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La violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos sobrepasan la capacidad del sistema de seguridad y justicia de México.

La pandemia del COVID-19 forzó a muchos países a imponer medidas de emergencia tales como toques de queda y cierres locales para detener la aspersión del virus.

Los procesos de justicia transicional son complejos, políticamente cuestionados y no necesariamente se desarrollan de manera lineal.