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A lo largo de 2023, los expertos del ICTJ han ofrecido su perspectiva única sobre las noticias de última hora en todo el mundo como parte del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios han puesto de relieve el impacto que estos acontecimientos tienen en las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en luchas más amplias por la paz y la justicia. En esta edición, recordamos el año pasado a través de la columna Expert's Choice.

El final de 2022 en Venezuela estuvo marcado por señales de voluntad de todos los partidos de dar pasos concretos hacia la democracia. El gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones y acordaron permitir que Naciones Unidas administre un fondo por miles de millones de dólares en activos congelados, que se liberarían gradualmente para abordar la crisis humanitaria del país. Estados Unidos autorizó a la Corporación Chevron a reanudar operaciones limitadas de importación de petróleo venezolano. Finalmente, la Asamblea Nacional de 2015 votó a favor de poner fin al gobierno interino liderado por la oposición. Si bien estos pasos son iniciales para crear las condiciones para la confianza entre las partes, ofrecen oportunidades para mejorar las terribles circunstancias en las que viven actualmente muchos venezolanos.

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

La desaparición forzada es uno de los delitos más crueles. Además de secuestrar, torturar y en muchos casos asesinar a la víctima, los perpetradores buscan deliberadamente generar miedo e incertidumbre sobre la suerte de la persona desaparecida. Aunque las víctimas de la desaparición forzada son en su mayoría hombres, el impacto que este delito tiene sobre las mujeres es severo y constante. Hoy, en el Día Internacional de los Desaparecidos, queremos resaltar los daños específicos sufridos por las mujeres víctimas de estos crímenes, los cuales deben ser comprendidos y reconocidos para luego ser enfrentados y obtener rendición de cuentas.

El objetivo de las reparaciones es reconocer y afrontar los daños sufridos por las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos. A continuación el director del programa de Justicia Reparadora del ICTJ, Ruben Carranza, y el asociado sénior en justicia reparadora Cristián Correa hablan sobre la importancia de que los programas de reparaciones se implementen de forma integrada con otros mecanismos de justicia transicional, como mecanismos de búsqueda de la verdad y justicia penal.

¿Se puede construir una democracia sólida y legítima sobre el silencio, o es que la verdad proporciona cimientos más profundos? Se pregunta Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ, en esta columna de opinión con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad.

Entre los grupos poblacionales afectados por la violencia en conflictos armados o regímenes represivos, los niños y jóvenes son algunos de los más vulnerables. Cuando los vacíos en la garantía de los derechos humanos básicos llegan a ser normales para una sociedad, los estándares de educación, relaciones familiares y recreación que reciben los menores los dejan en situación de alta vulnerabilidad al maltrato físico y psicológico, al desplazamiento, el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales y otras formas de explotación.