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Como herramienta de política exterior, las sanciones han sido utilizadas históricamente por uno o más Estados para coaccionar un cambio de conducta o política. Sin embargo, en los últimos años, los Estados han impuesto cada vez más sanciones a los actores responsables de violaciones de los derechos humanos, lo que ha ampliado su potencial para promover los objetivos de justicia transicional. Ahora, el ICTJ publica un nuevo informe que analiza este potencial, así como los obstáculos a la justicia que pueden generar las sanciones.

In the aftermath of armed conflict or repression, communities often struggle to rebuild social relations that have been damaged or destroyed by violence and abuse. Restorative justice can potentially play a valuable role in such societies, bringing together the people who have been harmed by crimes and the individuals responsible for those harms, often in the form of a dialogue, to address the offense and its consequences. A new ICTJ research report offers insight and guidance on the use of a restorative justice framework in responding to massive and grave human rights violations, drawing primarily from experiences in Colombia, Sierra Leone, Tunisia, and the Philippines’ Bangsamoro region.

El ICTJ y el Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos organizaron conjuntamente un evento nacional para aumentar la participación significativa de las víctimas y la sociedad civil en el proceso de justicia transicional de Etiopía. El evento reunió a funcionarios del gobierno y formuladores de política pública de Etiopía, representantes de la sociedad civil, miembros de los medios de comunicación y socios internacionales para discutir estrategias que garanticen que las víctimas y los temas de género sigan siendo el centro de los esfuerzos que se están llevando a cabo en el país para abordar las consecuencias de la violencia reciente y pasada.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) celebra la creación de dos nuevas instituciones independientes en Siria: la Comisión Nacional para la Justicia Transicional y la Comisión Nacional para los Desaparecidos. El establecimiento de estas comisiones por decreto presidencial es avance histórico que reconoce las demandas de las víctimas y sus familias y responde formalmente a las violaciones generalizadas cometidas en Siria durante las últimas décadas.

El ICTJ y sus socios en el proyecto Puentes de Verdad organizaron un evento en Damasco el 7 de octubre para presentar las conclusiones de su reciente informe sobre los diálogos comunitarios celebrados en abril en Siria y para conmemorar el octavo aniversario del proyecto.

El ICTJ acompañó a más de 10 víctimas sudanesas a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para asistir a las declaraciones finales en el caso El Fiscal contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"). Las declaraciones tuvieron lugar del 11 al 13 de diciembre. El ICTJ apoyó a la CPI en la selección de las partes interesadas, que fueron elegidas por sus fuertes vínculos con las comunidades afectadas.

El 15 de octubre, el Secretario General de la ONU hizo dos fuertes llamamientos humanitarios: que Hamás libere a los rehenes inmediatamente y sin condiciones, y que Israel permita que la ayuda humanitaria entre en Gaza sin obstáculos para que pueda llegar a los civiles que la necesitan desesperadamente. El Consejo de Seguridad de la ONU oyó sus palabras, pero no las escuchó. Mientras tanto, que los gobiernos con poder para persuadir a los actores involucrados en las hostilidades a respetar el Estado de derecho no lo han hecho. Sin embargo, el imperativo moral es claro y simple.

Ocho años después de una guerra brutal, el pueblo de Yemen sigue sufriendo la peor crisis humanitaria del mundo. La guerra ha provocado más de 370.000 muertes, más de la mitad de las cuales están relacionadas con causas indirectas como el hambre y enfermedades prevenibles. Alrededor de 4 millones de...

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.