La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, está decidida a recuperar el control de los centros penitenciarios. Lo hizo público este domingo en Twitter. La medida la toma después de varios enfrentamientos simultáneos entre pandilleros en cuatro cárceles, que dejaron un muerto y siete heridos.

"Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado", señaló la presidenta hondureña.

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue elegido para el cargo en una campaña progresista para fortalecer la democracia, implementar reformas sociales y traer "paz total" al país. Su enfoque de la paz abarca negociaciones políticas con todos los grupos insurgentes restantes y diálogos simultáneos con organizaciones criminales orientados a su sumisión voluntaria a la justicia a cambio de indulgencia punitiva. Pero ocho meses después de su administración, los esfuerzos de Petro para cumplir su promesa de campaña enfrentan numerosos desafíos.

En 2016, la Comisión Nacional Yemení para Investigar Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos comenzó a documentar las violaciones cometidas desde el levantamiento de 2011 y durante la brutal guerra civil posterior, que continúa en la actualidad. Hasta la fecha, la comisión ha documentado más de 23.000 abusos contra los derechos humanos y remitido más de 2.000 casos al Ministerio Público de Yemen para su enjuiciamiento. Sin embargo, no se ha emitido ningún veredicto en ninguno de estos casos. Para ayudar a los comisionados y miembros del poder judicial de Yemen a promover la rendición de cuentas, el ICTJ organizó un taller para ellos sobre mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, para brindar una justicia que satisfaga todas las necesidades de reparación de las víctimas, estos esfuerzos deben ser parte integral de un proceso de justicia transicional más amplio y multifacético.

La junta gobernante en Malí anunció hoy que pospondrá el referéndum constitucional que estaba previsto para el 19 de marzo, pero añadió que respetará la duración del período transitorio establecido y la celebración de elecciones en 2024.

Miles de personas marcharon el sábado por la capital tunecina, denunciando la creciente represión de las voces de la oposición y el aumento de la inflación, mientras el mayor sindicato del país pedía al presidente Kaïs Said que aceptara el "diálogo".

La marcha organizada por la poderosa central sindical de Túnez fue el último desafío al presidente tunecino, Kaïs Said, cuyas acciones están provocando una creciente preocupación internacional.

Las manifestaciones son contra los planes del gobierno para limitar los poderes de la Corte Suprema que, según los críticos, socavan la independencia judicial y amenazan la democracia.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró este 14 de marzo que su país no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), horas después de que el tribunal anunciara que abrirá casos de crímenes de guerra contra Moscú y buscará las primeras órdenes de arresto por la invasión a Ucrania. Las acusaciones que abordará el alto tribunal se centran en el secuestro de niños ucranianos trasladados a territorio ruso y los ataques deliberados contra la infraestructura civil.

Una representación de los 222 presos políticos excarcelados hace un mes y expulsados por Daniel Ortega a Estados Unidos viajó este lunes a Ginebra para denunciar, ante varios embajadores y diplomáticos de Naciones Unidas, los ataques a los derechos humanos del régimen de Nicaragua.

Pese a que no tienen pasaporte porque Ortega les despojó de su nacionalidad, tres de los 222 presos pudieron viajar con un permiso especial que les otorgó el Gobierno de Estados Unidos.

En el marco del Encuentro Internacional Feminista (EIF) ‘We call it feminism – Feminismo para un mundo mejor’, organizado por el Ministerio de la Igualdad de España, 16 lideresas de países, especialmente latinoamericanos, como Argentina, Chile, México, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, entre otros, manifestaron su apoyo a la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, pero, al mismo tiempo, pidieron aplicar enfoque de género en los diálogos de paz con los distintos grupos armados.

Kem Sokha, opositor camboyano, fue condenado a 27 años de prisión, luego de ser declarado culpable de traición.El exlíder del disuelto Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP) fue arrestado en 2017 y acusado de conspirar con Estados Unidos para derrocar al líder Hun Sen, quien ha gobernado durante casi cuatro décadas. El comisionado de Derechos Humanos de la ONU pidió la liberación de Kem Sokha, diciendo que estaba preocupado por “la base de los cargos y la realización del juicio”.