participación, junto a otras personas, en el reclutamiento de niños para su milicia, que luchó en las guerras registradas en la República Democrática del Congo (RDC) entre 2002 y 2003.
La condena de un hombre que deliberadamente utilizó a niños para librar una sangrienta guerra debería servirnos para reflexionar sobre sus crímenes. Al mismo tiempo, la sentencia plantea cuestiones sobre el funcionamiento del propio tribunal, entre ellas la duración de la prisión preventiva y del proceso, y también sobre el trabajo de la fiscalía.
El tribunal se fijó en Lubanga por su condición de líder de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), una milicia armada que libró una prolongada batalla por el control de la provincia de Ituri, rica en oro y situada en el noreste de la RDC, junto a las fronteras de Uganda y Ruanda. El conflicto de Ituri formó parte de una serie de guerras entre diversas etnias y Estados que, en varios momentos del periodo 1996-2008 y con la participación de 25 milicias armadas, asoló ocho países colindantes. La milicia de Lubanga fue solo una de las muchas que cometieron masacres, violaciones, torturas, mutilaciones, asesinatos y secuestros de niños en toda el África central. Este ciclo de violencia produjo la muerte de más de cinco millones de personas, lo que lo convierte en el conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial.
El veredicto del caso Lubanga, de casi 600 páginas, deja constancia de un largo y complicado proceso en el que en ocasiones, más que las víctimas, los protagonistas han sido jueces y abogados. Deberíamos constatar con bastante satisfacción que la comunidad internacional haya creado un tribunal penal permanente, por fin capaz de emitir una sentencia. La historia mostrará que en su primer juicio la fiscalía logró un veredicto condenatorio.
Con todo, es importante no dejar pasar este momento sin reflexionar sobre importantes asuntos, algunos de ellos apuntados en la propia sentencia. Historiadores y politólogos debatirán sobre el hecho de que el tribunal, a pesar de la siniestra omnipresencia de Ruanda y Uganda, haya decidido calificar de conflicto interno, «no internacional», aquel en el que participó Lubanga.
Para la justicia internacional, también ha sido muy preocupante la duración del proceso. La detención de cualquier persona durante siete años antes de ser condenada suscita importantes preguntas sobre la calidad de la propia justicia internacional. ¿Qué habría pasado si hubiera sido absuelto? Además, un proceso en el que durante tres años se juzgan cargos muy concretos plantea dudas importantes de orden procedimental.
En este sentido, la sala tiene muy claro quién es el responsable de gran parte de los problemas. En varios comentarios críticos el tribunal señala que la fiscalía actuó con negligencia, ocasionándole considerables pérdidas de tiempo y dinero. El primer comentario alude al hecho de recurrir a agentes conocidos con el nombre de "intermediarios" para conseguir testigos y, en algunos casos, pruebas.
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Esta práctica desató un prolongado debate jurídico que reportó al ministerio fiscal una contundente reprobación. Se rechazaron todas las pruebas obtenidas gracias a intermediarios y se ordenó al fiscal que investigara las posibles actividades criminales de los mismos. Según los jueces, dichos intermediarios no habían sido sometidos a una supervisión adecuada por parte de los fiscales y quizá su forma de manipular a los testigos o de instarlos a declarar fuera penalmente punible. |
Además del prolongado debate sobre el problema de la revelación de pruebas en las primeras fases del juicio, el tribunal critica tanto la calidad de la investigación como los cargos presentados. No se acusó a Lubanga de abusos sexuales a menores, aunque durante el proceso sí se mencionaron hechos que parecían avalar tales acusaciones. Por razones que pocas personas, entre ellas los jueces, han podido comprender, la fiscalía se opuso a ampliar los cargos para incorporar esas imputaciones.
Han sido precisos casi ocho años de arduo trabajo a cargo de multitud de personas para llegar a este importante día para la justicia internacional. Numerosas víctimas y testigos han asumido riesgos considerables. Un entregado grupo de investigadores y abogados -entre ellos los de la defensa- ha trabajado sin descanso. A pesar de las importantes críticas relativas a ciertos aspectos, sería mezquino no reconocer que los esfuerzos y la aportación de esas personas sirven para lograr que la CPI actúe realmente como disuasivo frente a la comisión de crímenes graves. Con todo, una reflexión mesurada habrá de reconocer que el éxito no ha sido rotundo.
Siendo justos, hay que decir que esta ha sido la primera investigación y el primer juicio de la fiscalía. Al contrario que en el caso de Joseph Kony y del Ejército de Resistencia del Señor, los investigadores no podían apoyarse en la ayuda de un Gobierno (el de Uganda) extraordinariamente solícito. La resolución del tribunal demuestra lo difícil que es investigar el problema de los niños soldado cuando la existencia de documentación oficial es algo excepcional y en guerras espantosas en las que las lealtades y la rectitud se convierten en mercancía. No todos los problemas fueron culpa de la fiscalía: en sí misma, la labor de investigar cuestiones de esta índole reviste gran dificultad.
Sería alentador que el tribunal, y con él la fiscalía, señalara que considera el veredicto del caso Lubanga una oportunidad, tanto para aprender de las críticas como para celebrar un día histórico para la justicia internacional.
| El movimiento en pro de la justicia internacional se ha levantado sobre el infatigable valor de víctimas y supervivientes de todo el mundo, que se niegan a que las atrocidades que han sufrido queden impunes. Los Estados tardaron en responder, pero lo hicieron con decisión en 1998 al crear la CPI, que marcó el fin de la impunidad: si los Estados no investigaban y procesaban, ese tribunal lo haría por ellos. |
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Sin embargo, para que el tribunal sea un éxito es preciso que las investigaciones y los procesos se realicen de una forma que transmita credibilidad tanto a las comunidades de víctimas como al conjunto de la comunidad internacional. Pero cuando la calidad del proceso es más noticia que la propia defensa de los derechos de las víctimas, estamos ante una situación muy preocupante.
No sabemos qué repercusiones tendrá la resolución del tribunal para la vida actual de las víctimas de Ituri, que, cuando eran niños, sufrieron a manos de Lubanga. Ahora son adultos y viven en condiciones de inseguridad y pobreza extremas. Muchos confían en poder beneficiarse de la capacidad que tiene el tribunal para ordenar el pago de reparaciones, algo único en la historia de la justicia penal internacional. La RDC sufre enfrentamientos, pobreza, un Gobierno débil y tensiones por sus recursos minerales. Inevitablemente, el tiempo que se ha tardado en hacer justicia lastrará las repercusiones de la resolución.
En la provincia de Ituri, gran parte del conflicto se centró en el enfrentamiento entre dos tribus, la de Lubanga, los hema, y los lendu. El fiscal de la CPI ha llevado ante el tribunal dos casos de esa región. En ambos, las víctimas son hema; las de Lubanga son niños de su propia tribu, mientras que el segundo caso tiene que ver con masacres cometidas por otra milicia (lendu) contra los hema. En consecuencia, la inmensa mayoría de los lendu cree que el tribunal es poco más que un instrumento de fuerzas confabuladas contra ellos. Poco ha conseguido el tribunal con las iniciativas destinadas a recuperar la confianza de la población o su fe en la imparcialidad.
Hay aspectos claramente positivos: nadie puede dudar de la escrupulosa equidad de los jueces. Podríamos decir que pocos fiscales han tenido que empeñarse tanto en lograr un veredicto condenatorio. Estamos ante un paso trascendental para el movimiento en defensa de la justicia internacional, que además avala los esfuerzos realizados durante décadas por muchas personas, cuyo sacrificio ha logrado que la justicia sea una realidad para los niños de Ituri. Poninendo fin a la impunidad, el tribunal aspira a colaborar en la prevención de atrocidades. Se ha tardado demasiado tiempo y quizá la investigación del caso Lubanga no se convierta en modelo para las generaciones futuras, pero este caso, que pone de relieve la vulnerabilidad de la infancia, será muy útil para los niños de todo el mundo. Ese es un valioso punto de partida.
Aunque la comunidad internacional debe aprender de una investigación y un proceso que los jueces califican de deficiente, no debemos perder de vista la visión de conjunto. Los jefes de los ejércitos y de los Estados tendrán que rendir cuentas. La justicia se impondrá a la impunidad.
Paul Seils es vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y exdirector de la Unidad de Análisis de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional
Descargue un resumen de la sentencia de la CPI contra Thomas Lubanga en pdf aquí (traducido por el ICTJ).
Foto: El líder militar congolés Thomas Lubanga escuchando la audiencia en la CPI. MARCEL ANTONISSE/AFP/Getty Images
