Mucho antes de la existencia del ICTJ, las sociedades de todo el mundo ya lidiaban con los dilemas de justicia derivados de los conflictos violentos, y las víctimas, las comunidades y sus líderes valientes encontraban sus propias respuestas. Lo que faltaba era un espacio donde las personas que habían participado en esas diversas experiencias pudieran reunirse, compartir conocimientos y lecciones, y construir una comunidad para responder conjuntamente a los desafíos cambiantes en materia de justicia y paz. En 2001, el ICTJ se creó para ser ese espacio y para impulsar un esfuerzo colectivo que abordara las violaciones masivas de los derechos humanos y construyera un futuro pacífico, inclusivo y justo.

En un simposio organizado por el ICTJ en Estambul, artistas, líderes de la sociedad civil, periodistas, académicos y profesionales de la justicia transicional de todo el mundo exploraron cómo el arte puede servir como catalizador del cambio en sociedades que emergen de un conflicto o represión, y expusieron enfoques locales no estatales para la búsqueda y la divulgación de la verdad.

En una entrevista publicada originalmente en "El Espectador", María Camila Moreno, del ICTJ, analiza las primeras decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, las obligaciones del Estado para implementarlas y el lugar vital de la justicia restaurativa para una paz duradera.

En Estados Unidos, los esfuerzos de reparación a nivel municipal han progresado: se han vuelto más dinámicos e innovadores en los últimos años. Sin embargo, lograr que muchas de estas iniciativas sean sostenibles y efectivas sigue siendo un desafío. Basándose en la experiencia naciona...

People seated in a circle speak and laugh

En Colombia, múltiples actores armados compiten por el control territorial y social a escala local. Sin embargo, la respuesta estatal sigue anclada a un marco estratégico y operativo para combatir organizaciones centralizadas y jerárquicas. Este análisis propone avanzar en una reforma...

Image of first page of the briefing paper "From Combat to Territorial Control"

En Colombia, múltiples actores armados compiten por el control territorial y social a escala local. Sin embargo, la respuesta estatal sigue anclada a un marco estratégico y operativo para combatir organizaciones centralizadas y jerárquicas. Este análisis propone avanzar en una reforma...

An aerial view of a group of soldiers interacting with a large civilian crowd in a rural setting

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca extinguir la responsabilidad penal por ciertos actos cometidos en el país durante los últimos 26 años. Si bien la ley ha generado debate, sin duda representa un avance significativo en el panorama político del país.

Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.