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En febrero de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su tan esperada orden de reparación en el caso contra Dominic Ongwen. Casi dos décadas después de que la CPI interviniera en el norte de Uganda, esta decisión histórica reconoce el sufrimiento de los sobrevivientes y subraya las complejidades y limitaciones de la justicia internacional. Para las víctimas que han esperado justicia durante más de dos décadas, la orden ha sido agridulce.

En los países donde las instituciones estatales tienen un alcance limitado, la justicia comunitaria e informal suele ser la forma más común para que las personas resuelvan sus disputas y busquen justicia. Este tipo de justicia es un elemento importante de un enfoque centrado en las personas que busca construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Sin embargo, la comprensión de la relación entre la justicia comunitaria y la justicia transicional ha sido poco desarrollada. Un nuevo informe del ICTJ proporciona una valiosa investigación empírica y cualitativa sobre el tema, en el contexto de Sudán del Sur.

La guerra continua en el Medio Oriente no es un hecho aislado. Representa un ciclo de violencia de 75 años, marcado por agravios históricos, luchas geopolíticas y crisis humanitarias que persisten desde hace décadas. En el último episodio de esta trágica historia, el Líbano se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Hasta ahora, el conflicto ha causado una destrucción generalizada, miles de muertos y heridos y más de un millón de personas desplazadas en el Líbano. El país se enfrenta ahora a muchas preguntas intimidantes sobre la reconstrucción, las reparaciones a las víctimas y el tipo de sociedad que surgirá después de la guerra.

Dos años y medio después de la invasión rusa a Ucrania, las víctimas siguen exigiendo justicia por las violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por las cuales han sufrido graves daños y traumas psicológicos. La Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre presuntos crímenes en marzo de 2022. Ahora se enfrenta a un desafío crítico: ¿cómo garantizar que las víctimas ucranianas puedan participar de manera significativa en todas las etapas de sus procedimientos, a pesar de que la corte se encuentra lejos del conflicto?

En esta era de transformación tecnológica, es vital desarrollar estrategias digitales para documentar violaciones de derechos humanos, analizar datos con fines de rendición de cuentas o reparación y defender los derechos humanos de manera segura en línea. Esto es particularmente cierto en contextos donde las víctimas, los actores de derechos humanos y los miembros de los medios de comunicación viven con miedo. Con este fin, el ICTJ ha ofrecido capacitaciones para activistas de derechos humanos en países de habla árabe afectados por conflictos sobre herramientas de investigación de código abierto para ayudarlos a hacer su trabajo de manera más eficaz.

El campo de la justicia transicional reconoce cada vez más la importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial en contextos de violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de la creciente promoción y concienciación a nivel de políticas globales, el campo carece de un enfoque sistemático de la cuestión. Ahora, un nuevo informe del ICTJ contribuye a ese enfoque.

El 13 de agosto de 2024, la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior de Uganda emitió su esperado veredicto en el caso de Uganda contra Thomas Kwoyelo, ex comandante y coronel del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor. Kwoyelo fue condenado por 44 cargos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos durante el conflicto armado que duró décadas en el norte de Uganda entre el LRA y el gobierno ugandés. Esta sentencia representa un hito en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas y un paso crucial hacia el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de estas horribles atrocidades masivas.

Casi ocho años después de que el ex presidente de Gambia Yahya Jammeh abandonara el poder, el país sigue buscando justicia por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante sus 22 años de dictadura. En mayo de 2023, el Ministerio de Justicia hizo público un plan para aplicar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación del país. Si bien el plan promete hacer justicia y reparar los daños, para que tenga el impacto previsto requiere una amplia participación pública en el proceso, especialmente de los jóvenes. Teniendo esto en cuenta, el ICTJ se ha asociado con el Fondo para la Consolidación de la Paz de la ONU en un proyecto para animar a los jóvenes gambianos a asumir un papel protagonista en este proceso y en el futuro del país.

El ICTJ aboga por la inclusión de la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) en todas las iniciativas de justicia transicional y lleva a cabo investigaciones sobre las mejores prácticas para este campo. Al frente de este trabajo está la experta senior del ICTJ, Virginie Ladisch. Es la autora principal del próximo informe, 'La búsqueda del bienestar de las personas': Incorporación de un enfoque psicosocial a la justicia transicional . En esta entrevista, Ladisch analiza la importancia de la SMAPS para la justicia transicional y su trabajo sobre el tema.

El mes pasado, Estados Unidos celebró Juneteenth oficialmente por cuarta vez desde que el presidente Joe Biden lo declaró día festivo federal en 2021. Las conmemoraciones son una oportunidad para reconocer hitos pasados y reflexionar sobre su relevancia para el presente. Evocando el espíritu de Juneteenth, es importante resaltar y celebrar los triunfos y avances logrados hacia el cumplimiento de la promesa de libertad para todas las personas.