En las últimas décadas, se ha reconocido cada vez más la relación entre los conflictos violentos y el medio ambiente. La guerra puede causar graves daños a los ecosistemas, y la escasez de recursos puede ser un factor determinante en los conflictos. Si bien el panorama actual para la integración de las cuestiones ambientales en los esfuerzos de consolidación de la paz puede parecer desalentador, existen motivos para la esperanza.

Este informe examina la perspectiva de género de la Política Nacional de Justicia Transicional (PNJT) de Uganda y su potencial para brindar justicia inclusiva a las víctimas de conflictos. Si bien la PNTT representa un logro político significativo, persisten deficiencias en su implementación, participación e inclusión de género. A partir de consultas con expertos y experiencias comparadas en África, el informe ofrece recomendaciones para fortalecer la justicia transicional con perspectiva de género en Uganda.

Gabriel García Luna, el nuevo fiscal general de Guatemala que asumió el cargo en mayo, prometió el miércoles desmantelar lo que calificó de administración "represiva y vengativa" de su predecesora, Consuelo Porras, quien fue sancionada por varios países, incluido Estados Unidos, por sofocar los esfuerzos anticorrupción.

Víctimas, defensores de la sociedad civil, legisladores y socios se reunieron recientemente en una mesa redonda de alto nivel sobre la integración de la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) en el proceso de justicia transicional de Etiopía. La reunión, organizada por el ICTJ y el Centro de Incidencia Política para la Democracia y el Desarrollo, ofreció un espacio para que los participantes debatieran la necesidad de la SMAPS y cómo mejorar el acceso a ella en todo el país.

En Estados Unidos, los esfuerzos de reparación a nivel municipal han progresado: se han vuelto más dinámicos e innovadores en los últimos años. Sin embargo, lograr que muchas de estas iniciativas sean sostenibles y efectivas sigue siendo un desafío. Basándose en la experiencia nacional e internacional en apoyo a los esfuerzos de reparación, este informe aborda las preguntas más frecuentes de los defensores y reflexiona sobre un enfoque renovado que sea reparador en sí mismo.

El ICTJ aboga firmemente por una visión integral de justicia transicional para Ucrania como parte de sus actividades programáticas. La directora del programa del ICTJ para Ucrania, Kateryna Busol, lidera este trabajo y es la autora del nuevo informe "Mitos y caminos a seguir: Justicia transicional para Ucrania". En esta entrevista, Busol analiza el camino hacia una justicia integral para el país.

Según un informe publicado hoy por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al menos 117,8 millones de personas, es decir, una de cada 70 en todo el mundo, siguen desplazadas forzosamente.

Casi tres cuartas partes (72 por ciento) de todos los refugiados procedían de tan solo siete países: Venezuela (6,4 millones), Palestina (6 millones), Ucrania (5,2 millones), Siria (4,9 millones), Afganistán (3,7 millones), Sudán (2,8 millones) y Sudán del Sur (2,4 millones).

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso Colombiano, Gloria Arizabaleta, ha propuesto suspender al presidente Gustavo Petro de sus funciones hasta el 21 de junio, según un documento publicado el miércoles.

La moción de Arizabaleta está vinculada a una investigación sobre la supuesta injerencia política de Petro y cita acciones descritas como "extremadamente graves o graves".

La fiscalía antiterrorista francesa ha anunciado la apertura de una investigación preliminar por presunta "tortura" y "crímenes de guerra" relacionados con el supuesto maltrato israelí a activistas franceses que participaron el mes pasado en una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza.

En Ecuador, violentos cárteles de la droga procedentes de todo el mundo han llegado para asegurar las rutas de tráfico de cocaína hacia la costa, y los índices de homicidios se han disparado. El presidente Daniel Noboa ha depositado sus esperanzas de reducir la violencia en un fuerte despliegue policial y militar en todo el país. Al hacerlo, su gobierno se ha visto acosado por acusaciones de violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas.