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En Colombia no existe una cifra exacta de cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada a raíz del conflicto armado. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica registra 80.472 víctimas entre 1970 y 2018, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas (UARIV) contabiliza 47,762 personas desaparecidas. Lo que ambas instituciones afirman es que la mayoría son civiles.

Esta es la intervención de la directora del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, en la primera rendición de cuentas de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia.

El ICTJ presentó un amicus curiae analizando el decreto que estipula la organización y el funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Estos son los puntos más relevantes de nuestro análisis.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, analiza el acuerdo de justicia penal anunciado por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC y señala qué aspectos deben todavía aclararse para asegurar que este garantice a todas las víctimas del conflicto armado la justicia que merecen.

El ICTJ junto a otras organizaciones realizaron en Bogotá dos foros para poner sobre la mesa las prioridades de las víctimas y la sociedad en cuanto a la creación de la comisión de la verdad. Personas de distintos lugares del país acudieron a la capital para expresar sus propuestas, visiones y dudas sobre el importante mecanismo.

El ICTJ y la Fundación Konrad Adenauer organizaron el foro “Buscando la cuadratura del círculo: penas y proceso de paz” para presentar el reciente análisis del ICTJ al respecto y generar reflexión sobre los objetivos y la aplicación de penas en el contexto del proceso de paz colombiano.

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.

Para hacer un seguimiento desde la sociedad civil al diseño y la implementación de las políticas de reparación colectiva, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), con la asistencia del ICTJ y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, ha creado el Observatorio de Procesos de Reparación Colectiva.

El ICTJ, en alianza con la Corporación Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y Santa María Fundación, organizaron tres encuentros de activistas y víctimas del conflicto para conocer mejor las necesidades del colectivo LGBTI y reflexionar sobre las posibilidades que ofrecen las medidas de justicia transicional –en especial las no judiciales– para contribuir a la restauración de su dignidad y sus derechos.

En Colombia se están debatiendo las diferentes posibilidades y enfoques de una transición que debería basarse en el derecho de las víctimas a la justicia, la reparación y la verdad. Esta es una ocasión especialmente oportuna para subrayar la necesidad de que la transición se lleve a cabo en base a estos principios: hoy, 9 de abril, Colombia celebra el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Lea esta columna de opinión de Fernado Travesí y Félix Reátegui.