Como herramienta de política exterior, las sanciones han sido utilizadas históricamente por uno o más Estados para coaccionar un cambio de conducta o política. Sin embargo, en los últimos años, los Estados han impuesto cada vez más sanciones a los actores responsables de violaciones de los derechos humanos, lo que ha ampliado su potencial para promover los objetivos de justicia transicional. Ahora, el ICTJ publica un nuevo informe que analiza este potencial, así como los obstáculos a la justicia que pueden generar las sanciones.