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La Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine-Wabanaki (CVR), la primera de su especie en Estados Unidos, cumple un año de vida. La CVR es ejemplar porque es fruto de un acuerdo directo entre las naciones indígenas y el estado.

El martes 12 de febrero de 2013, más de 200 personas, entre ellas representantes del ICTJ, se reunieron en el Estado de Maine, en el noreste de los Estados Unidos, para celebrar el acto oficial de constitución de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine Wabanaki. El día de la ceremonia una serie de actuaciones y oraciones dieron oficialmente comienzo a un proceso de tres años durante el cual se indagará en la asimilación forzada de los niños wabanaki a través de los servicios sociales públicos de asistencia a la infancia.

En esta columna de opinió, el presidente del ICTJ, David Tolbert, critica que EE UU ha alabado públicamente el Estado de derecho cuando se aplica en otros países, ofreciendo un considerable apoyo monetario y político a las víctimas de torturas de regímenes extranjeros; sin embargo, no ha reconocido ni abordado sus obligaciones para con las víctimas de sus propias prácticas en materia de detención. Para recuperar su credibilidad ante el mundo, el Gobierno debe tomar medidas que reconozcan y afronten las violaciones de derechos pasadas, proporcionando reparación a las víctimas de abusos avalados por EEUU.

La relevancia del fallo del caso Taylor, emitido hace unos días en La Haya, va más allá del propio condenado e incluso del Tribunal Especial para Sierra Leona. La sentencia constituirá un inevitable precedente jurídico para cualquier deliberación futura relativa al papel de dirigentes y Estados en crímenes cometidos en terceros países, escribe David Tolbert en este artículo de opinión.

Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, destacados activistas indígenas se reunirán con sus homólogos y expertos de todo el mundo en la Universidad de Columbia para analizar cuál es la mejor manera de utilizar esos mecanismos para afianzar el derecho a la verdad y mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

In the aftermath of armed conflict or repression, communities often struggle to rebuild social relations that have been damaged or destroyed by violence and abuse. Restorative justice can potentially play a valuable role in such societies, bringing together the people who have been harmed by crimes and the individuals responsible for those harms, often in the form of a dialogue, to address the offense and its consequences. A new ICTJ research report offers insight and guidance on the use of a restorative justice framework in responding to massive and grave human rights violations, drawing primarily from experiences in Colombia, Sierra Leone, Tunisia, and the Philippines’ Bangsamoro region.

En esta edición del ICTJ reporta , Kelli Muddell reflexiona sobre la concepción de la justicia de género que tiene el ICTJ, el excepcional conjunto de desafíos a los que se enfrentan las sobrevivientes de actos de violencia sexual y de género en épocas de transición, y sobre qué está haciendo el ICTJ para enfrentarse a la desigualdad en países como Colombia, Nepal y Túnez.

El objetivo de las reparaciones es reconocer y afrontar los daños sufridos por las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos. A continuación el director del programa de Justicia Reparadora del ICTJ, Ruben Carranza, y el asociado sénior en justicia reparadora Cristián Correa hablan sobre la importancia de que los programas de reparaciones se implementen de forma integrada con otros mecanismos de justicia transicional, como mecanismos de búsqueda de la verdad y justicia penal.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ escribe que la CPI no puede respaldar medidas que favorezcan la impunidad, del mismo modo que no pueden hacerlo otros actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la lucha por la paz y la justicia.

Cada vez es más habitual que diversas medidas de justicia transicional aborden los derechos indígenas y el ICTJ participa activamente en la elaboración de un discurso que defiende la utilidad de las comisiones de la verdad y otros mecanismos de justicia transicional en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.