Para muchos libaneses, ser desprendidos de sus hogares ya no es un hecho excepcional. El desplazamiento forzado se ha convertido en una realidad recurrente, casi inevitable. Desde que la guerra con Israel se intensificó en marzo de 2026, más de 1,3 millones de personas han tenido que huir de sus hogares y más de 3300 han muerto. Familias y comunidades enteras están atrapadas en un círculo vicioso: estalla la guerra, se destruyen hogares, se establece un alto al fuego frágil, la gente intenta regresar y, de nuevo, estalla la violencia.
Actualmente está en efecto este frágil alto al fuego, y algunas familias desplazadas han comenzado a regresar a sus hogares con cautela. Sin embargo, para muchos, la vida después del alto al fuego de 2024 es un recordatorio de que los riesgos que viven son crónicos. Durante 15 meses, una y otra vez, Israel llevó a cabo ataques aéreos mortales en el Líbano, violando la tregua. A principios de marzo de 2026, Hezbolá respondió lanzando cohetes contra el norte de Israel. Esta experiencia ha fortalecido el escepticismo sobre la posibilidad de que un alto al fuego se mantenga realmente.
Para muchas familias libanesas, este ciclo de violencia se ha extendido por generaciones. Muchos de quienes huyen hoy en día traen consigo recuerdos y traumas heredados de la guerra civil de 1975-1990, las invasiones israelíes de 1978 y 1982, la guerra de julio de 2006 y los continuos enfrentamientos posteriores.
Estos ciclos de violencia son el resultado de un orden político que ha evitado deliberadamente exigir responsabilidades. Durante décadas, quienes ostentaban el poder nunca han tenido que responder por las consecuencias de sus abusos y mala gestión, lo que ha debilitado al Estado y ha permitido que diversos grupos políticos y armados, incluido Hezbolá, consoliden su poder.
Para poner fin a la guerra civil se escogió la impunidad. La ley de amnistía de 1991 exoneró de facto a los responsables de la violencia y las atrocidades, permitiendo que muchos de ellos accedieran directamente a cargos públicos. Lejos de ser una solución temporal, la amnistía consolidó un sistema en el que la justicia se posterga indefinidamente.
Como afirma Nour El Bejjani Noureddine, quien dirige el trabajo del ICTJ en Líbano y Yemen, todo este sistema estaba "muerto de raíz". Desde el principio, se basó en ignorar la verdad y negarse a exigir responsabilidades a nadie. Para muchos, esto ha hecho que las viejas heridas no cicatricen por completo.
Esta falta de rendición de cuentas ha moldeado el panorama político del Líbano, debilitando las instituciones estatales y socavando su capacidad para gobernar con eficacia y garantizar la seguridad. Ante la ausencia de un Estado fuerte y confiable, actores políticos, sectarios y armados, incluyendo Hezbolá, fueron ganando cada vez más control sobre el territorio y las comunidades, convirtiéndose en los únicos proveedores de seguridad, servicios y protección. Tras la guerra civil, muchos exlíderes de milicias se incorporaron a la política y ocuparon puestos influyentes en el gobierno, mientras que Hezbolá mantuvo un papel tanto armado como político. Con el tiempo, la dependencia de estos actores debilitó aún más las instituciones estatales, difuminando la línea entre la autoridad estatal y la no estatal.
El resultado es un Estado fragmentado, incapaz de ejercer su soberanía, proteger a sus ciudadanos o defender sus derechos. El legado de impunidad del Líbano no solo ha negado justicia a las víctimas, sino que también ha redistribuido el poder a actores no estatales.
Pero la crisis en Líbano no es solo resultado de una disfunción interna. La dinámica regional más amplia también desempeña un papel importante, incluyendo los objetivos estratégicos y militares de Israel y la posición de Hezbolá como grupo armado respaldado por Irán.
El saldo humano de los ataques israelíes, que comenzaron en 2024 y se intensificaron en 2026, ha sido devastador. Gran parte del sur del Líbano ha quedado inhabitable, con numerosos pueblos destruidos y comunidades enteras desplazadas, lo que plantea interrogantes urgentes sobre si la reconstrucción y el retorno son siquiera posibles.
Los ciudadanos libaneses sufren las peores consecuencias de los constantes ataques y la creciente fragmentación política, mientras siguen atrapados entre presiones externas y fallos internos. Incluso mientras continúan las negociaciones bajo un frágil alto al fuego, la población civil sigue pagando el precio de la violencia y la disfunción del Estado.
Para romper este ciclo, es necesario adoptar medidas significativas para acabar con la impunidad y garantizar que tanto los actores nacionales como los externos rindan cuentas por las violaciones pasadas y presentes. Internamente, esto exige confrontar un sistema que ha debilitado las instituciones estatales, afianzado formas de gobierno fragmentadas y sectarias, y negado justicia a las víctimas. Externamente, se requieren medidas creíbles para que el Estado israelí rinda cuentas por las violaciones cometidas en territorio libanés, así como esfuerzos internacionales más amplios para prevenir el conflicto. Sin rendición de cuentas por parte de todos, el Líbano seguirá atrapado en un ciclo de violencia recurrente, y la impunidad continuará definiendo la vida política y cotidiana.
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FOTO: Familias libanesas desplazadas se refugian en tiendas de campaña a lo largo del paseo marítimo de Beirut tras los ataques aéreos israelíes en marzo de 2026. (Mohamad Salman)
