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En 2016, la Comisión Nacional Yemení para Investigar Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos comenzó a documentar las violaciones cometidas desde el levantamiento de 2011 y durante la brutal guerra civil posterior, que continúa en la actualidad. Hasta la fecha, la comisión ha documentado más de 23.000 abusos contra los derechos humanos y remitido más de 2.000 casos al Ministerio Público de Yemen para su enjuiciamiento. Sin embargo, no se ha emitido ningún veredicto en ninguno de estos casos. Para ayudar a los comisionados y miembros del poder judicial de Yemen a promover la rendición de cuentas, el ICTJ organizó un taller para ellos sobre mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, para brindar una justicia que satisfaga todas las necesidades de reparación de las víctimas, estos esfuerzos deben ser parte integral de un proceso de justicia transicional más amplio y multifacético.

Mientras las partes de la guerra en Yemen no logran extender el alto al fuego negociado por la ONU, los monitores de campo de la Comisión Nacional de Investigación de Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos (NCIAVHR) continúan documentando e investigando violaciones de derechos humanos, a pesar...

Con la publicación, largamente pospuesta, del informe parcial del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense sobre el Programa de Detención e Interrogación de la CIA, la verdad se ha hecho por fin pública. En este artículo de opinión el presidente del ICTJ, David Tolbert, pide a Estados Unidos que reconozca la verdad, rinda cuentas con los principales responsables y repare a las víctimas de torturas.

En esta columna de opinió, el presidente del ICTJ, David Tolbert, critica que EE UU ha alabado públicamente el Estado de derecho cuando se aplica en otros países, ofreciendo un considerable apoyo monetario y político a las víctimas de torturas de regímenes extranjeros; sin embargo, no ha reconocido ni abordado sus obligaciones para con las víctimas de sus propias prácticas en materia de detención. Para recuperar su credibilidad ante el mundo, el Gobierno debe tomar medidas que reconozcan y afronten las violaciones de derechos pasadas, proporcionando reparación a las víctimas de abusos avalados por EEUU.