Biblioteca de recursos

Cada vez es más habitual que diversas medidas de justicia transicional aborden los derechos indígenas y el ICTJ participa activamente en la elaboración de un discurso que defiende la utilidad de las comisiones de la verdad y otros mecanismos de justicia transicional en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.

El martes 12 de febrero de 2013, más de 200 personas, entre ellas representantes del ICTJ, se reunieron en el Estado de Maine, en el noreste de los Estados Unidos, para celebrar el acto oficial de constitución de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine Wabanaki. El día de la ceremonia una serie de actuaciones y oraciones dieron oficialmente comienzo a un proceso de tres años durante el cual se indagará en la asimilación forzada de los niños wabanaki a través de los servicios sociales públicos de asistencia a la infancia.

Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, destacados activistas indígenas se reunirán con sus homólogos y expertos de todo el mundo en la Universidad de Columbia para analizar cuál es la mejor manera de utilizar esos mecanismos para afianzar el derecho a la verdad y mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

En nuestro trabajo como asesores de sociedades de todo el mundo, contínuamente nos inspiran personas y comunidades que se niegan a ignorar los abusos del pasado, y que a menudo se enfrentan a grandes obstáculos para arrojar luz sobre éstos. Para honrar su coraje, les invitamos a leer una selección de perspectivas sobre la verdad y la dignidad de aquellos que con sus palabras han forajdo una idea sólida: que la verdad es la base de la justicia. Súmese a la conversación global a través de las redes sociales.

El 10 de abril la Asamblea General de la ONU (AG de la ONU) celebra un debate monográfico sobre el papel de la justicia internacional en los procesos de reconciliación. Es un debate solicitado por el presidente de dicha asamblea, el serbio Vuk Jeremic, después de la reciente absolución del general croata Ante Gotovina por parte del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY). Por desgracia, ha quedado claro que lo que en realidad pretende este debate es desautorizar al TPIY, no debatir una cuestión importante no sólo para los Balcanes sino para un número creciente de países.

En esta columna de opinió, el presidente del ICTJ, David Tolbert, critica que EE UU ha alabado públicamente el Estado de derecho cuando se aplica en otros países, ofreciendo un considerable apoyo monetario y político a las víctimas de torturas de regímenes extranjeros; sin embargo, no ha reconocido ni abordado sus obligaciones para con las víctimas de sus propias prácticas en materia de detención. Para recuperar su credibilidad ante el mundo, el Gobierno debe tomar medidas que reconozcan y afronten las violaciones de derechos pasadas, proporcionando reparación a las víctimas de abusos avalados por EEUU.

La desaparición forzada es uno de los delitos más crueles. Además de secuestrar, torturar y en muchos casos asesinar a la víctima, los perpetradores buscan deliberadamente generar miedo e incertidumbre sobre la suerte de la persona desaparecida. Aunque las víctimas de la desaparición forzada son en su mayoría hombres, el impacto que este delito tiene sobre las mujeres es severo y constante. Hoy, en el Día Internacional de los Desaparecidos, queremos resaltar los daños específicos sufridos por las mujeres víctimas de estos crímenes, los cuales deben ser comprendidos y reconocidos para luego ser enfrentados y obtener rendición de cuentas.

Destacados expertos mundiales en materia de búsqueda de la verdad y memorialización han solicitado al alcalde de la localidad de Prijedor, situada en Bosnia-Herzegovina, que reconozca públicamente y conmemore a las víctimas no serbias de las atrocidades cometidas en la década de 1990.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine-Wabanaki (CVR), la primera de su especie en Estados Unidos, cumple un año de vida. La CVR es ejemplar porque es fruto de un acuerdo directo entre las naciones indígenas y el estado.