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El presente informe es el cuarto en una serie de reportes de seguimiento de la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas ejecutado en Perú entre 2007 y 2011. Se trata de un trabajo en conjunto del ICTJ y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), de Perú. El informe busca conocer los efectos de esta política de reparación, a través de consultar la opinión de sus beneficiarios y traer las voces de las comunidades de los Andes y la Amazonia para responder a la pregunta de en qué grado esta política ha logrado ser reparadora.

Si bien en Colombia no se ha instaurado una comisión de la verdad, las iniciativas de Memoria sobre el conflicto y la violencia política proliferan en el país. En las regiones, comunidades, centros académicos, instituciones del Estado y organizaciones sociales han desarrollado iniciativas como el...

Una vez aprobada la Ley, sigue la parte dura de atender y resarcir a las víctimas. Definir el universo de los beneficiarios, no entregar el registro a la misma entidad que hará los desembolsos, coordinar las tareas de la Nación y de los municipios, y sobre todo dignificar de veras a las víctimas, son las grandes tareas que el Estado debe cumplir de ahora en adelante.

Un análisis sobre la necesidad de que ambas instancias coexistan en Colombia, para garantizar que las reparaciones sean efectivas y se extiendan al universo enorme de las de víctimas del conflicto armado.

El 9 de abril, Colombia conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. La ley de víctimas estableció este día para que el Estado colombiano realice “eventos de memoria y de reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas”. Hoy, cuando Colombia empieza a pensar en el significado de este día nacional, algunas víctimas y organizaciones sociales consideran que éste es un llamado a la movilización de la sociedad, un día para que las víctimas sean escuchadas, para obtener respuestas del Estado y para crear acercamientos en una sociedad altamente dividida.

La ley de víctimas les dio voz y fecha: el Congreso las recibirá cada año para escucharlas y solidarizarse con su sufrimiento, en nombre de toda la sociedad. Otros actos oficiales dan fe del cambio de clima y de actitud con respecto a las víctimas. Pero efectos concretos, todavía no se ven, escribe María Camila Moreno, directora del Programa Colombia del ICTJ.

Dentro del marco del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que tiene lugar estos días en Nueva York, el ICTJ reunió a varios representantes de comunidades indígenas latinoamericanas en un evento para debatir sobre el aporte de las comisiones de la verdad a la hora de develar las violaciones de derechos humanos sufridas por estas comunidades.

Con la presencia de miembros de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de Justicia y Paz, organizaciones de defensores de derechos humanos de Bogotá, Santander, Atlántico, entre otros, se desarrolló el evento Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz, el 14 de mayo en Bogotá.

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

El próximo miércoles 1 de agosto se realizará el acto de lanzamiento del documental “Y sin embargo, crecen flores”, una producción del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) que presenta la historia de dos mujeres víctimas del conflicto armado y líderes en la búsqueda de una reparación digna.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

“No puede haber reparaciones en clave de género si no hay previamente verdad en clave de género”. Con esta aseveración, Julie Guillerot abrió un camino a la construcción de propuestas en el Seminario Internacional “Reparación transformadora a Mujeres víctimas del conflicto armado”, realizado en Bogotá el pasado 16 de noviembre. El Seminario contó con la participación de las más importantes organizaciones nacionales de mujeres de Colombia, de organizaciones de mujeres víctimas en diversas regiones del país, de las entidades del Estado que desarrollan las políticas de reparación, y de invitados internacionales.

Entre los grupos poblacionales afectados por la violencia en conflictos armados o regímenes represivos, los niños y jóvenes son algunos de los más vulnerables. Cuando los vacíos en la garantía de los derechos humanos básicos llegan a ser normales para una sociedad, los estándares de educación, relaciones familiares y recreación que reciben los menores los dejan en situación de alta vulnerabilidad al maltrato físico y psicológico, al desplazamiento, el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales y otras formas de explotación.

El Perú aún necesita aceptar su historia y avanzar hacia el país inclusivo y democrático que desea ser. Esto exige ofrecer reparaciones en la forma integral definida por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, escribe Cristián Correa en esta columna de opinión.

En este nuevo informe, el ICTJ presenta una perspectiva para guiar la reparación y reintegración de los niños, niñas y jóvenes victimas de reclutamiento ilícito en Colombia, así como un análisis de los programas implementados hasta ahora por parte de las instituciones colombianas para la reinserción y reparación de menores desvinculados de grupos armados.

En este nuevo informe, el ICTJ y la Casa de la Mujer analizan los obstáculos que las mujeres y sus organizaciones enfrentan en los procesos de participación, implementación, atención y reparación establecidas por la Ley de Víctimas. El informe también hace recomendaciones para que la implementación de la ley contribuya a una reparación integral y significativa para las mujeres.

A tres años del inicio de su ejecución, el ICTJ presenta un análisis sobre la implementación del Programa de Reparaciones Individuales establecido por la Ley 1448. El informe examina en profundidad los aspectos positivos y las falencias tanto en el diseño como en la implementación de este programa, y propone recomendaciones para hacer más efectiva la ambiciosa tarea de reparar a las víctimas colombianas, que actualmente sienten que la promesa de la reparación solo ha sido parcialmente cumplida.

Para hacer un seguimiento desde la sociedad civil al diseño y la implementación de las políticas de reparación colectiva, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), con la asistencia del ICTJ y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, ha creado el Observatorio de Procesos de Reparación Colectiva.

Cuando se conmemora el centenario del genocidio armenio, el presidente del ICTJ defiende que el Gobierno turco debería abandonar la política de la negación sobre la masacre de más de un millón y medio de armenios en 1915.

Conversamos con Fernando Kosovsky, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), sobre las estrategias judiciales y no judiciales que están desarrollando para reivindicar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación del pueblo mapuche.

En Colombia no existe una cifra exacta de cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada a raíz del conflicto armado. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica registra 80.472 víctimas entre 1970 y 2018, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas (UARIV) contabiliza 47,762 personas desaparecidas. Lo que ambas instituciones afirman es que la mayoría son civiles.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

En Venezuela hay hoy un vacío de representatividad y de confianza en los actores políticos partidistas. Sin embargo, esta situación abre una oportunidad para otros actores y otras miradas, hasta el momento demonizadas por ambos extremos. La sociedad civil, con la legitimidad que le otorga su trabajo enfrentando la crisis humanitaria y defendiendo los derechos humanos, puede aprovechar esta oportunidad.

Aunque la verdad de las víctimas en Colombia, largamente ignorada, necesita conocerse y escucharse, la historia completa de una guerra no puede saberse sin el relato de quienes tomaron las armas. Son ellos los que pueden dar razón de los por qué y para qué de su lucha, de los intereses que defendieron y con quiénes se aliaron, de cómo la guerra se degradó y les degradó hasta el punto de cometer violaciones y atrocidades y justificarlas, y del proceso posterior de reflexión y reconocimiento que es imprescindible para construir la paz del país.

A medida que avanzan los planes para construir un enorme centro de distribución de Wegmans, los residentes de la histórica comunidad negra de Brown Grove, Virginia, exigen reconocimiento y reparación.