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En Venezuela hay hoy un vacío de representatividad y de confianza en los actores políticos partidistas. Sin embargo, esta situación abre una oportunidad para otros actores y otras miradas, hasta el momento demonizadas por ambos extremos. La sociedad civil, con la legitimidad que le otorga su trabajo enfrentando la crisis humanitaria y defendiendo los derechos humanos, puede aprovechar esta oportunidad.

No es demasiado temprano para considerar una agenda de justicia transicional para Venezuela. Varias organizaciones de sociedad civil en el país ya están debatiendo qué violaciones a los derechos humanos e injusticias históricas debieran ser priorizadas en un proceso de búsqueda de la verdad. Estas deliberaciones podrían llevar a acuerdos entre víctimas y sociedad civil acerca de los abusos que deben ser esclarecidos, reconocidos e investigados. La oposición, a su vez, podría incorporar estos acuerdos a su propuesta de transición negociada y a su mensaje de inclusión y esperanza. Si es posible celebrar elecciones justas y creíbles, sólo tendrían sentido si hay claras garantías a aquellos que pierdan no van a sufrir persecución política o represalias y que van a tener un espacio en una futura democracia.

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

Mientras el mundo conmemora hoy el Día Internacional de la Juventud y Túnez el Día Nacional de la Mujer el 13 de agosto, el ICTJ lanza hoy el recorrido virtual “Voces de la memoria”, en conjunto con el colectivo Voices of Memory, un grupo intergeneracional de mujeres tunecinas, y la Universidad de Birmingham. El resultado de la colaboración de este colectivo con artistas tunecinos resultó en un tour virtual en el cual los visitantes pueden explorar e interactuar con una versión en línea de la exitosa exhibición “Voces de la memoria” que recorrió Túnez en 2018.

Puede parecer trivial para mí escribir acerca de por qué aquellos que continúan señalando el 17 de julio como el "Día Internacional de la Justicia" deberían finalmente dejar de llamarlo así. Muchos grupos de derechos humanos (incluido el ICTJ), agencias de las Naciones Unidas y gobiernos han estado usando públicamente esa frase desde 2010. Es para las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los abusos que constituyen crímenes internacionales en virtud del Estatuto de Roma, que es importante acabar con la idea errónea que fomenta la frase.

Esta es la traducción del comunicado realizado por el director del ICTJ, Fernando Travesí, el 5 de junio de 2020. Sucedió otra vez. El nombre de George Floyd se sumó a la trágica y larga lista de personas de color que han muerto como resultado directo de la larga historia de racismo y supremacía...

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

Durante los últimos meses, el ICTJ ha estado trabajando junto con nuestros socios en el Centro de Cooperación Internacional en la Universidad de Nueva York en un documento integral sobre la situación de los miles de presos sirios que están confinados en la red carcelaria de este país. Las...

El 2 y 3 de marzo de 2020, el ICTJ llevó a cabo una conferencia de alto nivel en Túnez, Túnez, sobre la lucha contra la corrupción y la recuperación de bienes malhabidos como un elemento primordial para los procesos de justicia transicional

En Colombia no existe una cifra exacta de cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada a raíz del conflicto armado. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica registra 80.472 víctimas entre 1970 y 2018, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas (UARIV) contabiliza 47,762 personas desaparecidas. Lo que ambas instituciones afirman es que la mayoría son civiles.