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Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

En 2016, la Comisión Nacional Yemení para Investigar Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos comenzó a documentar las violaciones cometidas desde el levantamiento de 2011 y durante la brutal guerra civil posterior, que continúa en la actualidad. Hasta la fecha, la comisión ha documentado más de 23.000 abusos contra los derechos humanos y remitido más de 2.000 casos al Ministerio Público de Yemen para su enjuiciamiento. Sin embargo, no se ha emitido ningún veredicto en ninguno de estos casos. Para ayudar a los comisionados y miembros del poder judicial de Yemen a promover la rendición de cuentas, el ICTJ organizó un taller para ellos sobre mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, para brindar una justicia que satisfaga todas las necesidades de reparación de las víctimas, estos esfuerzos deben ser parte integral de un proceso de justicia transicional más amplio y multifacético.

Mientras las partes de la guerra en Yemen no logran extender el alto al fuego negociado por la ONU, los monitores de campo de la Comisión Nacional de Investigación de Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos (NCIAVHR) continúan documentando e investigando violaciones de derechos humanos, a pesar...

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ escribe que la CPI no puede respaldar medidas que favorezcan la impunidad, del mismo modo que no pueden hacerlo otros actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la lucha por la paz y la justicia.

Con motivo del Día de la Justicia Internacional de 2014, el ICTJ se une a los actos que en todo el mundo celebran el trascendental establecimiento del Estatuto de Roma en 1998, en virtud del cual se constituyó la Corte Penal Internacional (CPI). A continuación, pasamos revista a cinco sistemas nacionales que han demostrado que sí es posible juzgar a los autores de crímenes donde tiene más sentido: ante las cortes del propio país.