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In the aftermath of armed conflict or repression, communities often struggle to rebuild social relations that have been damaged or destroyed by violence and abuse. Restorative justice can potentially play a valuable role in such societies, bringing together the people who have been harmed by crimes and the individuals responsible for those harms, often in the form of a dialogue, to address the offense and its consequences. A new ICTJ research report offers insight and guidance on the use of a restorative justice framework in responding to massive and grave human rights violations, drawing primarily from experiences in Colombia, Sierra Leone, Tunisia, and the Philippines’ Bangsamoro region.

La Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán (AHRDO), aliada del ICTJ, inauguró recientemente un nuevo museo virtual/base de datos dedicados a las víctimas del conflicto afgano y los abusos contra los derechos humanos. La “Casa de la Memoria de Afganistán” no solo preserva la memoria de estas víctimas sino que también ayuda a allanar el camino hacia la verdad y la justicia. Para lanzar el museo virtual, el ICTJ y la AHRDO organizaron conjuntamente un panel de discusión sobre conmemoración, moderado por la periodista de la BBC Lyse Doucet, en la oficina del ICTJ en Nueva York el pasado diciembre.

Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, el régimen ha implementado una serie de políticas que restringen severamente a los medios independientes y les otorgan un control casi total sobre los medios de comunicación y su contenido. Kobra Moradi es abogado e investigador que trabaja con la Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán y autora del informe reciente Restricciones y violaciones a los medios afganos bajo el Talibán . El ICTJ se reunió con el autor para obtener más información sobre el impacto que han tenido estas restricciones en los periodistas y la prensa libre, y el importante papel que aún pueden desempeñar los medios en un régimen tan represivo.

Afganistán es un trágico ejemplo de cómo un país en transición puede revertir drásticamente el arduo camino hacia la paz y la democracia y regresar a un abismo de violencia y represión a una velocidad vertiginosa. En el lapso de unas pocas semanas, los talibanes recuperaron el control del país. Cuando finalmente entraron en Kabul, el gobierno afgano respaldado internacionalmente colapsó. Ahora al mando, los talibanes no han perdido tiempo en demostrar su objetivo de volver a imponer el mismo gobierno extremista y opresivo, a pesar de las declaraciones iniciales que afirman un compromiso con la paz y los derechos humanos.

Solo hace falta echar un vistazo rápido a las noticias para ver cómo el mundo ha vuelto a fallar a los civiles afganos. Afganistán no ha tenido muchos años buenos en las últimas cuatro décadas de guerra, pero los últimos 15 meses han sido decididamente tensos. El caos actual y el aumento de la violencia son prueba de que, a pesar de lo que ha proclamado el gobierno de los EE. UU., la “guerra eterna” continúa. La paz y la justicia significativa y centrada en las víctimas siguen siendo esquivas.

Después de una pausa de varios años, ICTJ ha reanudado recientemente su trabajo en Afganistán. El mes pasado, el pasante de comunicación del ICTJ, Edward Mercado-Gumbs, se reunió con la experta y codirectora del programa del ICTJ en Afganistán, Reem El Gantri, para analizar el renovado compromiso del ICTJ en el país, así como las perspectivas sobre justicia y paz allí.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ escribe que la CPI no puede respaldar medidas que favorezcan la impunidad, del mismo modo que no pueden hacerlo otros actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la lucha por la paz y la justicia.

Con motivo del Día de la Justicia Internacional de 2014, el ICTJ se une a los actos que en todo el mundo celebran el trascendental establecimiento del Estatuto de Roma en 1998, en virtud del cual se constituyó la Corte Penal Internacional (CPI). A continuación, pasamos revista a cinco sistemas nacionales que han demostrado que sí es posible juzgar a los autores de crímenes donde tiene más sentido: ante las cortes del propio país.