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El 29 de febrero de 2024, el Comité Técnico Conjunto conformado por Gambia y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sostuvo su reunión inaugural sobre el establecimiento de un tribunal híbrido para atribuir responsabilidad a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos entre julio de 1994 y enero de 2017 durante la dictadura del ex presidente Yahya Jammeh. Un tribunal internacionalizado de este tipo representa una oportunidad para que se administre responsabilidad penal a favor de las víctimas y la sociedad gambiana. También es el paso más reciente en el camino de la justicia transicional en Gambia.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

En 2021, la República Centroafricana creó la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación (CVJRR) para establecer la verdad, buscar justicia y restaurar la dignidad de las víctimas, con miras a lograr la reconciliación nacional. En este frágil país, azotado por sucesivos episodios de violencia, las víctimas exigen justicia durante toda su vida. Después de una larga fase de puesta en marcha, la CVJRR finalmente se está preparando para comenzar a registrar y escuchar los testimonios de las víctimas. El primer paso en este proceso es la toma de declaraciones, lo que requiere varios factores clave para tener éxito.

A lo largo de 2023, los expertos del ICTJ han ofrecido su perspectiva única sobre las noticias de última hora en todo el mundo como parte del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios han puesto de relieve el impacto que estos acontecimientos tienen en las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en luchas más amplias por la paz y la justicia. En esta edición, recordamos el año pasado a través de la columna Expert's Choice.

El 25 de octubre, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea lanzaron oficialmente su Iniciativa conjunta para la Justicia Transicional en África (ITJA) en Addis Abeba. El proyecto se llevará a cabo durante un período de tres años y promoverá procesos nacionales de justicia transicional en África, en línea con la Política de Justicia Transicional de la UA y su hoja de ruta. La ITJA tiene varias características únicas que, si todos los actores las adoptan y promueven, tienen el potencial de abrir un camino nuevo e inspirador hacia la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en el continente africano.

El 15 de octubre, el Secretario General de la ONU hizo dos fuertes llamamientos humanitarios: que Hamás libere a los rehenes inmediatamente y sin condiciones, y que Israel permita que la ayuda humanitaria entre en Gaza sin obstáculos para que pueda llegar a los civiles que la necesitan desesperadamente. El Consejo de Seguridad de la ONU oyó sus palabras, pero no las escuchó. Mientras tanto, que los gobiernos con poder para persuadir a los actores involucrados en las hostilidades a respetar el Estado de derecho no lo han hecho. Sin embargo, el imperativo moral es claro y simple.

Los días 18 y 19 de septiembre, los líderes mundiales se reunieron en Nueva York para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacer un balance del progreso que la comunidad global ha logrado hacia el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los desafíos que aún enfrenta. En la cumbre, la Asamblea General de la ONU adoptó una declaración política que afirma que el cumplimiento de los ODS está “en peligro”, describe la lentitud de los avances y asegura que en algunos países, como resultado de múltples crisis superpuestas tales como conflictos armados persistentes, se han visto incluso retrocesos. La comunidad internacional debe ir más allá y especificar los obstáculos que enfrentan las sociedades afectadas por conflictos y abusos generalizados y el papel que los derechos humanos pueden desempeñar para superarlos.

Hace cinco años, en agosto de 2018, para conmemorar sus 100 días en el cargo, el Primer Ministro armenio Pashinyan se dirigió a una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván para anunciar oficialmente las intenciones de su gobierno de incorporar mecanismos de justicia transicional en la agenda de reforma armenia posrevolucionaria. Desde entonces, Armenia ha estado implementando una serie de iniciativas de justicia transicional junto con otras reformas democráticas, y ha logrado algunos avances limitados, a pesar de reveses y desafíos importantes, incluido un nuevo conflicto con Azerbaiyán.

El 17 de julio de 2023 marcó 25 años desde que se adoptó el Estatuto de Roma en una conferencia en Roma, Italia. El estatuto creó la primera corte internacional permanente del mundo, la Corte Penal Internacional, que probablemente fue el hito más importante en la justicia penal internacional desde los juicios de Nuremberg y Tokio de mediados del siglo XX. Señaló la firme intención de muchas naciones de abordar la impunidad en curso de los crímenes más graves conocidos por la humanidad. Sin embargo, después de 25 años, la CPI aún no ha alcanzado todo su potencial.

Hace ocho años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos en un esfuerzo por crear conciencia sobre esta táctica endémica de guerra; honrar a las innumerables víctimas y sobrevivientes en todo el mundo, así como a quienes trabajan para poner fin a estas violaciones; y finalmente, erradicar esta práctica deshumanizante. La historia ha demostrado que cada vez que hay una crisis política o de seguridad yuxtapuesta a una respuesta militarizada, la violencia sexual relacionada con el conflicto se despliega como táctica para someter, deshumanizar y aterrorizar a civiles y opositores.

El 12 de mayo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa acordó crear un mecanismo para recibir reclamaciones por daños causados por el crimen de agresión ruso en Ucrania. El nuevo registro está destinado a recibir información sobre reclamos por daños, pérdidas o lesiones causados por la invasión rusa de Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 y evaluar su elegibilidad para adjudicaciones o compensaciones futuras. Muchos de los principales defensores del registro saludan su creación como un paso clave hacia la rendición de cuentas por las numerosas violaciones del derecho internacional que Rusia ha cometido en o contra Ucrania. Sin embargo, el registro por sí solo no será suficiente para abordar la multitud de daños causados por la guerra.

El 21 de marzo, el parlamento de Uganda aprobó el proyecto de ley contra la homosexualidad, adoptando la ley anti-LGBTQ+ más dura del mundo. Según él, la homosexualidad se castiga con cadena perpetua, mientras que la "homosexualidad agravada" se castiga con la muerte. El proyecto de ley no solo amenaza los derechos de las personas LGBTQ+, sino que socava y erosiona el compromiso de Uganda con los derechos humanos.

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue elegido para el cargo en una campaña progresista para fortalecer la democracia, implementar reformas sociales y traer "paz total" al país. Su enfoque de la paz abarca negociaciones políticas con todos los grupos insurgentes restantes y diálogos simultáneos con organizaciones criminales orientados a su sumisión voluntaria a la justicia a cambio de indulgencia punitiva. Pero ocho meses después de su administración, los esfuerzos de Petro para cumplir su promesa de campaña enfrentan numerosos desafíos.

Durante 112 años, el Día Internacional de la Mujer ha sido un momento para celebrar los logros de las mujeres y crear conciencia sobre la desigualdad de género. El 8 de marzo, la campaña #EmbraceEquity de este año destacará la contribución de las mujeres en varios campos, al tiempo que destacará los desafíos que enfrentan en otras industrias. Eliminar las barreras de acceso de las mujeres a los recursos económicos, políticos y sociales es fundamental para crear y mantener una sociedad democrática estable. A menudo, los regímenes represivos buscan ejercer un control sistemático sobre la vida de las mujeres. De manera similar, una erosión de los derechos de las mujeres en las democracias “estables” es a menudo un presagio de un ataque más amplio a los derechos de los ciudadanos.

El final de 2022 en Venezuela estuvo marcado por señales de voluntad de todos los partidos de dar pasos concretos hacia la democracia. El gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones y acordaron permitir que Naciones Unidas administre un fondo por miles de millones de dólares en activos congelados, que se liberarían gradualmente para abordar la crisis humanitaria del país. Estados Unidos autorizó a la Corporación Chevron a reanudar operaciones limitadas de importación de petróleo venezolano. Finalmente, la Asamblea Nacional de 2015 votó a favor de poner fin al gobierno interino liderado por la oposición. Si bien estos pasos son iniciales para crear las condiciones para la confianza entre las partes, ofrecen oportunidades para mejorar las terribles circunstancias en las que viven actualmente muchos venezolanos.

Ocho años después de una guerra brutal, el pueblo de Yemen sigue sufriendo la peor crisis humanitaria del mundo. La guerra ha provocado más de 370.000 muertes, más de la mitad de las cuales están relacionadas con causas indirectas como el hambre y enfermedades prevenibles. Alrededor de 4 millones de...

Desde que las fuerzas armadas rusas invadieron Ucrania a fines de febrero de 2022, la terrible naturaleza de la violencia que sufrieron los civiles ucranianos a manos de los soldados rusos ha conmocionado al mundo. Al momento de escribir este artículo, ha habido 16.000 informes de presuntos crímenes...

En la última ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul el 29 de marzo, el presidente turco Tayyip Erdogan llamó a ambas delegaciones a actuar con responsabilidad y acordar un alto al fuego. Les recordó su misión histórica de lograr una paz justa. No hay nadie que se oponga a tal declaración. Sin embargo, como hemos visto antes en muchos otros conflictos, definir qué significa justicia en el contexto de la guerra puede representar un obstáculo aparentemente insuperable.

Afganistán es un trágico ejemplo de cómo un país en transición puede revertir drásticamente el arduo camino hacia la paz y la democracia y regresar a un abismo de violencia y represión a una velocidad vertiginosa. En el lapso de unas pocas semanas, los talibanes recuperaron el control del país. Cuando finalmente entraron en Kabul, el gobierno afgano respaldado internacionalmente colapsó. Ahora al mando, los talibanes no han perdido tiempo en demostrar su objetivo de volver a imponer el mismo gobierno extremista y opresivo, a pesar de las declaraciones iniciales que afirman un compromiso con la paz y los derechos humanos.

Solo hace falta echar un vistazo rápido a las noticias para ver cómo el mundo ha vuelto a fallar a los civiles afganos. Afganistán no ha tenido muchos años buenos en las últimas cuatro décadas de guerra, pero los últimos 15 meses han sido decididamente tensos. El caos actual y el aumento de la violencia son prueba de que, a pesar de lo que ha proclamado el gobierno de los EE. UU., la “guerra eterna” continúa. La paz y la justicia significativa y centrada en las víctimas siguen siendo esquivas.

Puede parecer trivial para mí escribir acerca de por qué aquellos que continúan señalando el 17 de julio como el "Día Internacional de la Justicia" deberían finalmente dejar de llamarlo así. Muchos grupos de derechos humanos (incluido el ICTJ), agencias de las Naciones Unidas y gobiernos han estado usando públicamente esa frase desde 2010. Es para las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los abusos que constituyen crímenes internacionales en virtud del Estatuto de Roma, que es importante acabar con la idea errónea que fomenta la frase.