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El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue elegido para el cargo en una campaña progresista para fortalecer la democracia, implementar reformas sociales y traer "paz total" al país. Su enfoque de la paz abarca negociaciones políticas con todos los grupos insurgentes restantes y diálogos simultáneos con organizaciones criminales orientados a su sumisión voluntaria a la justicia a cambio de indulgencia punitiva. Pero ocho meses después de su administración, los esfuerzos de Petro para cumplir su promesa de campaña enfrentan numerosos desafíos.

En 2016, la Comisión Nacional Yemení para Investigar Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos comenzó a documentar las violaciones cometidas desde el levantamiento de 2011 y durante la brutal guerra civil posterior, que continúa en la actualidad. Hasta la fecha, la comisión ha documentado más de 23.000 abusos contra los derechos humanos y remitido más de 2.000 casos al Ministerio Público de Yemen para su enjuiciamiento. Sin embargo, no se ha emitido ningún veredicto en ninguno de estos casos. Para ayudar a los comisionados y miembros del poder judicial de Yemen a promover la rendición de cuentas, el ICTJ organizó un taller para ellos sobre mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, para brindar una justicia que satisfaga todas las necesidades de reparación de las víctimas, estos esfuerzos deben ser parte integral de un proceso de justicia transicional más amplio y multifacético.

El ICTJ publica un nuevo documento informativo, "Reflexiones sobre la rendición de cuentas centrada en las víctimas en Ucrania". El documento examina las diversas acciones que se han tomado o se están considerando para investigar y enjuiciar los crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos en Ucrania. El documento explora los innumerables desafíos que enfrentan y cómo las herramientas del campo de la justicia transicional se pueden aplicar en conjunto para brindar justicia y reparación a las víctimas y sentar las bases para una Ucrania más inclusiva y democrática.

El final de 2022 en Venezuela estuvo marcado por señales de voluntad de todos los partidos de dar pasos concretos hacia la democracia. El gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones y acordaron permitir que Naciones Unidas administre un fondo por miles de millones de dólares en activos congelados, que se liberarían gradualmente para abordar la crisis humanitaria del país. Estados Unidos autorizó a la Corporación Chevron a reanudar operaciones limitadas de importación de petróleo venezolano. Finalmente, la Asamblea Nacional de 2015 votó a favor de poner fin al gobierno interino liderado por la oposición. Si bien estos pasos son iniciales para crear las condiciones para la confianza entre las partes, ofrecen oportunidades para mejorar las terribles circunstancias en las que viven actualmente muchos venezolanos.

Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, el régimen ha implementado una serie de políticas que restringen severamente a los medios independientes y les otorgan un control casi total sobre los medios de comunicación y su contenido. Kobra Moradi es abogado e investigador que trabaja con la Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán y autora del informe reciente Restricciones y violaciones a los medios afganos bajo el Talibán . El ICTJ se reunió con el autor para obtener más información sobre el impacto que han tenido estas restricciones en los periodistas y la prensa libre, y el importante papel que aún pueden desempeñar los medios en un régimen tan represivo.

ICTJ y el proyecto Bridges of Truth están lanzando Tomorrow We Continue, un nuevo cortometraje animado que sigue a una joven madre de dos hijos cuyo esposo fue detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad en Siria hace algunos años. La película lleva al espectador en su viaje como refugiada en busca de seguridad en Berlín y describe las luchas diarias que enfrenta una vez que se instala mientras trata de ganarse la vida y cuidar a sus hijos mientras continúa buscando a su esposo. Desde que comenzó el levantamiento en Siria en 2011, más de 100.000 personas han sido desaparecidas o detenidas arbitrariamente. Las familias que dejan atrás pueden mudarse a lugares más seguros como refugiados, pero la búsqueda de sus seres queridos persiste dondequiera que vayan. Esta película es una de sus historias.

Estados Unidos nunca ha enfrentado colectivamente su historia de colonialismo, esclavitud y racismo en un esfuerzo por reformar los sistemas que perpetúan los daños a las comunidades negras y otros grupos marginados, o para reparar estos errores. Los acontecimientos de los últimos años, sin embargo, han amplificado los llamados a una acción significativa para tener en cuenta el pasado. Dado que la búsqueda de la verdad es parte integral de la investigación de errores pasados, el ICTJ y una coalición de profesionales de varias firmas de abogados han publicado un nuevo informe que examina las experiencias de las comisiones oficiales de la verdad de todo el mundo para identificar consideraciones relevantes para las partes interesadas de EE. UU.

Libyan civil society organizations are fighting against all odds to support victims of human rights violations. In doing so, they themselves risk violence and do their work despite the visible and invisible pain they feel and the innumerable obstacles placed in front of them. Renewed global attention on the Libyan conflict and two new draft laws to protect activists and others may help.