El gobierno ucraniano y las organizaciones de la sociedad civil han documentado atrocidades y otros crímenes de guerra desde la invasión inicial de Rusia en 2014, y han tomado medidas concretas para llevar a los responsables ante la justicia. Estos esfuerzos se han intensificado tras la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, desde la cual los crímenes cometidos han aumentado masivamente en número y magnitud. Hasta la fecha, la Fiscalía General de Ucrania ha iniciado procedimientos por más de 240 000 violaciones. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra seis funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
A pesar de este trabajo robusto hacia la rendición de cuentas, Ucrania aún no ha adoptado una política nacional integral de justicia transicional, a pesar de varios intentos previos por formalizarla. Una política integral de justicia transicional, entre otras cosas, complementaría los procesos penales con reparaciones, iniciativas de búsqueda de la verdad y de conmemoración, así como con reformas institucionales.
El ICTJ aboga firmemente por una visión holística de justicia transicional para Ucrania como parte de sus actividades programáticas. Al frente de este trabajo se encuentra Kateryna Busol, directora del programa de ICTJ para Ucrania, abogada ucraniana y profesora asociada de la Universidad Nacional de Kyiv-Mohyla Academy. También es autora del nuevo informe "Mitos y caminos a seguir: Justicia transicional para Ucrania", que defiende dicha visión y ofrece a las partes interesadas recomendaciones prácticas para impulsarla. Recientemente, Busol conversó con Alexandra Del Biaggio, del ICTJ, sobre el camino hacia una justicia holística para Ucrania.
Alexandra Del Biaggio: En el nuevo informe político, usted se propuso desmentir cinco mitos sobre la justicia transicional en Ucrania. ¿Qué la motivó a adoptar este enfoque para desmitificar estos hechos?
Kateryna Busol: Nos inspiraron dos publicaciones de Chatham House que iniciaron el trabajo importante de desmentir mitos sobre Rusia y la actual agresión contra Ucrania. En general, desde el punto de vista estructural, este es un enfoque excelente y particularmente relevante con respecto a Ucrania y Rusia, porque Rusia realmente instrumentaliza las narrativas.
Este enfoque también es relevante porque ciertos mitos sobre la justicia transicional también están muy extendidos a nivel mundial. Durante nuestros lanzamientos en Kiev, Bruselas y Londres, observamos que la gente tenía las mismas preguntas: ¿Acaso la justicia transicional no se aplica solo en situaciones de guerra civil o transiciones de regímenes autoritarios a democracias? ¿Es la justicia integral un tema que solo se aborda tras el cese total de las hostilidades, y no durante un conflicto? El espíritu de este informe —si bien fue elaborado por el programa de Ucrania del ICTJ— radica en hablar no solo de mitos, sino también de cambios transformadores que son relevantes tanto para los sobrevivientes de las atrocidades rusas en Ucrania como para la comunidad de sobrevivientes en general y los profesionales de derechos humanos comprometidos que trabajan por la justicia integral en todo el mundo.
Alexandra Del Biaggio: Basándose en las lecciones aprendidas de Siria y Colombia, usted aboga por el establecimiento de un proceso de justicia transicional en Ucrania ahora, durante la guerra, en lugar de después de que termine. ¿Cómo se puede implementar una iniciativa de este tipo en la práctica, dados los riesgos de seguridad y las limitaciones políticas e institucionales relacionadas con el conflicto en curso?
Kateryna Busol: Quiero comenzar expresando la profunda inspiración que sentimos —como juristas y ciudadanos de naciones afectadas por conflictos— por el pueblo colombiano, los sirios y la comunidad yazidí, atrapados entre Irak y Siria. Creo que, ante todo, la voluntad de los sobrevivientes, la creciente profesionalización de la comunidad de expertos en derecho y el desarrollo tecnológico nos brindan las herramientas perfectas para actuar con prontitud. La mayoría de las personas tienen teléfonos inteligentes, lo que les permite documentar fácilmente lugares donde se han producido atentados, secuestros y torturas. Posteriormente, pueden transmitir esta información a un lugar seguro, donde se puede convertir en cobertura mediática que arroje luz sobre las atrocidades, e incluso que conduzca a procesos penales.
Me encanta citar a Natia Navrouzov, directora ejecutiva de Yazda, la ONG que promueve la justicia para la comunidad yazidí. Ella dice que cuando uno presencia atrocidades masivas, no piensa en conceptos legales. En cambio, quiere documentarlas y compartir la información para asegurar que se haga justicia, al menos en cierta medida.
Ucrania refleja esencialmente esta experiencia. La agresión rusa comenzó en 2014, no en 2022. El nivel de solidaridad y atención internacional fue completamente diferente durante esos primeros años. En muchos sentidos, como abogados de derechos humanos sobre el terreno, sentimos que nadie más haría este trabajo, así que documentamos, apoyamos los procesos judiciales nacionales y enviamos comunicaciones a la Corte Penal Internacional. También impulsamos el debate sobre la necesidad de que la justicia para las víctimas no se limite a una sentencia judicial. Nuestro trabajo se centró además en garantizar el acceso a la atención médica, el apoyo psicológico, el asesoramiento y condiciones de vida seguras y dignas.
Ahora, con la invasión a gran escala y la creciente solidaridad, apoyo y atención internacionales, es el momento ideal para transformar esto en una visión más integral y a largo plazo. Esto incluye continuar con la documentación y los enjuiciamientos, pero también desarrollar una visión para que las personas que viven bajo ocupación prolongada y en territorios controlados por el gobierno puedan coexistir y, eventualmente, reconciliarse.
Esta concepción holística no es casual. Surge de la comprensión de que asuntos tan complejos como la agresión continua y la criminalidad masiva no pueden resolverse únicamente mediante procesos penales, incluso cuando el gobierno afectado está dispuesto y capacitado para ello. En su plan de acción para 2026, el gobierno ucraniano ha encomendado a uno de sus ministerios el desarrollo de una estrategia de justicia transicional. Resulta alentador que el gobierno también haya reconocido la necesidad de una respuesta integral de justicia transicional, basada en nuestro trabajo previo y en los intentos por formalizar dicha política en Ucrania.
Alexandra Del Biaggio: El gobierno ucraniano ha dado señales de que se está preparando para revitalizar su visión de la justicia transicional. En ese sentido, usted aboga por un enfoque integral centrado en la víctima que aborde la totalidad de los daños sufridos por ella. ¿Por qué cree que es tan importante adoptar este enfoque desde el principio?
Kateryna Busol: En primer lugar, abordaré los desafíos y luego explicaré por qué, si bien los reconozco, sigo creyendo que no deberían impedirnos avanzar hacia una visión integral de justicia transicional en Ucrania. Algunos miembros de la comunidad ucraniana de derechos humanos están preocupados de que los cambios en la dinámica de la agresión rusa puedan modificar la comprensión que tenemos entre la población civil sobre cuestiones de derechos humanos y seguridad. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si un alto al fuego viable dejara una quinta parte de Ucrania bajo ocupación? Creo que es importante que la política reconozca que los cambios cruciales en la dinámica del conflicto armado podrían requerir la reconsideración de ciertos enfoques.
En definitiva, el marco —que incluye los pilares de la justicia transicional, los principios de interseccionalidad, la competencia de género, la atención centrada en las víctimas y la priorización de la niñez— será relevante para cualquier medida, en cualquier etapa del conflicto. Por lo tanto, considero que debe reconocer las circunstancias difíciles en las que se adopta y el hecho de que, efectivamente, será la primera política de justicia transicional adoptada en medio de un conflicto armado internacional en curso para abordar sus consecuencias desde ahora. Sin embargo, no debe generar falsas expectativas.
La visión de Ucrania sobre la justicia transicional debería contemplar al menos dos aspectos. En primer lugar, debería identificar todos los pilares fundamentales de la justicia transicional: los juicios penales, la búsqueda de la verdad, las reparaciones, la conmemoración y las garantías de no repetición, reconociendo su igual importancia y su capacidad de impulsarse mutuamente. Esto evitaría que personas como los investigadores, especialmente aquellos muy comprometidos con los procesos penales, se preocupen ante la posibilidad de que se archiven los casos de crímenes de guerra. Esto no sucederá, y el derecho internacional prohíbe la falta de enjuiciamiento de crímenes internacionales. Sin embargo, en este mismo sentido, debemos recalcar a la sociedad ucraniana, al gobierno, a la comunidad de supervivientes y a la comunidad internacional que la conmemoración y las reparaciones son cruciales e igualmente importantes. No se trata de priorizar una sobre la otra.
El segundo componente radica en la importancia de definir algunos principios clave, como la interseccionalidad y la competencia de género, y explicar cómo pueden orientar tanto la persecución penal de crímenes internacionales y violaciones graves de derechos humanos como las reparaciones propuestas. Esto permitiría que cualquier medida de justicia relacionada, adoptada a nivel estatal, regional o local —adaptada, por supuesto, a las realidades de cada región—, se fundamente en una comprensión clara de estos principios.
Alexandra Del Biaggio: Hasta la fecha, las fuerzas rusas han cometido miles de atrocidades, más de 240.000 de las cuales ya están siendo objeto de procesos penales. ¿Qué se puede hacer para abordar estos crímenes y brindar apoyo a las víctimas a corto y mediano plazo?
Kateryna Busol: En primer lugar, desde un punto de vista estructural, es importante que Ucrania considere más la experiencia colombiana y pase de un análisis aislado de cada incidente a la construcción de macrocasos y la identificación de patrones. Actualmente, el código de procedimiento penal de Ucrania exige que cada delito se registre en un procedimiento independiente. Dado el volumen de criminalidad, pero también, y sobre todo, sabiendo cómo todos estos delitos están conectados por una política clara de los altos mandos militares y políticos de la Federación Rusa, agruparlos en macrocasos permitiría evidenciar la política subyacente.
En lo que respecta al apoyo práctico a las víctimas, se necesitan urgentemente reparaciones provisionales. Sabemos, por el Secretario General de la ONU y por las directrices de la ONU sobre reparación y compensación, que las reparaciones no deben esperar hasta el fin de las hostilidades o una transición completa. Algunas víctimas, en particular, las necesitan cuanto antes debido al trauma físico y mental que han sufrido. Las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto, por ejemplo, podrían necesitar atención urológica y ginecológica especializada, así como asesoramiento sobre salud reproductiva y sobre cómo gestionar la crianza de los hijos concebidos como resultado del crimen de guerra de violación. Obviamente, esto no puede esperar hasta el cese de las hostilidades.
Ucrania ha implementado un proyecto piloto para un número limitado de sobrevivientes de violencia sexual, pero es necesario ampliarlo. Quienes han sufrido violencia sexual deberían poder recibir reparación. En términos de reconocimiento y de contar con al menos un apoyo básico, es fundamental que sepan que el Estado y la comunidad internacional se preocupan por su bienestar.
Además, la lista de sobrevivientes que pueden optar a estas reparaciones debe ampliarse. No solo debe incluir a sobrevivientes de violencia sexual, sino también a quienes han sufrido tortura, desapariciones forzadas y traslados y deportaciones ilegales. No podemos crear jerarquías de daño ni de delitos.
Finalmente, las reparaciones provisionales urgentes y cualquier otro marco de reparación, así como el marco más amplio de justicia transicional, deben aplicarse a todos los sobrevivientes, no solo desde la invasión a gran escala, sino desde el inicio de la agresión rusa en 2014. Considero que este es el principal paso de rendición de cuentas integral que debemos garantizar, ya que atiende directamente las necesidades físicas, mentales, psicológicas, sociales y de vivienda de las personas más vulnerables.
Alexandra Del Biaggio: El gobierno ruso ha calificado sistemáticamente los esfuerzos de justicia transicional en Ucrania como provocadores, llegando incluso a afirmar que podrían incitar a la retirada de los Acuerdos de Minsk, cuyo objetivo es, en teoría, poner fin a las hostilidades en la región del Donbás. ¿Qué impacto tiene este discurso en los esfuerzos de justicia en Ucrania y cómo se puede contrarrestar?
Kateryna Busol: El único efecto que han tenido las afirmaciones o exigencias de impunidad de Rusia es empujar a Ucrania —como comunidad de defensores de los derechos humanos, como comunidad de supervivientes y como Estado— a recalcar aún con más fuerza que la justicia no es negociable.
Encuestas recientes realizadas entre la población ucraniana en general muestran que la gente exige enjuiciamientos penales, una conmemoración inclusiva y respetuosa, la búsqueda de los desaparecidos y apoyo en materia de salud mental. Si bien es posible que no todos conozcan el término "justicia transicional", las medidas que reclaman se enmarcan claramente dentro de este marco.
En cuanto a la rendición de cuentas penal, la comunidad de supervivientes y la opinión pública en general han hecho hincapié en un doble enfoque. En primer lugar, la rendición de cuentas de los perpetradores directos —las personas que violaron, saquearon u organizaron cámaras de tortura— y de sus comandantes. Pero, de manera crucial y bastante innovadora para el marco jurídico internacional, Ucrania aporta un valor añadido al enfatizar la necesidad de que todo el liderazgo ruso rinda cuentas por el crimen subyacente de agresión, designado como el crimen internacional supremo en los juicios de Núremberg.
En 2025, cuando se filtraron a los medios detalles de un supuesto plan de paz —que incluía, notablemente, una cláusula de amnistía para crímenes internacionales—, la comunidad ucraniana se pronunció con un mensaje claro y unánime, declarando que no estaba dispuesta a ceder en este asunto. Cualquier compromiso en materia de justicia, por un lado, contravendría los deseos de los supervivientes. Por otro lado, sentaría un peligroso precedente para otras atrocidades y otros contextos en todo el mundo, desde Sudán hasta Colombia, Gaza y muchos otros.
Pero, fundamentalmente, constituiría una violación del derecho internacional. Diversos tratados internacionales, de los que Ucrania, Rusia y otros Estados son parte, incluyendo las Convenciones de las Naciones Unidas contra la Tortura y las Desapariciones Forzadas y los Convenios de Ginebra, ratificados universalmente, estipulan expresamente que las violaciones graves del derecho internacional humanitario, la tortura y las desapariciones forzadas deben ser llevadas a juicio. Este deber es innegociable y los Estados no pueden renunciar a él. Además, la prohibición de la tortura es una norma de jus cogens, lo que significa que los países no pueden eximirse de la obligación de no perpetrar este crimen y deben investigarlo, enjuiciarlo, castigarlo y prevenirlo una vez cometido. Ya sea desde la perspectiva de las víctimas y la sociedad o en términos de derecho internacional específico, las propuestas para abandonar la justicia y conceder amnistías de jure o de facto simplemente no son admisibles.
Alexandra Del Biaggio: En el informe, usted sostiene que si se activa ahora un proceso de justicia transicional en Ucrania, podría tener repercusiones en toda la región postsoviética. ¿Cómo podría afectar un proceso de justicia transicional en Ucrania a los países vecinos de la región, y qué implicaciones tendría para otros países que se enfrentan a la agresión militar o la ocupación extranjera en todo el mundo?
Kateryna Busol: La justicia transicional de Ucrania es relevante para la región postsoviética y Europa Central y Oriental en dos aspectos. En primer lugar, establecerá un conjunto sustancial de pruebas fácticas y jurídicas sobre las atrocidades perpetradas durante la agresión en curso. Esto también permitirá explicar —tanto en los procesos judiciales en Ucrania como, estoy segura, en el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión, así como en cualquier iniciativa de búsqueda de la verdad y conmemoración— cómo estas atrocidades están firmemente arraigadas en la impunidad de los crímenes soviéticos e imperiales perpetrados por Rusia, y cómo esta impunidad los ha exacerbado.
En segundo lugar, el enfoque de Ucrania hacia la justicia y su capacidad de resistencia ante cualquier intento de consolidar la influencia rusa deberían inspirar a otras sociedades de la región. En Bielorrusia, en 2020, se produjeron avances muy positivos, como las protestas masivas contra la continuidad de Lukashenko en la presidencia, tras unas elecciones controvertidas que confirmaron su victoria. Vimos la admirable fortaleza de la sociedad bielorrusa en aquel entonces, la represión del régimen y, sin embargo, una importante demostración de voluntad y deber cívico. Esperemos que el ejemplo que los ucranianos han dado, a costa de muchas vidas, al defender su país, mantener el estado de derecho, impulsar los juicios y reunir pruebas fácticas y jurídicas, les sirva de inspiración.
Finalmente, Rusia nunca ha encomendado a ningún organismo oficial la tarea de recopilar pruebas y abordar las violaciones masivas de derechos humanos perpetradas durante la era soviética. En cierto modo, el proceso de justicia transicional de Ucrania compensará lo que no se ha hecho y aportará pruebas que la sociedad rusa no podrá ignorar. Cuando estén preparados y cuenten con un gobierno más maduro, los rusos también tendrán que afrontar esos crímenes, porque, en última instancia, durante la era soviética, esos crímenes también se perpetraron contra ciudadanos rusos. Por lo tanto, no se trata solo de empatía hacia los ucranianos: también es de interés para los rusos reconocer todos los crímenes perpetrados, reflexionar sobre su inacción individual y social en general, y comprender cómo esto ha catalizado la consolidación del poder, cada vez más profunda y grave, que ha tenido terribles repercusiones para los vecinos de Rusia.
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FOTO: Kateryna Busol interviene en un panel de debate de alto nivel sobre justicia transicional en Ucrania, convocado por el ICTJ en abril de 2026 en Bruselas, Bélgica. (Maria Margarita Rivera/ICTJ)
