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El 12 de mayo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa acordó crear un mecanismo para recibir reclamaciones por daños causados por el crimen de agresión ruso en Ucrania. El nuevo registro está destinado a recibir información sobre reclamos por daños, pérdidas o lesiones causados por la invasión rusa de Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 y evaluar su elegibilidad para adjudicaciones o compensaciones futuras. Muchos de los principales defensores del registro saludan su creación como un paso clave hacia la rendición de cuentas por las numerosas violaciones del derecho internacional que Rusia ha cometido en o contra Ucrania. Sin embargo, el registro por sí solo no será suficiente para abordar la multitud de daños causados por la guerra.

Hace ocho años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos en un esfuerzo por crear conciencia sobre esta táctica endémica de guerra; honrar a las innumerables víctimas y sobrevivientes en todo el mundo, así como a quienes trabajan para poner fin a estas violaciones; y finalmente, erradicar esta práctica deshumanizante. La historia ha demostrado que cada vez que hay una crisis política o de seguridad yuxtapuesta a una respuesta militarizada, la violencia sexual relacionada con el conflicto se despliega como táctica para someter, deshumanizar y aterrorizar a civiles y opositores.

El 17 de julio de 2023 marcó 25 años desde que se adoptó el Estatuto de Roma en una conferencia en Roma, Italia. El estatuto creó la primera corte internacional permanente del mundo, la Corte Penal Internacional, que probablemente fue el hito más importante en la justicia penal internacional desde los juicios de Nuremberg y Tokio de mediados del siglo XX. Señaló la firme intención de muchas naciones de abordar la impunidad en curso de los crímenes más graves conocidos por la humanidad. Sin embargo, después de 25 años, la CPI aún no ha alcanzado todo su potencial.

Hace cinco años, en agosto de 2018, para conmemorar sus 100 días en el cargo, el Primer Ministro armenio Pashinyan se dirigió a una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván para anunciar oficialmente las intenciones de su gobierno de incorporar mecanismos de justicia transicional en la agenda de reforma armenia posrevolucionaria. Desde entonces, Armenia ha estado implementando una serie de iniciativas de justicia transicional junto con otras reformas democráticas, y ha logrado algunos avances limitados, a pesar de reveses y desafíos importantes, incluido un nuevo conflicto con Azerbaiyán.

Los días 18 y 19 de septiembre, los líderes mundiales se reunieron en Nueva York para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacer un balance del progreso que la comunidad global ha logrado hacia el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los desafíos que aún enfrenta. En la cumbre, la Asamblea General de la ONU adoptó una declaración política que afirma que el cumplimiento de los ODS está “en peligro”, describe la lentitud de los avances y asegura que en algunos países, como resultado de múltples crisis superpuestas tales como conflictos armados persistentes, se han visto incluso retrocesos. La comunidad internacional debe ir más allá y especificar los obstáculos que enfrentan las sociedades afectadas por conflictos y abusos generalizados y el papel que los derechos humanos pueden desempeñar para superarlos.

El 15 de octubre, el Secretario General de la ONU hizo dos fuertes llamamientos humanitarios: que Hamás libere a los rehenes inmediatamente y sin condiciones, y que Israel permita que la ayuda humanitaria entre en Gaza sin obstáculos para que pueda llegar a los civiles que la necesitan desesperadamente. El Consejo de Seguridad de la ONU oyó sus palabras, pero no las escuchó. Mientras tanto, que los gobiernos con poder para persuadir a los actores involucrados en las hostilidades a respetar el Estado de derecho no lo han hecho. Sin embargo, el imperativo moral es claro y simple.

El 25 de octubre, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea lanzaron oficialmente su Iniciativa conjunta para la Justicia Transicional en África (ITJA) en Addis Abeba. El proyecto se llevará a cabo durante un período de tres años y promoverá procesos nacionales de justicia transicional en África, en línea con la Política de Justicia Transicional de la UA y su hoja de ruta. La ITJA tiene varias características únicas que, si todos los actores las adoptan y promueven, tienen el potencial de abrir un camino nuevo e inspirador hacia la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en el continente africano.

A lo largo de 2023, los expertos del ICTJ han ofrecido su perspectiva única sobre las noticias de última hora en todo el mundo como parte del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios han puesto de relieve el impacto que estos acontecimientos tienen en las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en luchas más amplias por la paz y la justicia. En esta edición, recordamos el año pasado a través de la columna Expert's Choice.

En 2021, la República Centroafricana creó la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación (CVJRR) para establecer la verdad, buscar justicia y restaurar la dignidad de las víctimas, con miras a lograr la reconciliación nacional. En este frágil país, azotado por sucesivos episodios de violencia, las víctimas exigen justicia durante toda su vida. Después de una larga fase de puesta en marcha, la CVJRR finalmente se está preparando para comenzar a registrar y escuchar los testimonios de las víctimas. El primer paso en este proceso es la toma de declaraciones, lo que requiere varios factores clave para tener éxito.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.