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Este año, Colombia conmemora el vigésimo aniversario de la Ley de Justicia y Paz, que estableció el primer mecanismo formal de justicia transicional del país. En este aniversario tan importante, el ICTJ reflexiona sobre la evolución que condujo a esta ley pionera, las lecciones aprendidas hasta el momento y los retos que se avecinan.

La emisión de las primeras sentencias por la JEP marca un punto de inflexión en la justicia transicional del país. Son condenas históricas contra los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Constituyen en sí mismas la materialización de la justicia y expresan un reproche tanto judicial como moral por las atrocidades cometidas. Las sentencias de la JEP, así como la comparecencia sostenida de los responsables durante los últimos ocho años, son una expresión concreta de la implementación y compromiso con el Acuerdo de Paz de 2016.

En alianza con el Center for Media Integrity of the Americas, el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center) y el New York City Bar Association, el ICTJ presentó recientemente la proyección del documental colombiano Después del Frío. El documental, coproducido por el ICTJ y la periodista colombiana María Jimena Duzán, con el apoyo de las Embajadas de Suecia y Noruega en Colombia, presenta un retrato íntimo de una nación en busca de sanación y transformación, donde las cicatrices del pasado dan paso a la esperanza.

Este año, Colombia conmemora el vigésimo aniversario de la Ley 975, que estableció el primer proceso de justicia transicional del país, denominado Justicia y Paz. Con el fin de Justicia y Paz como la primera experiencia de justicia transicional en Colombia y sus aprendizajes para los actuales procesos de la “paz total”, el ICTJ se asoció con la productora Sillón Estudios para crear una serie de cuatro capítulos que profundiza en el proceso de paz con las AUC y analiza esas principales lecciones aprendidas.

Del 2 al 6 de diciembre de 2024, la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), el órgano legislativo y de supervisión administrativa de la corte, celebró su 23.° período de sesiones en La Haya. Como en años anteriores, el ICTJ participó activamente y sus expertos se sumaron a muchos de los debates, compartiendo sus conocimientos y perspectivas. El ICTJ organizó dos eventos paralelos, uno centrado en las víctimas sirias y otro en las reparaciones a las víctimas del norte de Uganda.

En febrero de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su tan esperada orden de reparación en el caso contra Dominic Ongwen. Casi dos décadas después de que la CPI interviniera en el norte de Uganda, esta decisión histórica reconoce el sufrimiento de los sobrevivientes y subraya las complejidades y limitaciones de la justicia internacional. Para las víctimas que han esperado justicia durante más de dos décadas, la orden ha sido agridulce.

Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, los venezolanos de todos los sectores de la sociedad salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva ante los resultados oficiales, su indignación por la terrible crisis económica y política de su país y su exigencia de transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real. En los países que luchan contra violaciones masivas de los derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y avance hacia la paz y la justicia. Lamentablemente, esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

El 13 de agosto de 2024, la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior de Uganda emitió su esperado veredicto en el caso de Uganda contra Thomas Kwoyelo, ex comandante y coronel del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor. Kwoyelo fue condenado por 44 cargos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos durante el conflicto armado que duró décadas en el norte de Uganda entre el LRA y el gobierno ugandés. Esta sentencia representa un hito en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas y un paso crucial hacia el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de estas horribles atrocidades masivas.