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En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, analiza el acuerdo de justicia penal anunciado por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC y señala qué aspectos deben todavía aclararse para asegurar que este garantice a todas las víctimas del conflicto armado la justicia que merecen.

En un nuevo análisis , el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) aborda uno de los puntos cruciales de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP): la posibilidad de recurrir a la amnistía más amplia posible y al indulto como parte del tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco de más de cincuenta años de conflicto armado.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

Con puñados de tierra y mensajes escritos en pequeñas tiras de papel, decenas de bogotanos realizaron en diciembre la ceremonia de aportes a la construcción del Memorial por la Vida y los Derechos Humanos, que se construye en el Parque del Renacimiento de la capital colombiana, ahora denominado Parque de la Reconciliación.

La sentencia hecha pública este martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un paso histórico para la justicia, dijo hoy el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

Del 21 al 23 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia llevó a cabo la primera audiencia de reconocimiento en Bogotá para el caso 01. Siete exdirigentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) reconocieron su responsabilidad de mando en los delitos de secuestro que fueron política de las FARC-EP de 1993 a 2012 ante la presencia de víctimas, funcionarios de la JEP y sociedad civil representantes y miembros de la prensa. Esta es la primera vez que los líderes de las FARC-EP reconocen públicamente su rol de mando y ejecución en estos crímenes sistemáticos. Este paso decisivo en el proceso de justicia restaurativa del país no hubiera sido posible sin una detallada preparación.

En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó un paso decisivo para poner fin a la exclusión de las mujeres de los procesos de construcción de paz en el mundo. En ocasión de los 20 años de la resolución 1325, el ICTJ quiere compartir la historia de María Camila Moreno Múnera, directora de nuestra oficina en Colombia y ejemplo tangible del potencial del liderazgo femenino en procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ahora que el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) cumple diez años de existencia, aprovecho la oportunidad para plantear algunas ideas sobre el extraordinario camino recorrido hasta la fecha y lo que aún queda por avanzar. El ICTJ lo concibieron veteranos de la lucha por la...

El ICTJ, en alianza con la Corporación Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y Santa María Fundación, organizaron tres encuentros de activistas y víctimas del conflicto para conocer mejor las necesidades del colectivo LGBTI y reflexionar sobre las posibilidades que ofrecen las medidas de justicia transicional –en especial las no judiciales– para contribuir a la restauración de su dignidad y sus derechos.

El 9 de abril, Colombia conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. La ley de víctimas estableció este día para que el Estado colombiano realice “eventos de memoria y de reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas”. Hoy, cuando Colombia empieza a pensar en el significado de este día nacional, algunas víctimas y organizaciones sociales consideran que éste es un llamado a la movilización de la sociedad, un día para que las víctimas sean escuchadas, para obtener respuestas del Estado y para crear acercamientos en una sociedad altamente dividida.