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Ahora cuando el ICTJ celebra diez años de existencia y de contribución al desarrollo del campo de la justicia transicional, nos disponemos para un futuro de compromiso permanente con socios y comunidades que buscan superar los legados de violencia masiva y represión. Diez años después, el ICTJ...

La justicia transicional tiene como misión primordial luchar por "abrir nuevos caminos hacia un futuro de paz y estabilidad". En países con pasados violentos o represivos -es decir, la mayoría- poner en marcha medidas de búsqueda de la verdad, justicia penal, reparación y reforma institucional es fundamental para poder establecer una cultura de justicia y de respeto al Estado de derecho.

Reconocido mundialmente como el Día Internacional de los Desaparecidos, el 30 de agosto nos recuerda que la desaparición forzada y la justicia transicional comparten una misma historia. De hecho, los procesos que obran en concierto y que le dieron forma al ámbito de la justicia transicional nacieron de la búsqueda de la verdad y la justicia con respecto a los desaparecidos.

Cada vez es más habitual que diversas medidas de justicia transicional aborden los derechos indígenas y el ICTJ participa activamente en la elaboración de un discurso que defiende la utilidad de las comisiones de la verdad y otros mecanismos de justicia transicional en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.

El martes 12 de febrero de 2013, más de 200 personas, entre ellas representantes del ICTJ, se reunieron en el Estado de Maine, en el noreste de los Estados Unidos, para celebrar el acto oficial de constitución de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine Wabanaki. El día de la ceremonia una serie de actuaciones y oraciones dieron oficialmente comienzo a un proceso de tres años durante el cual se indagará en la asimilación forzada de los niños wabanaki a través de los servicios sociales públicos de asistencia a la infancia.

Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, destacados activistas indígenas se reunirán con sus homólogos y expertos de todo el mundo en la Universidad de Columbia para analizar cuál es la mejor manera de utilizar esos mecanismos para afianzar el derecho a la verdad y mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

En esta edición del ICTJ reporta, Kelli Muddell reflexiona sobre la concepción de la justicia de género que tiene el ICTJ, el excepcional conjunto de desafíos a los que se enfrentan las sobrevivientes de actos de violencia sexual y de género en épocas de transición, y sobre qué está haciendo el ICTJ para enfrentarse a la desigualdad en países como Colombia, Nepal y Túnez.

En nuestro trabajo como asesores de sociedades de todo el mundo, contínuamente nos inspiran personas y comunidades que se niegan a ignorar los abusos del pasado, y que a menudo se enfrentan a grandes obstáculos para arrojar luz sobre éstos. Para honrar su coraje, les invitamos a leer una selección de perspectivas sobre la verdad y la dignidad de aquellos que con sus palabras han forajdo una idea sólida: que la verdad es la base de la justicia. Súmese a la conversación global a través de las redes sociales.

Con motivo del 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad, el ICTJ estrena una campaña para defender el derecho de las víctimas a saber la verdad sobre las violaciones de derechos humanos sufridas. Este año, la campaña gira en torno al mensaje: "La verdad es la base de la justicia". El ICTJ aborda esta idea, clave para una concepción integral de la justicia, a través varios proyectos, como una ambiciosa publicación, una presentación multimedia y una conversación digital.

En esta columna de opinió, el presidente del ICTJ, David Tolbert, critica que EE UU ha alabado públicamente el Estado de derecho cuando se aplica en otros países, ofreciendo un considerable apoyo monetario y político a las víctimas de torturas de regímenes extranjeros; sin embargo, no ha reconocido ni abordado sus obligaciones para con las víctimas de sus propias prácticas en materia de detención. Para recuperar su credibilidad ante el mundo, el Gobierno debe tomar medidas que reconozcan y afronten las violaciones de derechos pasadas, proporcionando reparación a las víctimas de abusos avalados por EEUU.