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En 2021, la República Centroafricana creó la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación (CVJRR) para establecer la verdad, buscar justicia y restaurar la dignidad de las víctimas, con miras a lograr la reconciliación nacional. En este frágil país, azotado por sucesivos episodios de violencia, las víctimas exigen justicia durante toda su vida. Después de una larga fase de puesta en marcha, la CVJRR finalmente se está preparando para comenzar a registrar y escuchar los testimonios de las víctimas. El primer paso en este proceso es la toma de declaraciones, lo que requiere varios factores clave para tener éxito.

En los últimos años, los Estados han impuesto cada vez más sanciones relacionadas con la comisión de violaciones de derechos humanos, lo que ha ampliado su potencial para promover los objetivos de la justicia transicional. En este contexto, el ICTJ publicó recientemente un nuevo informe que ofrece un análisis de las sanciones internacionales desde una perspectiva de justicia transicional. En esta entrevista, la autora del informe, la experta sénior del ICTJ, Elena Naughton, analiza cómo las sanciones pueden impulsar o dificultar los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas, reconocer y reparar a las víctimas, y prevenir la recurrencia de los abusos masivos de derechos humanos.

Catorce miembros de la sociedad civil siria se reunieron recientemente en un taller de cinco días sobre facilitación comunitaria y justicia transicional, organizado por ICTJ y sus socios en el proyecto Puentes de la Verdad. El taller representó un paso importante en la preparación de los amplios diálogos comunitarios que tendrán lugar en toda Siria en los próximos meses.

Del 25 de mayo al 1 de junio de 2025, el ICTJ organizó una serie de diálogos comunitarios en tres regiones rurales de Gambia sobre violencia sexual y de género, incluyendo crímenes cometidos durante la dictadura de Yahya Jammeh. Los diálogos reunieron a 122 personas, entre ellas líderes comunitarios, víctimas y jóvenes, para compartir sus experiencias y debatir caminos hacia la justicia.

La guerra continua en el Medio Oriente no es un hecho aislado. Representa un ciclo de violencia de 75 años, marcado por agravios históricos, luchas geopolíticas y crisis humanitarias que persisten desde hace décadas. En el último episodio de esta trágica historia, el Líbano se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Hasta ahora, el conflicto ha causado una destrucción generalizada, miles de muertos y heridos y más de un millón de personas desplazadas en el Líbano. El país se enfrenta ahora a muchas preguntas intimidantes sobre la reconstrucción, las reparaciones a las víctimas y el tipo de sociedad que surgirá después de la guerra.

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.

Ocho años después de una guerra brutal, el pueblo de Yemen sigue sufriendo la peor crisis humanitaria del mundo. La guerra ha provocado más de 370.000 muertes, más de la mitad de las cuales están relacionadas con causas indirectas como el hambre y enfermedades prevenibles. Alrededor de 4 millones de...

El 15 de octubre, el Secretario General de la ONU hizo dos fuertes llamamientos humanitarios: que Hamás libere a los rehenes inmediatamente y sin condiciones, y que Israel permita que la ayuda humanitaria entre en Gaza sin obstáculos para que pueda llegar a los civiles que la necesitan desesperadamente. El Consejo de Seguridad de la ONU oyó sus palabras, pero no las escuchó. Mientras tanto, que los gobiernos con poder para persuadir a los actores involucrados en las hostilidades a respetar el Estado de derecho no lo han hecho. Sin embargo, el imperativo moral es claro y simple.

El ICTJ acompañó a más de 10 víctimas sudanesas a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para asistir a las declaraciones finales en el caso El Fiscal contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"). Las declaraciones tuvieron lugar del 11 al 13 de diciembre. El ICTJ apoyó a la CPI en la selección de las partes interesadas, que fueron elegidas por sus fuertes vínculos con las comunidades afectadas.