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El ICTJ acompañó a más de 10 víctimas sudanesas a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para asistir a las declaraciones finales en el caso El Fiscal contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"). Las declaraciones tuvieron lugar del 11 al 13 de diciembre. El ICTJ apoyó a la CPI en la selección de las partes interesadas, que fueron elegidas por sus fuertes vínculos con las comunidades afectadas.

En los países donde las instituciones estatales tienen un alcance limitado, la justicia comunitaria e informal suele ser la forma más común para que las personas resuelvan sus disputas y busquen justicia. Este tipo de justicia es un elemento importante de un enfoque centrado en las personas que busca construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Sin embargo, la comprensión de la relación entre la justicia comunitaria y la justicia transicional ha sido poco desarrollada. Un nuevo informe del ICTJ proporciona una valiosa investigación empírica y cualitativa sobre el tema, en el contexto de Sudán del Sur.

La guerra continua en el Medio Oriente no es un hecho aislado. Representa un ciclo de violencia de 75 años, marcado por agravios históricos, luchas geopolíticas y crisis humanitarias que persisten desde hace décadas. En el último episodio de esta trágica historia, el Líbano se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Hasta ahora, el conflicto ha causado una destrucción generalizada, miles de muertos y heridos y más de un millón de personas desplazadas en el Líbano. El país se enfrenta ahora a muchas preguntas intimidantes sobre la reconstrucción, las reparaciones a las víctimas y el tipo de sociedad que surgirá después de la guerra.

Dos años y medio después de la invasión rusa a Ucrania, las víctimas siguen exigiendo justicia por las violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por las cuales han sufrido graves daños y traumas psicológicos. La Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre presuntos crímenes en marzo de 2022. Ahora se enfrenta a un desafío crítico: ¿cómo garantizar que las víctimas ucranianas puedan participar de manera significativa en todas las etapas de sus procedimientos, a pesar de que la corte se encuentra lejos del conflicto?

El campo de la justicia transicional reconoce cada vez más la importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial en contextos de violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de la creciente promoción y concienciación a nivel de políticas globales, el campo carece de un enfoque sistemático de la cuestión. Ahora, un nuevo informe del ICTJ contribuye a ese enfoque.

Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, los venezolanos de todos los sectores de la sociedad salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva ante los resultados oficiales, su indignación por la terrible crisis económica y política de su país y su exigencia de transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real. En los países que luchan contra violaciones masivas de los derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y avance hacia la paz y la justicia. Lamentablemente, esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

El 13 de agosto de 2024, la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior de Uganda emitió su esperado veredicto en el caso de Uganda contra Thomas Kwoyelo, ex comandante y coronel del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor. Kwoyelo fue condenado por 44 cargos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos durante el conflicto armado que duró décadas en el norte de Uganda entre el LRA y el gobierno ugandés. Esta sentencia representa un hito en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas y un paso crucial hacia el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de estas horribles atrocidades masivas.

Casi ocho años después de que el ex presidente de Gambia Yahya Jammeh abandonara el poder, el país sigue buscando justicia por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante sus 22 años de dictadura. En mayo de 2023, el Ministerio de Justicia hizo público un plan para aplicar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación del país. Si bien el plan promete hacer justicia y reparar los daños, para que tenga el impacto previsto requiere una amplia participación pública en el proceso, especialmente de los jóvenes. Teniendo esto en cuenta, el ICTJ se ha asociado con el Fondo para la Consolidación de la Paz de la ONU en un proyecto para animar a los jóvenes gambianos a asumir un papel protagonista en este proceso y en el futuro del país.