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La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó un paso decisivo para poner fin a la exclusión de las mujeres de los procesos de construcción de paz en el mundo. En ocasión de los 20 años de la resolución 1325, el ICTJ quiere compartir la historia de María Camila Moreno Múnera, directora de nuestra oficina en Colombia y ejemplo tangible del potencial del liderazgo femenino en procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La reforma constitucional que el gobierno colombiano promueve para facilitar los futuros diálogos de paz plantea temas cruciales, pero “pone la carreta delante de los bueyes”. La justicia transicional sirve para una paz duradera pero no como incentivo para unas negociaciones: ¿Cómo conciliar paz verdadera con justicia verdadera?

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

El ICTJ se complace en anunciar “Overseas: Concurso de escritura”, una convocatoria abierta para jóvenes inmigrantes originarios o actuales residentes en el Líbano, Libia o Túnez para que compartan sus experiencias personales de migración en forma de un breve testimonio escrito.

Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, el régimen ha implementado una serie de políticas que restringen severamente a los medios independientes y les otorgan un control casi total sobre los medios de comunicación y su contenido. Kobra Moradi es abogado e investigador que trabaja con la Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán y autora del informe reciente Restricciones y violaciones a los medios afganos bajo el Talibán. El ICTJ se reunió con el autor para obtener más información sobre el impacto que han tenido estas restricciones en los periodistas y la prensa libre, y el importante papel que aún pueden desempeñar los medios en un régimen tan represivo.

Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, los venezolanos de todos los sectores de la sociedad salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva ante los resultados oficiales, su indignación por la terrible crisis económica y política de su país y su exigencia de transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real. En los países que luchan contra violaciones masivas de los derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y avance hacia la paz y la justicia. Lamentablemente, esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

El 28 de noviembre de 2023, el ICTJ organizó un diálogo internacional en Bogotá, Colombia, para compartir estrategias innovadoras para promover los derechos de las víctimas a obtener reparación por abusos contra los derechos humanos y para establecer políticas de desarrollo más centradas en las víctimas. La reunión también marcó el lanzamiento oficial del nuevo informe del ICTJ: Promoción de los derechos de las víctimas y construcción de comunidades justas: estrategias locales para lograr la reparación como parte del desarrollo sostenible, que presenta las conclusiones de un estudio comparativo de dos años de duración sobre los esfuerzos locales en Colombia, Gambia, Túnez y Uganda para avanzar en las reparaciones.

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

Con el fin de reforzar la legitimidad del proceso de diálogo que se adelanta en La Habana y que debería conducir a un pacto histórico que podría marcar profundamente el futuro del país, miles de colombianos salen hoy a las calles para manifestar su respaldo a estos diálogos en una gran movilización por la paz, la democracia y la defensa de lo público, cuyo lema es ¡Somos más: Ahora sí la paz!

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue elegido para el cargo en una campaña progresista para fortalecer la democracia, implementar reformas sociales y traer "paz total" al país. Su enfoque de la paz abarca negociaciones políticas con todos los grupos insurgentes restantes y diálogos simultáneos con organizaciones criminales orientados a su sumisión voluntaria a la justicia a cambio de indulgencia punitiva. Pero ocho meses después de su administración, los esfuerzos de Petro para cumplir su promesa de campaña enfrentan numerosos desafíos.

Nousha Kabawat y Elena Naughton El 15 de septiembre, el ICTJ organizó un evento paralelo sobre los desaparecidos en Siria, patrocinado por los gobiernos de Luxemburgo y Finlandia, durante la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El evento abordó una propuesta reciente para la...

Solo hace falta echar un vistazo rápido a las noticias para ver cómo el mundo ha vuelto a fallar a los civiles afganos. Afganistán no ha tenido muchos años buenos en las últimas cuatro décadas de guerra, pero los últimos 15 meses han sido decididamente tensos. El caos actual y el aumento de la violencia son prueba de que, a pesar de lo que ha proclamado el gobierno de los EE. UU., la “guerra eterna” continúa. La paz y la justicia significativa y centrada en las víctimas siguen siendo esquivas.

Después de una pausa de varios años, ICTJ ha reanudado recientemente su trabajo en Afganistán. El mes pasado, el pasante de comunicación del ICTJ, Edward Mercado-Gumbs, se reunió con la experta y codirectora del programa del ICTJ en Afganistán, Reem El Gantri, para analizar el renovado compromiso del ICTJ en el país, así como las perspectivas sobre justicia y paz allí.

El ICTJ se complace en anunciar los ganadores de su concurso de escritura “Overseas”. En él, se pidió a jóvenes originarios o residentes actualmente en el Líbano, Libia o Túnez que habían abandonado sus países de origen por razones políticas o socioeconómicas que compartieran sus experiencias personales de migración en forma de un breve testimonio escrito.

El 2 y 3 de marzo de 2020, el ICTJ llevó a cabo una conferencia de alto nivel en Túnez, Túnez, sobre la lucha contra la corrupción y la recuperación de bienes malhabidos como un elemento primordial para los procesos de justicia transicional

In the aftermath of armed conflict or repression, communities often struggle to rebuild social relations that have been damaged or destroyed by violence and abuse. Restorative justice can potentially play a valuable role in such societies, bringing together the people who have been harmed by crimes and the individuals responsible for those harms, often in the form of a dialogue, to address the offense and its consequences. A new ICTJ research report offers insight and guidance on the use of a restorative justice framework in responding to massive and grave human rights violations, drawing primarily from experiences in Colombia, Sierra Leone, Tunisia, and the Philippines’ Bangsamoro region.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

El ICTJ resalta la importancia del Auto No. 19 de determinación de hechos y conductas, emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP el día 26 de enero de 2021, en el marco del caso 01 que denominó “Toma de rehenes y graves...

Después de varios meses de un profundo debate en el Congreso de la República, en los medios de comunicación y en distintos escenarios públicos, el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que busca articular diferentes mecanismos de justicia transicional. Esta reforma constitucional...

En febrero de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizó un evento en Seúl, Corea del Sur, para conmemorar el décimo aniversario de la publicación del informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea. El experto principal del ICTJ, Rubén Carranza, habló en el evento y analizó las lecciones aprendidas relacionadas con formas no judiciales de rendición de cuentas. En esta entrevista, habla sobre por qué es necesario un enfoque más amplio de la justicia transicional y cómo las medidas de justicia transicional pueden ayudar a promover la paz y una posible reunificación en la península.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

En 2023, el movimiento hip hop cumple 50 años. Para honrar sus contribuciones a la lucha por la justicia, la verdad y la igualdad, la Fundación Skoll organizó un panel de discusión y un concierto con artistas de hip hop, incluido el cofundador del legendario grupo de rap Run-DMC Darryl McDaniels y el rapero y productor colombiano Ali aka Mind como parte de su 20mo Foro Mundial realizado en abril en Oxford, Reino Unido. ICTJ, que recibió el Premio Skoll a la Innovación Social en 2009 y se asoció con la Fundación Skoll desde entonces, invitó a Ali aka Mind como representante de Rexistencia Hip Hop, un laboratorio de creación y tutoría artística dirigido por la oficina de ICTJ en Colombia y el medio latinoamericano y fundación Cartel Urbano.

Con la presencia de miembros de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de Justicia y Paz, organizaciones de defensores de derechos humanos de Bogotá, Santander, Atlántico, entre otros, se desarrolló el evento Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz, el 14 de mayo en Bogotá.