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En 2016, la Comisión Nacional Yemení para Investigar Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos comenzó a documentar las violaciones cometidas desde el levantamiento de 2011 y durante la brutal guerra civil posterior, que continúa en la actualidad. Hasta la fecha, la comisión ha documentado más de 23.000 abusos contra los derechos humanos y remitido más de 2.000 casos al Ministerio Público de Yemen para su enjuiciamiento. Sin embargo, no se ha emitido ningún veredicto en ninguno de estos casos. Para ayudar a los comisionados y miembros del poder judicial de Yemen a promover la rendición de cuentas, el ICTJ organizó un taller para ellos sobre mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, para brindar una justicia que satisfaga todas las necesidades de reparación de las víctimas, estos esfuerzos deben ser parte integral de un proceso de justicia transicional más amplio y multifacético.

Mientras las partes de la guerra en Yemen no logran extender el alto al fuego negociado por la ONU, los monitores de campo de la Comisión Nacional de Investigación de Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos (NCIAVHR) continúan documentando e investigando violaciones de derechos humanos, a pesar...

Con la publicación, largamente pospuesta, del informe parcial del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense sobre el Programa de Detención e Interrogación de la CIA, la verdad se ha hecho por fin pública. En este artículo de opinión el presidente del ICTJ, David Tolbert, pide a Estados Unidos que reconozca la verdad, rinda cuentas con los principales responsables y repare a las víctimas de torturas.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine-Wabanaki (CVR), la primera de su especie en Estados Unidos, cumple un año de vida. La CVR es ejemplar porque es fruto de un acuerdo directo entre las naciones indígenas y el estado.

En esta columna de opinió, el presidente del ICTJ, David Tolbert, critica que EE UU ha alabado públicamente el Estado de derecho cuando se aplica en otros países, ofreciendo un considerable apoyo monetario y político a las víctimas de torturas de regímenes extranjeros; sin embargo, no ha reconocido ni abordado sus obligaciones para con las víctimas de sus propias prácticas en materia de detención. Para recuperar su credibilidad ante el mundo, el Gobierno debe tomar medidas que reconozcan y afronten las violaciones de derechos pasadas, proporcionando reparación a las víctimas de abusos avalados por EEUU.

En nuestro trabajo como asesores de sociedades de todo el mundo, contínuamente nos inspiran personas y comunidades que se niegan a ignorar los abusos del pasado, y que a menudo se enfrentan a grandes obstáculos para arrojar luz sobre éstos. Para honrar su coraje, les invitamos a leer una selección de perspectivas sobre la verdad y la dignidad de aquellos que con sus palabras han forajdo una idea sólida: que la verdad es la base de la justicia. Súmese a la conversación global a través de las redes sociales.

Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, destacados activistas indígenas se reunirán con sus homólogos y expertos de todo el mundo en la Universidad de Columbia para analizar cuál es la mejor manera de utilizar esos mecanismos para afianzar el derecho a la verdad y mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

El martes 12 de febrero de 2013, más de 200 personas, entre ellas representantes del ICTJ, se reunieron en el Estado de Maine, en el noreste de los Estados Unidos, para celebrar el acto oficial de constitución de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine Wabanaki. El día de la ceremonia una serie de actuaciones y oraciones dieron oficialmente comienzo a un proceso de tres años durante el cual se indagará en la asimilación forzada de los niños wabanaki a través de los servicios sociales públicos de asistencia a la infancia.

Cada vez es más habitual que diversas medidas de justicia transicional aborden los derechos indígenas y el ICTJ participa activamente en la elaboración de un discurso que defiende la utilidad de las comisiones de la verdad y otros mecanismos de justicia transicional en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.