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Los medios de comunicación de todo el mundo se han afanado en anunciar “el cierre de los juicios de la ESMA” en Argentina. Nada más lejos de la realidad, según Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. El ICTJ conversó con Parenti para saber qué queda por delante, cuáles son los retos a los que se enfrenta la Unidad Fiscal y qué supone para la sociedad argentina ver a los autores de los crímenes sentenciados, más de 20 años después.

Greentree, el evento de alto nivel sobre complementariedad organizado por el ICTJ y el PNUD en diciembre, reunió a profesionales de la justicia internacional y el desarrollo, así como a expertos nacionales, en una casa de campo homónima a las afueras de Nueva York. Los asistentes debatieron sobre...

Un análisis sobre la necesidad de que ambas instancias coexistan en Colombia, para garantizar que las reparaciones sean efectivas y se extiendan al universo enorme de las de víctimas del conflicto armado.

Más allá de los autores materiales, habría que castigar a los que dieron las órdenes y aún -detrás de ellos- a los “autores de escritorio”, que movieron los hilos de estas empresas criminales. Gracias a los avances en el derecho penal internacional, Justicia y Paz podría coordinarse mejor con la Justicia Penal Ordinaria".

En esta segunda entrega de nuestra serie especial de podcasts, “Lecciones de América Latina”, nos adentramos en los 30 años de experiencia en la región sobre justicia transicional de la mano de Pablo de Greiff, director de la unidad de investigación del ICTJ. Con él damos un repaso a los grandes hitos de la justicia transicional en América Latina, desde finales de los años setenta hasta los muchos retos que todavía quedan por afrontar, y descubrimos por qué la región es considerada la cuna de la justicia transicional.

Con la presencia de miembros de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de Justicia y Paz, organizaciones de defensores de derechos humanos de Bogotá, Santander, Atlántico, entre otros, se desarrolló el evento Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz, el 14 de mayo en Bogotá.

El Estatuto de Roma entrará en vigor en Guatemala en julio. Para reforzar sus conocimientos sobre éste y sus formas de implementación, el ICTJ organizó una capacitación en Nueva York para nueve jueces de alto riesgo guatemaltecos. Durante su estancia, conversamos con Yassmín Barrios, juez presidenta del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alto Riesgo de Guatemala. [Descargar](/sites/default/files/ICTJ-GUA-JuezBarrios-PodcastES.mp3) | Duración: 4:14 min | Tamaño del archivo: 3.9 MB

Tras seis años de aplicación, los resultados de Justicia y Paz son decepcionantes. El Senado estudia un proyecto de reforma preparado por el gobierno y la Fiscalía, que ha suscitado preocupaciones y propuestas constructivas. María Camila Moreno, directora del programa Colombia del ICTJ, explora un replanteamiento estratégico para reorientar la Ley.

Después de varios meses de un profundo debate en el Congreso de la República, en los medios de comunicación y en distintos escenarios públicos, el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que busca articular diferentes mecanismos de justicia transicional. Esta reforma constitucional...

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

Continuamos con nuestra serie especial de podcasts “Lecciones de América Latina”. Para hablar sobre los procesos judiciales sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y los problemas a los que se enfrenta la justicia argentina en la actualidad entrevistamos a Mirna Goransky, Fiscal General Adjunta de la Procuración General de la Nación, quien lleva a cabo la acusación en el juicio contra la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, más conocida como la ESMA. [Descargar](/sites/default/files/ICTJ-Goransky-ESMA-Podcast-ES.mp3) | Duración: 15:25mins | Tamaño del archivo: 10.8MB

Durante varios años, desde el Programa Colombia del ICTJ se ha trabajado para garantizar que el proceso de Justicia y Paz aborde los procesos de crímenes sistemáticos con un enfoque estratégico. En agosto de 2011, Seils asistió a una reunión de alto nivel organizada por el ICTJ con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y la Organización de Estados Americanos. Al encuentro asistieron diversos expertos internacionales con la intención de fijar prioridades y racionalizar el proceso de selección de casos judiciales.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

Las transiciones pueden resultar muy largas, y conseguir la rendición de cuentas por crímenes graves y masivos puede tomar muchos años, como es el caso de Guatemala. No fue hasta 2011 que se empezaron a llevar frente a la justicia a los máximos culpables de las matanzas. cometidas durante la guerra civil. Estas acciones tuvieron por fin lugar gracias a la infatigable lucha de las víctimas y sus familiares, y de la colaboración internacional. La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, ha jugado un papel clave en el avance de la rendición de cuentas por crímenes cometidos en el pasado. Durante su asistencia al encuentro sobre complementariedad en Greentree, el ICTJ entrevistó a la fiscal para conocer mejor los retos a los que jueces y fiscales se enfrentan en Guatemala.

El lunes, 28 de enero, los tribunales guatemaltecos sentenciaron que el general retirado Efraín Ríos Montt deberá ser juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los augurios no eran tan optimistas justo antes de las vacaciones navideñas, y de hecho algunos sucesos hicieron tambalear la rendición de cuentas. Para analizar y contextualizar estos recientes sucesos en el ámbito de la justicia guatemalteca conversamos con Marcie Mersky, directora programática del ICTJ y experta en cuestiones de derechos humanos en Guatemala.

Hoy es un día histórico para Guatemala pero también para la justicia transicional. En el Tribunal de Alto Riesgo de Guatemala se ha iniciado hoy el juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt. Se trata del primer intento genuino de juzgar este grave crimen en tribunales nacionales, en el país donde los crímenes fueron cometidos. Para hablar sobre este histórico paso de Guatemala en su camino hacia la rendición de cuentas entrevistamos a una de sus protagonistas: la fiscal general de Guatemala, Dra. Claudia Paz y Paz Bailey.

A la vez que el Archivo Público de São Paulo anunciaba esta semana el acceso público a casi un millón de documentos secretos de la dictadura, y de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Verdad, Brasil parece estar aumentado sus esfuerzos por conseguir la rendición de cuentas sobre las violaciones que tuvieron lugar durante el régimen militar entre 1964 y 1985 ante los tribunales. En esta entrevista hablamos con el fiscal federal Marlon Weichert, una de las personas que ha conseguido que en Brasil crezca la esperanza de lograr la rendición de cuentas.

Cuando el juicio por genocidio contra los generales retirados Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez entra ya en su fase final, el ICTJ aprovechó para conversar con una de las organizaciones de la sociedad civil que ha hecho posible que este histórico juicio finalmente tenga lugar en Guatemala. Entrevistamos a Francisco Soto, director ejecutivo de CALDH, organización que presentó la primera denuncia por genocidio ante los tribunales guatemaltecos. “Creemos que la sentencia es un parteaguas en el sistema de justicia guatemalteco”, opina Soto. “Realmente fortalece el sistema de justicia en nuestro país”. [Descargar](/sites/default/files/ICTJ-Podcast-CALDH-04-16-13-ES.mp3) | Duración: 16:12 min | Peso del archivo: 15.2 MB

Toda la atención se centra estos días en Guatemala, donde el pasado viernes se consiguió una sentencia histórica: por primera vez, un ex jefe de Estado ha sido condenado por cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad en cortes nacionales, en el lugar donde los crímenes sucedieron. El ICTJ tuvo el privilegio de entrevistar a uno de los protagonistas de este juicio, el fiscal Orlando López, quien ha representado al Ministerio Público en la acusación del caso de genocidio, y ha tenido la responsabilidad de presentar las pruebas que llevaron a la condena de Ríos Montt. [Descargar](/sites/default/files/ICTJ-Podcast-OrlandoLopez-ES-051613.mp3) | Duración: 35:08 min | Peso del archivo: 28.8 MB

El 30 de octubre, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitirá su primer veredicto parcial contra el líder paramilitar Hebert Veloza García, alias “HH”, uno de los más significativos del proceso de Justicia y Paz. Con vistas a la sentencia, el ICTJ estrena una línea del tiempo informativa que comprende todas las medidas de justicia transicional que se han implementado en Colombia desde 2005.

El líder paramilitar Hebert Veloza García, alias "H.H.", fue condenado a 40 años de prisión y una multa de 17.950 salarios mínimos (unos 5,2 millones de dolares). Por estar postulado en el proceso de Justicia y Paz, Veloza recibió el beneficio de una pena alternativa, que el Tribunal estableció en siete años. La lectura de la primera sentencia en el proceso de Justicia y Paz contra Veloza representa un momento crucial para el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el país. Aquí puede ver el video completo de la lectura de la sentencia.

En la judicialización de crímenes de sistema, el análisis y la definición del contexto en el que actuó el grupo criminal es un paso fundamental y estratégico. El contexto aclara y explica las condiciones que facilitaron el nacimiento, formación y consolidación del grupo armado, y el funcionamiento...

Hebert Veloza García, quien mañana recibe la primera sentencia en Justicia y Paz, nació el 4 de julio de 1967 en Trujillo, Valle del Cauca. Trabajó en cultivos de hoja de coca en el Guaviare, en el oriente de Colombia, y conductor de vehículos de servicio público y privado en Bogotá, en Acacías –Meta–, y en la región del Urabá antioqueño.

La sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra el líder paramilitar Hebert Veloza García de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el pasado 30 de octubre, sienta un precedente importante en la judicialización de crímenes de sistema en Colombia. “El proceso de Justicia y Paz es la oportunidad para comprender el fenómeno paramilitar en el país, que permeó varios sectores de la sociedad en la historia reciente colombiana, y para lograr la desarticulación de su estructura militar, política y económica”, afirma María Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del ICTJ.

El caso por genocidio en contra del ex general y jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt ha adquirido recientemente una dimensión internacional. El 6 de noviembre, los abogados de las víctimas presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncia al Estado de Guatemala por la impunidad reinante con respecto a los crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la etnia ixil. La demanda sucede en un momento clave para el proceso, ya que durante los próximos días la Corte de Apelaciones de Guatemala deberá decidir si concede o no la amnistía a Ríos Montt por los crímenes cometidos durante la guerra civil.