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Este verano, se calcula que decenas de paramilitares y guerrilleros cobijados bajo el proceso de Justicia y Paz habrán pasado ya ocho años en prisión, aunque muchos de ellos todavía esperan juicio. Según lo establecido por la Ley de Justicia y Paz, aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones de contribuir a la verdad y a la reparación deberían ser puestos en libertad cumplidos los ocho años. En este artículo de opinión, la directora del programa del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, analiza las valiosas lecciones extraídas del proceso de Justicia y Paz.

La reciente reelección del presidente Juan Manuel Santos en Colombia aporta esperanza a un país que intenta poner fin a medio siglo de conflicto. Sin embargo, como suele ocurrir en muchos procesos de paz, puede resultar difícil llegar a un equilibrio entre un acuerdo estable y el reconocimiento de las terribles injusticias que han tenido lugar durante los enfrentamientos.

El ICTJ estrenará este jueves los documentales “Voces sobre la verdad y la memoria”, que retratan las demandas de tres colectivos especialmente afectados por el conflicto armado en Colombia –las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas– y su lucha por develar la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos que han sufrido.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, defiende que la mejor manera de avanzar en la rendición de cuentas es centrar la asistencia en mecanismos nacionales especializados. "Los ciudadanos deben ver que sus instituciones nacionales funcionan y ahí es donde los tribunales pueden condenar los delitos y fortalecer los fundamentos del contrato que mantiene unida a la sociedad. En ese ámbito es donde la dignidad de un ciudadano puede adquirir su sentido pleno", escribe Seils con motivo del Día de la Justicia Internacional.

Es la hora de las víctimas en La Habana, y sus voces deben ser escuchadas en la mesa de negociación. Como adelanto al lanzamiento del multimedia, el ICTJ presentará el próximo 24 de julio en Bogotá tres documentales cortos que retratan a tres organizaciones de la sociedad civil que trabajan incansablemente por develar la verdad sobre las dolorosas consecuencias del conflicto armado para el país: La Ruta Pacífica de las Mujeres en el Putumayo, HIJOS en el Meta y la Organización Indígena Kankuama (OIK).

En el segundo encuentro del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz –organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Ámbito Jurídico y USAID– se abordó otro de los temas clave para alcanzar una paz sostenible en Colombia: las penas alternativas y las sanciones extrajudiciales que podrían aplicarse a los excombatientes guerrilleros.

Mientras el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen avanzando en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, la Fundación Konrad Adenauer –en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y Ámbito Jurídico– ha puesto en marcha un Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz para debatir y reflexionar sobre cómo alcanzar una paz sostenible y duradera para Colombia.

Con motivo del Día Universal del Niño, la directora del programa para la Infancia y la Juventud del ICTJ, Virginie Ladisch, escribe un artículo de opinión sobre la importancia de considerar a los ex niños soldado no solamente como víctimas pasivas. "Al dar por hecho que los niños son víctimas y pasar por alto las complejidades de su participación en conflictos armados perdemos la oportunidad de comprender el conjunto de factores que condujeron a su reclutamiento, lo cual a su vez obstaculiza la identificación de soluciones o de adecuadas garantías de no repetición", escribe Ladisch.

La sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra el líder paramilitar Hebert Veloza García de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el pasado 30 de octubre, sienta un precedente importante en la judicialización de crímenes de sistema en Colombia. “El proceso de Justicia y Paz es la oportunidad para comprender el fenómeno paramilitar en el país, que permeó varios sectores de la sociedad en la historia reciente colombiana, y para lograr la desarticulación de su estructura militar, política y económica”, afirma María Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del ICTJ.

Hebert Veloza García, quien mañana recibe la primera sentencia en Justicia y Paz, nació el 4 de julio de 1967 en Trujillo, Valle del Cauca. Trabajó en cultivos de hoja de coca en el Guaviare, en el oriente de Colombia, y conductor de vehículos de servicio público y privado en Bogotá, en Acacías –Meta–, y en la región del Urabá antioqueño.