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En Colombia no existe una cifra exacta de cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada a raíz del conflicto armado. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica registra 80.472 víctimas entre 1970 y 2018, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas (UARIV) contabiliza 47,762 personas desaparecidas. Lo que ambas instituciones afirman es que la mayoría son civiles.

Esta es la intervención de la directora del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, en la primera rendición de cuentas de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia.

El ICTJ presentó un amicus curiae analizando el decreto que estipula la organización y el funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Estos son los puntos más relevantes de nuestro análisis.

El ICTJ celebra el compromiso de Colombia con la verdad y la memoria, materializado ayer con la firma de los decretos leyes que crean la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado.

Conversamos con Fernando Kosovsky, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), sobre las estrategias judiciales y no judiciales que están desarrollando para reivindicar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación del pueblo mapuche.

Súmese al presidente David Tolbert en la celebración de los 15 años del ICTJ, durante los cuales ha habido muchos momentos trascendentales, para nuestra organización y para la lucha mundial por la justicia.

ICTJ celebra que el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) hayan logrado acordar una serie de modificaciones en el acuerdo de paz, respondiendo a los resultados del plebiscito celebrado el 2 de octubre, en el que los votos contrarios al acuerdo superaron a los votos a favor.

1.300 personas siguen desaparecidas en Nepal una década después del fin del conflicto armado. Se suponía que el acuerdo de paz debía atender a las familias de los desaparecidos, pero hoy en día siguen esperando respuestas. Un nuevo organismo gubernamental ha comenzado a investigar, pero las víctimas se preguntan: ¿está la comisión realmente comprometida con atender sus necesidades?

Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado expresan su consternación ante el allanamiento de la residencia del abogado y defensor guatemalteco de los derechos humanos, Ramón Cadena, Director en Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, ocurrido el pasado 15 de agosto.