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Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

Las disculpas públicas oficiales son un elemento importante de la política de justicia transicional. Como forma de reparación simbólica, una disculpa es un reconocimiento formal, solemne y, en la mayoría de los casos, público de que se cometieron violaciones a los derechos human...

En este análisis, el asociado sénior del ICTJ Cristián Correa expresa preocupación por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que daría pie interpretaciones que condonen el uso de métodos prohibidos por el derecho internacional para combatir la subversión y el terrorismo.

Con la publicación, largamente pospuesta, del informe parcial del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense sobre el Programa de Detención e Interrogación de la CIA, la verdad se ha hecho por fin pública. En este artículo de opinión el presidente del ICTJ, David Tolbert, pide a Estados Unidos que reconozca la verdad, rinda cuentas con los principales responsables y repare a las víctimas de torturas.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine-Wabanaki (CVR), la primera de su especie en Estados Unidos, cumple un año de vida. La CVR es ejemplar porque es fruto de un acuerdo directo entre las naciones indígenas y el estado.

El número de comisiones de la verdad surgidas de negociaciones de paz ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Las lecciones que hemos aprendido ponen de relieve que ya es hora de observar con mirada crítica los desafíos a los que se enfrentan los mediadores, para que estas comisiones puedan responder realmente a las demandas de las víctimas, escribe el presidente del ICTJ, David Tolbert, en este artículo de opinión.

¿Pueden las comisiones de la verdad contribuir a lograr una paz sostenible tras un conflicto violento en el que se han cometido abusos masivos de los derechos humanos? En esta serie especial de podcasts, presentamos una serie de conversaciones con algunos de los más importantes mediadores de paz y expertos en comisiones de la verdad del mundo, con un énfasis en revisar las experiencias de América Latina.

En la brutalidad de un conflicto armado o la tiranía de un régimen represivo, muchas personas desaparecen y nunca son encontradas: ya sea a manos de agentes del Estado o secuestrados por una facción armada, miles de desaparecidos siguen en paradero desconocido hasta el día de hoy. En el Día Internacional de los Desaparecidos, el ICTJ reconoce que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que afectan a las mujeres de forma particular, distinta al impacto que tiene este delito en los hombres.

En esta columna de opinió, el presidente del ICTJ, David Tolbert, critica que EE UU ha alabado públicamente el Estado de derecho cuando se aplica en otros países, ofreciendo un considerable apoyo monetario y político a las víctimas de torturas de regímenes extranjeros; sin embargo, no ha reconocido ni abordado sus obligaciones para con las víctimas de sus propias prácticas en materia de detención. Para recuperar su credibilidad ante el mundo, el Gobierno debe tomar medidas que reconozcan y afronten las violaciones de derechos pasadas, proporcionando reparación a las víctimas de abusos avalados por EEUU.