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En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó un paso decisivo para poner fin a la exclusión de las mujeres de los procesos de construcción de paz en el mundo. En ocasión de los 20 años de la resolución 1325, el ICTJ quiere compartir la historia de María Camila Moreno Múnera, directora de nuestra oficina en Colombia y ejemplo tangible del potencial del liderazgo femenino en procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

No es demasiado temprano para considerar una agenda de justicia transicional para Venezuela. Varias organizaciones de sociedad civil en el país ya están debatiendo qué violaciones a los derechos humanos e injusticias históricas debieran ser priorizadas en un proceso de búsqueda de la verdad. Estas deliberaciones podrían llevar a acuerdos entre víctimas y sociedad civil acerca de los abusos que deben ser esclarecidos, reconocidos e investigados. La oposición, a su vez, podría incorporar estos acuerdos a su propuesta de transición negociada y a su mensaje de inclusión y esperanza. Si es posible celebrar elecciones justas y creíbles, sólo tendrían sentido si hay claras garantías a aquellos que pierdan no van a sufrir persecución política o represalias y que van a tener un espacio en una futura democracia.

Esta es la traducción del comunicado realizado por el director del ICTJ, Fernando Travesí, el 5 de junio de 2020. Sucedió otra vez. El nombre de George Floyd se sumó a la trágica y larga lista de personas de color que han muerto como resultado directo de la larga historia de racismo y supremacía...

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

El pasado jueves 12 de diciembre, la corporación Vivamos Humanos otorgó el premio Alfonso López Michelsen 2019 a la directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia, María Camila Moreno Múnera, por su valioso aporte a la búsqueda de la paz y el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Esta es la declaración construida por 30 excombatientes de distintos grupos armados de Colombia, dada a la opinión pública y a la Comisión de la Verdad. Estos hombres y mujeres trabajaron durante 8 meses con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, ABCPaz y la Comisión de la Verdad...

En Colombia no existe una cifra exacta de cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada a raíz del conflicto armado. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica registra 80.472 víctimas entre 1970 y 2018, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas (UARIV) contabiliza 47,762 personas desaparecidas. Lo que ambas instituciones afirman es que la mayoría son civiles.

Esta es la intervención de la directora del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, en la primera rendición de cuentas de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia.

El ICTJ presentó un amicus curiae analizando el decreto que estipula la organización y el funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Estos son los puntos más relevantes de nuestro análisis.

El ICTJ celebra el compromiso de Colombia con la verdad y la memoria, materializado ayer con la firma de los decretos leyes que crean la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado.

Conversamos con Fernando Kosovsky, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), sobre las estrategias judiciales y no judiciales que están desarrollando para reivindicar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación del pueblo mapuche.

ICTJ celebra que el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) hayan logrado acordar una serie de modificaciones en el acuerdo de paz, respondiendo a los resultados del plebiscito celebrado el 2 de octubre, en el que los votos contrarios al acuerdo superaron a los votos a favor.

Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado expresan su consternación ante el allanamiento de la residencia del abogado y defensor guatemalteco de los derechos humanos, Ramón Cadena, Director en Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, ocurrido el pasado 15 de agosto.

El ICTJ saluda el inicio de la fase pública de la mesa de diálogo entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este nuevo proceso abre la posibilidad real de una paz completa en Colombia y una fase nueva en su historia.

En un nuevo análisis, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) aborda uno de los puntos cruciales de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP): la posibilidad de recurrir a la amnistía más amplia posible y al indulto como parte del tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco de más de cincuenta años de conflicto armado.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, analiza el acuerdo de justicia penal anunciado por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC y señala qué aspectos deben todavía aclararse para asegurar que este garantice a todas las víctimas del conflicto armado la justicia que merecen.

El ICTJ junto a otras organizaciones realizaron en Bogotá dos foros para poner sobre la mesa las prioridades de las víctimas y la sociedad en cuanto a la creación de la comisión de la verdad. Personas de distintos lugares del país acudieron a la capital para expresar sus propuestas, visiones y dudas sobre el importante mecanismo.

El ICTJ y la Fundación Konrad Adenauer organizaron el foro “Buscando la cuadratura del círculo: penas y proceso de paz” para presentar el reciente análisis del ICTJ al respecto y generar reflexión sobre los objetivos y la aplicación de penas en el contexto del proceso de paz colombiano.

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.

Cuando se conmemora el centenario del genocidio armenio, el presidente del ICTJ defiende que el Gobierno turco debería abandonar la política de la negación sobre la masacre de más de un millón y medio de armenios en 1915.

Para hacer un seguimiento desde la sociedad civil al diseño y la implementación de las políticas de reparación colectiva, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), con la asistencia del ICTJ y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, ha creado el Observatorio de Procesos de Reparación Colectiva.

El ICTJ, en alianza con la Corporación Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y Santa María Fundación, organizaron tres encuentros de activistas y víctimas del conflicto para conocer mejor las necesidades del colectivo LGBTI y reflexionar sobre las posibilidades que ofrecen las medidas de justicia transicional –en especial las no judiciales– para contribuir a la restauración de su dignidad y sus derechos.

En Colombia se están debatiendo las diferentes posibilidades y enfoques de una transición que debería basarse en el derecho de las víctimas a la justicia, la reparación y la verdad. Esta es una ocasión especialmente oportuna para subrayar la necesidad de que la transición se lleve a cabo en base a estos principios: hoy, 9 de abril, Colombia celebra el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Lea esta columna de opinión de Fernado Travesí y Félix Reátegui.

A tres años del inicio de su ejecución, el ICTJ presenta un análisis sobre la implementación del Programa de Reparaciones Individuales establecido por la Ley 1448. El informe examina en profundidad los aspectos positivos y las falencias tanto en el diseño como en la implementación de este programa, y propone recomendaciones para hacer más efectiva la ambiciosa tarea de reparar a las víctimas colombianas, que actualmente sienten que la promesa de la reparación solo ha sido parcialmente cumplida.