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El líder paramilitar Hebert Veloza García, alias "H.H.", fue condenado a 40 años de prisión y una multa de 17.950 salarios mínimos (unos 5,2 millones de dolares). Por estar postulado en el proceso de Justicia y Paz, Veloza recibió el beneficio de una pena alternativa, que el Tribunal estableció en siete años. La lectura de la primera sentencia en el proceso de Justicia y Paz contra Veloza representa un momento crucial para el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el país. Aquí puede ver el video completo de la lectura de la sentencia.

El 30 de octubre, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitirá su primer veredicto parcial contra el líder paramilitar Hebert Veloza García, alias “HH”, uno de los más significativos del proceso de Justicia y Paz. Con vistas a la sentencia, el ICTJ estrena una línea del tiempo informativa que comprende todas las medidas de justicia transicional que se han implementado en Colombia desde 2005.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional publica una selección de extractos de los autos y sentencias proferidos por la Corte Suprema de Justicia con relación al proceso de Justicia y Paz, durante el séptimo año de funcionamiento de este mecanismo judicial. Entre otros as...

El 10 de abril la Asamblea General de la ONU (AG de la ONU) celebra un debate monográfico sobre el papel de la justicia internacional en los procesos de reconciliación. Es un debate solicitado por el presidente de dicha asamblea, el serbio Vuk Jeremic, después de la reciente absolución del general croata Ante Gotovina por parte del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY). Por desgracia, ha quedado claro que lo que en realidad pretende este debate es desautorizar al TPIY, no debatir una cuestión importante no sólo para los Balcanes sino para un número creciente de países.

A la vez que el Archivo Público de São Paulo anunciaba esta semana el acceso público a casi un millón de documentos secretos de la dictadura, y de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Verdad, Brasil parece estar aumentado sus esfuerzos por conseguir la rendición de cuentas sobre las violaciones que tuvieron lugar durante el régimen militar entre 1964 y 1985 ante los tribunales. En esta entrevista hablamos con el fiscal federal Marlon Weichert, una de las personas que ha conseguido que en Brasil crezca la esperanza de lograr la rendición de cuentas.

El lunes, 28 de enero, los tribunales guatemaltecos sentenciaron que el general retirado Efraín Ríos Montt deberá ser juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los augurios no eran tan optimistas justo antes de las vacaciones navideñas, y de hecho algunos sucesos hicieron tambalear la rendición de cuentas. Para analizar y contextualizar estos recientes sucesos en el ámbito de la justicia guatemalteca conversamos con Marcie Mersky, directora programática del ICTJ y experta en cuestiones de derechos humanos en Guatemala.

Por segundo año consecutivo, el ICTJ forma parte del Top 100 mundial de ONGs elaborado por la revista The Global Journal. Asimismo, el ICTJ fue incluido en el Top 3 de ONGs especializadas en el ámbito del derecho y la justicia, reconociendo así su labor única en ayudar a los países a fortalecer el Estado de derecho.

En diciembre de 2012, el Congreso colombiano aprobó una reforma constitucional sobre la justicia penal militar. Este documento de Análisis del ICTJ, publicado durante la etapa de debate de la reforma, contiene comentarios y recomendaciones a la propuesta de reforma presentada por el C...

El pasado miércoles 17 de octubre se iniciaron oficialmente las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y los jefes de la guerrilla izquierdista de las FARC. El éxito de las mismas no sólo habrá que cifrarlo en la desmovilización real de unos 8.000 combatientes. Para alcanzar una paz duradera habrá que repensar el Estado colombiano, víctima y victimario en un conflicto que ya dura más de medio siglo.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

Durante varios años, desde el Programa Colombia del ICTJ se ha trabajado para garantizar que el proceso de Justicia y Paz aborde los procesos de crímenes sistemáticos con un enfoque estratégico. En agosto de 2011, Seils asistió a una reunión de alto nivel organizada por el ICTJ con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y la Organización de Estados Americanos. Al encuentro asistieron diversos expertos internacionales con la intención de fijar prioridades y racionalizar el proceso de selección de casos judiciales.

“ICTJ reporta” es una nueva sección de la página web del ICTJ, destinada a presentar su trabajo y su influencia en todo el mundo. Mediante entrevistas en profundidad mensuales a nuestros expertos, “ICTJ reporta” ofrecerá una panorámica sobre su trabajo en materia de reparaciones, justicia penal, verdad y memoria y otros procesos de justicia transicional en países en los que trabajamos. Para iniciar la serie conversamos con Paul Seils, vicepresidente del ICTJ y jefe de la Oficina de Programas.

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

Después de varios meses de un profundo debate en el Congreso de la República, en los medios de comunicación y en distintos escenarios públicos, el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que busca articular diferentes mecanismos de justicia transicional. Esta reforma constitucional...

Tras seis años de aplicación, los resultados de Justicia y Paz son decepcionantes. El Senado estudia un proyecto de reforma preparado por el gobierno y la Fiscalía, que ha suscitado preocupaciones y propuestas constructivas. María Camila Moreno, directora del programa Colombia del ICTJ, explora un replanteamiento estratégico para reorientar la Ley.

Siete años después de su aprobación, la ley colombiana de Justicia y Paz, el ambicioso proyecto para desmovilizar a los grupos armados ilegales, se encuentra inmersa en una crisis. El hecho de contar únicamente con siete condenas, la mayoría de las cuales han sido apeladas y solo una ...

Con la presencia de miembros de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de Justicia y Paz, organizaciones de defensores de derechos humanos de Bogotá, Santander, Atlántico, entre otros, se desarrolló el evento Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz, el 14 de mayo en Bogotá.

Más allá de los autores materiales, habría que castigar a los que dieron las órdenes y aún -detrás de ellos- a los “autores de escritorio”, que movieron los hilos de estas empresas criminales. Gracias a los avances en el derecho penal internacional, Justicia y Paz podría coordinarse mejor con la Justicia Penal Ordinaria".

Un análisis sobre la necesidad de que ambas instancias coexistan en Colombia, para garantizar que las reparaciones sean efectivas y se extiendan al universo enorme de las de víctimas del conflicto armado.

En los seis años de vigencia del proceso de Justicia y Paz, establecido en Colombia para la persecución de las graves violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por grupos paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2005, la Corte Suprema...

Greentree, el evento de alto nivel sobre complementariedad organizado por el ICTJ y el PNUD en diciembre, reunió a profesionales de la justicia internacional y el desarrollo, así como a expertos nacionales, en una casa de campo homónima a las afueras de Nueva York. Los asistentes debatieron sobre...

Resultados, conclusiones y recomendaciones emanados del programa técnico de apoyo, ofrecido por el ICTJ.

Antes de finalizar el año, una comisión de tres jueces de la Corte Suprema de Perú emitirá un veredicto en el jucio de Alberto Fujimori, presidente de Perú de 1990 a 2000, por cargos de asesinato y secuestro. Los demandantes lo responsabilizan de las muertes de 25 personas a manos de ...

El ICTJ solicita permiso formal para presentar un amicus curiae en el caso de Alberto Fujimori.

Parecer técnico sobre la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad y la aplicabilidad de la prohibición de conceder amnistías.

El 24 de agosto de 2009, Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, anunció que nombraba fiscal delegado a John Durham para empezar a revisar la posibilidad de que las leyes federales fueran violadas en los interrogatorios a detenidos específicos fuera de Estados Unidos. Esta rev...

Las ONG exigieron que la Corte Suprema garantice el cumplimiento de la resolución de la Corte sobre que los medios deben tener acceso a los archivos de esta.

Justicia y paz han sido las aspiraciones más elevadas de las sociedades modernas. Los aparatos legislativos han promulgado leyes como la 975 de 2005, que ordenaba al Estado paroporcionar instrumentos para resolver conflictos armados sin dejar a un lado intereses sociales fundamentales...