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El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reconoce la esclavitud de los africanos como el crimen más grave contra la humanidad. Esta resolución es parte integral, si no la culminación, de una iniciativa más amplia de los Estados africanos para obtener reparaciones por injusticias históricas, como la trata transatlántica de esclavos, el colonialismo, el apartheid y el genocidio.

En el tercer aniversario de la brutal guerra en Sudán, es momento para reflexionar sobre un conflicto que rara vez recibe la atención mediática que merece y para considerar a los millones de sudaneses atrapados en ciclos de violencia.

Los recientes ataques israelíes en Beirut y otras zonas pobladas en el Líbano han sido de los más intensos del conflicto hasta la fecha, han destruido infraestructuras críticas y han devastado comunidades civiles. El ICTJ se solidariza inequívocamente con el pueblo libanés y todas las víctimas de la región, y exige el cese inmediato de todos los ataques y amenazas contra las comunidades civiles y la infraestructura.

El 27 de febrero de 2026, la Corte Penal Internacional concluyó la audiencia de confirmación de cargos en el caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad. Ruben Carranza, experto senior del ICTJ y filipino-estadounidense, reflexiona sobre este caso en el marco de su reciente conferencia sobre justicia transicional y la guerra contra las drogas de Duterte en la Universidad de Georgetown.

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca extinguir la responsabilidad penal por ciertos actos cometidos en el país durante los últimos 26 años. Si bien la ley ha generado debate, sin duda representa un avance significativo en el panorama político del país.

En 2026, el ICTJ celebrará su 25º aniversario. Como organización, abordamos este hito con verdadero orgullo y determinación, pero también con profunda preocupación por el mundo en el que vivimos hoy.

Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

El 20 de noviembre, en el 80.º aniversario de la apertura del principal juicio de Núremberg, que procesó a los líderes nazis por la agresión y las atrocidades masivas de la Segunda Guerra Mundial, se dieron a conocer los detalles del supuesto nuevo plan de "paz" propuesto para Ucrania. Esta iniciativa ha sacado a la luz una de las demandas recurrentes del Kremlin: la amnistía total para las atrocidades cometidas durante la guerra, precisamente los actos que Núremberg pretendía castigar y prevenir.

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.

El 6 de octubre, la Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable al exlíder de la milicia Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (también conocido como Ali Kushayb), de 27 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Este veredicto histórico rompe con los ciclos de impunidad en Sudán y envía un mensaje contundente de que estos crímenes no se toleran.

El 8 de agosto, Armenia y Azerbaiyán firmaron la Declaración Conjunta sobre las Relaciones Futuras. Considerada por algunos como un "acuerdo de paz histórico", no es un tratado ni pone fin al conflicto de Nagorno-Karabaj, que ya cumple 37 años. Se trata, más bien, de un marco político que requiere apoyo y atención internacionales.

La mayoría de las atrocidades perpetradas por Rusia en Ucrania se han dado desde su invasión inicial de las regiones ucranianas de Crimea y Donbás en 2014, aunque se han disparado en número y gravedad desde la invasión a gran escala de 2022. Entre estos crímenes están las desapariciones forzadas, que son el medio a través del cual el Kremlin busca subyugar a los ucranianos y eliminar cualquier rastro de la identidad nacional ucraniana.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.

El 14 de abril de 2025, el Tribunal Superior de Johannesburgo dictó una sentencia histórica. Desde su estrado en la sala 4D, el juez Dario Dosio desestimó las objeciones de la defensa a la inclusión de asesinato y apartheid como crímenes de lesa humanidad en el escrito de acusación contra dos personas acusadas de un ataque mortal en 1982 contra activistas estudiantiles antiapartheid. Con ello, el tribunal allanó el camino para que, por primera vez, se presentaran cargos por crímenes de lesa humanidad en un tribunal nacional sudafricano. También abrió la puerta al primer procesamiento del apartheid como crimen de lesa humanidad en cualquier parte del mundo.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) celebra la creación de dos nuevas instituciones independientes en Siria: la Comisión Nacional para la Justicia Transicional y la Comisión Nacional para los Desaparecidos. El establecimiento de estas comisiones por decreto presidencial es avance histórico que reconoce las demandas de las víctimas y sus familias y responde formalmente a las violaciones generalizadas cometidas en Siria durante las últimas décadas.

Este abril, Sudán conmemoró un doble aniversario: el primero, la revolución de 2019 que derrocó el régimen represivo de décadas del presidente Omar al Bashir; el segundo, el estallido de la guerra civil que ha devastado el país desde 2023. Estas efemérides de tanto contraste traen consigo grandes esperanzas y un profundo dolor. También plantean preguntas apremiantes: ¿Cuánto tiempo tendrá que sufrir Sudán mientras la atención mundial parece darles la espalda? ¿Hasta cuándo seguirán silenciadas las voces de los sudaneses que anhelan la paz y la justicia?

Desde mucho antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, Moscú ha difundido desinformación para justificar su agresión, sostieniendo suposiciones subyacentes de que Ucrania no es una nación soberana y que su condición de Estado está condicionada a una alianza con Rusia. Refutar estas narrativas no solo es valioso para los ucranianos, sino también para impulsar cualquier transformación democrática en Rusia y para establecer una comprensión más matizada de la historia de Europa Central y Oriental.

El ICTJ está indignado por la reciente masacre en Siria, donde más de 1.000 civiles fueron asesinados brutalmente en otra ola de violencia. Este crimen atroz pone de manifiesto la necesidad urgente e innegable de proteger a los civiles y de proporcionar justicia y rendición de cuentas.

La caída del régimen de Asad marca el comienzo de una transformación largamente esperada en Siria. Por primera vez en décadas, se ha abierto un espacio para hablar libremente sobre justicia, rendición de cuentas y reconciliación. Es un momento lleno de incertidumbre y dolor, pero también de inmensa esperanza.

La transición de Sudán del Sur hacia un gobierno democrático mediante las primeras elecciones generales de su historia desde la independencia, tendrá que esperar dos años más. A pesar de esta última prórroga, el país ha logrado importantes hitos en su proceso de justicia transicional.

A lo largo de 2024, los expertos del ICTJ ofrecieron su visión única sobre noticias de última hora y acontecimientos críticos en más de 11 países como parte del boletín World Report del ICTJ. Sus análisis se centraron en las fuerzas políticas y socioeconómicas en juego y lo que cada evento significa para las víctimas y la búsqueda de la paz y la justicia.

La caída del régimen de Bashar al-Assad tras 53 años de gobierno autoritario marca un momento significativo en la búsqueda de la justicia, la paz y los derechos humanos. Si bien esta transición abre la puerta a nuevas posibilidades, también pone de manifiesto los inmensos obstáculos y responsabilidades que nos esperan.

En febrero de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su tan esperada orden de reparación en el caso contra Dominic Ongwen. Casi dos décadas después de que la CPI interviniera en el norte de Uganda, esta decisión histórica reconoce el sufrimiento de los sobrevivientes y subraya las complejidades y limitaciones de la justicia internacional. Para las víctimas que han esperado justicia durante más de dos décadas, la orden ha sido agridulce.

La guerra continua en el Medio Oriente no es un hecho aislado. Representa un ciclo de violencia de 75 años, marcado por agravios históricos, luchas geopolíticas y crisis humanitarias que persisten desde hace décadas. En el último episodio de esta trágica historia, el Líbano se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Hasta ahora, el conflicto ha causado una destrucción generalizada, miles de muertos y heridos y más de un millón de personas desplazadas en el Líbano. El país se enfrenta ahora a muchas preguntas intimidantes sobre la reconstrucción, las reparaciones a las víctimas y el tipo de sociedad que surgirá después de la guerra.