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Este verano, se calcula que decenas de paramilitares y guerrilleros cobijados bajo el proceso de Justicia y Paz habrán pasado ya ocho años en prisión, aunque muchos de ellos todavía esperan juicio. Según lo establecido por la Ley de Justicia y Paz, aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones de contribuir a la verdad y a la reparación deberían ser puestos en libertad cumplidos los ocho años. En este artículo de opinión, la directora del programa del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, analiza las valiosas lecciones extraídas del proceso de Justicia y Paz.

La reciente reelección del presidente Juan Manuel Santos en Colombia aporta esperanza a un país que intenta poner fin a medio siglo de conflicto. Sin embargo, como suele ocurrir en muchos procesos de paz, puede resultar difícil llegar a un equilibrio entre un acuerdo estable y el reconocimiento de las terribles injusticias que han tenido lugar durante los enfrentamientos.

El ICTJ estrenará este jueves los documentales “Voces sobre la verdad y la memoria”, que retratan las demandas de tres colectivos especialmente afectados por el conflicto armado en Colombia –las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas– y su lucha por develar la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos que han sufrido.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, defiende que la mejor manera de avanzar en la rendición de cuentas es centrar la asistencia en mecanismos nacionales especializados. "Los ciudadanos deben ver que sus instituciones nacionales funcionan y ahí es donde los tribunales pueden condenar los delitos y fortalecer los fundamentos del contrato que mantiene unida a la sociedad. En ese ámbito es donde la dignidad de un ciudadano puede adquirir su sentido pleno", escribe Seils con motivo del Día de la Justicia Internacional.

Con motivo del Día de la Justicia Internacional de 2014, el ICTJ se une a los actos que en todo el mundo celebran el trascendental establecimiento del Estatuto de Roma en 1998, en virtud del cual se constituyó la Corte Penal Internacional (CPI). A continuación, pasamos revista a cinco sistemas nacionales que han demostrado que sí es posible juzgar a los autores de crímenes donde tiene más sentido: ante las cortes del propio país.

Es la hora de las víctimas en La Habana, y sus voces deben ser escuchadas en la mesa de negociación. Como adelanto al lanzamiento del multimedia, el ICTJ presentará el próximo 24 de julio en Bogotá tres documentales cortos que retratan a tres organizaciones de la sociedad civil que trabajan incansablemente por develar la verdad sobre las dolorosas consecuencias del conflicto armado para el país: La Ruta Pacífica de las Mujeres en el Putumayo, HIJOS en el Meta y la Organización Indígena Kankuama (OIK).

En el segundo encuentro del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz –organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Ámbito Jurídico y USAID– se abordó otro de los temas clave para alcanzar una paz sostenible en Colombia: las penas alternativas y las sanciones extrajudiciales que podrían aplicarse a los excombatientes guerrilleros.

Mientras el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen avanzando en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, la Fundación Konrad Adenauer –en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y Ámbito Jurídico– ha puesto en marcha un Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz para debatir y reflexionar sobre cómo alcanzar una paz sostenible y duradera para Colombia.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine-Wabanaki (CVR), la primera de su especie en Estados Unidos, cumple un año de vida. La CVR es ejemplar porque es fruto de un acuerdo directo entre las naciones indígenas y el estado.