Mucho antes de la existencia del ICTJ, las sociedades de todo el mundo ya lidiaban con los dilemas de justicia derivados de los conflictos violentos, y las víctimas, las comunidades y sus líderes valientes encontraban sus propias respuestas. Lo que faltaba era un espacio donde las personas que habían participado en esas diversas experiencias pudieran reunirse, compartir conocimientos y lecciones, y construir una comunidad para responder conjuntamente a los desafíos cambiantes en materia de justicia y paz. En 2001, el ICTJ se creó para ser ese espacio y para impulsar un esfuerzo colectivo que abordara las violaciones masivas de los derechos humanos y construyera un futuro pacífico, inclusivo y justo.

El ICTJ celebra el reconocimiento de Navi Pillay como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 y expresa su profundo agradecimiento por su compromiso de toda la vida con los derechos humanos, el derecho internacional y la justicia para las víctimas de crímenes internacionales.

En Chad, el Acuerdo de Paz de Doha de 2022 y los subsiguientes debates nacionales sobre la reconciliación han brindado una oportunidad única para que los chadianos afronten las consecuencias de las violaciones de derechos humanos del pasado. Durante los últimos meses, el ICTJ ha estado evaluando si esta oportunidad podría constituir un punto de partida viable para la justicia transicional en el país.

Con mucha expectativa se han recibido dos pasos cruciales para el proceso de justicia transicional de Gambia: el primero, la creación de la Comisión de Reparaciones en abril de 2025; el segundo, el reciente nombramiento del abogado británico Martin Hackett en abril de 2026 como primer fiscal especial de Gambia. Sin embargo, requieren un apoyo público, político y financiero sostenido para tener éxito.

El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reconoce la esclavitud de los africanos como el crimen más grave contra la humanidad. Esta resolución es parte integral, si no la culminación, de una iniciativa más amplia de los Estados africanos para obtener reparaciones por injusticias históricas, como la trata transatlántica de esclavos, el colonialismo, el apartheid y el genocidio.

En el tercer aniversario de la brutal guerra en Sudán, es momento para reflexionar sobre un conflicto que rara vez recibe la atención mediática que merece y para considerar a los millones de sudaneses atrapados en ciclos de violencia.

Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.

El 6 de octubre, la Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable al exlíder de la milicia Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (también conocido como Ali Kushayb), de 27 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Este veredicto histórico rompe con los ciclos de impunidad en Sudán y envía un mensaje contundente de que estos crímenes no se toleran.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.