71 resultados

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, analiza el acuerdo de justicia penal anunciado por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC y señala qué aspectos deben todavía aclararse para asegurar que este garantice a todas las víctimas del conflicto armado la justicia que merecen.

En un nuevo análisis, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) aborda uno de los puntos cruciales de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP): la posibilidad de recurrir a la amnistía más amplia posible y al indulto como parte del tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco de más de cincuenta años de conflicto armado.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

El campo de la justicia transicional reconoce cada vez más la importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial en contextos de violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de la creciente sensibilización y concienciación a nivel político mundial, se carece de...

an image of colorful painting featuring a young girl

Del 21 al 23 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia llevó a cabo la primera audiencia de reconocimiento en Bogotá para el caso 01. Siete exdirigentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) reconocieron su responsabilidad de mando en los delitos de secuestro que fueron política de las FARC-EP de 1993 a 2012 ante la presencia de víctimas, funcionarios de la JEP y sociedad civil representantes y miembros de la prensa. Esta es la primera vez que los líderes de las FARC-EP reconocen públicamente su rol de mando y ejecución en estos crímenes sistemáticos. Este paso decisivo en el proceso de justicia restaurativa del país no hubiera sido posible sin una detallada preparación.

Este año, el ICTJ celebra su vigésimo aniversario. Durante las últimas dos décadas, la organización ha participado en proyectos en más de 50 países, proveyendo asistencia técnica y oapoyo crítico a las víctimas, la sociedad civil, los gobiernos y otras partes interesadas. Desde sus inicios, el ICTJ ha servido como punto de encuentro para los expertos y profesionales en el campo de la justicia transicional, así como un espacio de conocimiento, investigación y análisis, siempre manteniéndose a la vanguardia con la evolución del campo.

Mientras el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen avanzando en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, la Fundación Konrad Adenauer –en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y Ámbito Jurídico– ha puesto en marcha un Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz para debatir y reflexionar sobre cómo alcanzar una paz sostenible y duradera para Colombia.

Hace ocho años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos en un esfuerzo por crear conciencia sobre esta táctica endémica de guerra; honrar a las innumerables víctimas y sobrevivientes en todo el mundo, así como a quienes trabajan para poner fin a estas violaciones; y finalmente, erradicar esta práctica deshumanizante. La historia ha demostrado que cada vez que hay una crisis política o de seguridad yuxtapuesta a una respuesta militarizada, la violencia sexual relacionada con el conflicto se despliega como táctica para someter, deshumanizar y aterrorizar a civiles y opositores.

Greentree, el evento de alto nivel sobre complementariedad organizado por el ICTJ y el PNUD en diciembre, reunió a profesionales de la justicia internacional y el desarrollo, así como a expertos nacionales, en una casa de campo homónima a las afueras de Nueva York. Los asistentes debatieron sobre...

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

Este informe es el resultado de la investigación llevada a cabo por la consultora Olga Lucía Gaitán para el Centro Internacional para la Justicia Internacional (ICTJ), con el propósito de analizar las sentencias proferidas por las salas de Justicia y Paz y la Sala Penal de la Corte Su...

En la judicialización de crímenes de sistema, el análisis y la definición del contexto en el que actuó el grupo criminal es un paso fundamental y estratégico. El contexto aclara y explica las condiciones que facilitaron el nacimiento, formación y consolidación del grupo armado, y el funcionamiento...

El pasado miércoles 17 de octubre se iniciaron oficialmente las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y los jefes de la guerrilla izquierdista de las FARC. El éxito de las mismas no sólo habrá que cifrarlo en la desmovilización real de unos 8.000 combatientes. Para alcanzar una paz duradera habrá que repensar el Estado colombiano, víctima y victimario en un conflicto que ya dura más de medio siglo.

En el segundo encuentro del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz –organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Ámbito Jurídico y USAID– se abordó otro de los temas clave para alcanzar una paz sostenible en Colombia: las penas alternativas y las sanciones extrajudiciales que podrían aplicarse a los excombatientes guerrilleros.

En la tercera sesión del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz, celebrado el 12 de agosto en Bogotá, el debate giró en torno a los diferentes mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz que podrían tenerse en cuenta en caso de que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzasen un acuerdo para poner fin a 50 años de conflicto armado.

Los días 5 y 6 de junio de 2024, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE) organizaron la cuarta edición del Seminario de Expertos UA-UE sobre Justicia Transicional en Bruselas, Bélgica. El consorcio que implementa la Iniciativa para la Justicia Transicional en África, liderado por el ICTJ, ayudó a organizar el evento. El seminario exploró cómo los procesos de transición pueden transformar las vidas individuales, las relaciones sociales y las instituciones estatales disfuncionales.

Este análisis aborda la complejidad que conlleva fijar objetivos para castigar a aquellos miembros de las FARC que se consideran responsables principales de los crímenes más graves. Según el articulo, para que en este caso se alcancen los objetivos que persigue el castigo es preciso: ...

El 28 de noviembre de 2023, el ICTJ organizó un diálogo internacional en Bogotá, Colombia, para compartir estrategias innovadoras para promover los derechos de las víctimas a obtener reparación por abusos contra los derechos humanos y para establecer políticas de desarrollo más centradas en las víctimas. La reunión también marcó el lanzamiento oficial del nuevo informe del ICTJ: Promoción de los derechos de las víctimas y construcción de comunidades justas: estrategias locales para lograr la reparación como parte del desarrollo sostenible, que presenta las conclusiones de un estudio comparativo de dos años de duración sobre los esfuerzos locales en Colombia, Gambia, Túnez y Uganda para avanzar en las reparaciones.

Uno de los puntos cruciales de la negociación ha sido, y sigue siendo, el adecuado tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco del conflicto armado. El debate, aún no concluido, ha girado sobre la posibilidad de recurrir a medidas excepcionales como el indulto o l...

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

En el caso del proceso contra Thomas Lubanga, puede que la Corte Penal Internacional (CPI) conceda por primera vez reparaciones a las víctimas de crímenes recogidos en el Estatuto de Roma. Hablamos con Rubén Carranza, director del programa de reparaciones del ICTJ, sobre esas recomendaciones y las posibles repercusiones del fallo de la CPI.

Nousha Kabawat y Elena Naughton El 15 de septiembre, el ICTJ organizó un evento paralelo sobre los desaparecidos en Siria, patrocinado por los gobiernos de Luxemburgo y Finlandia, durante la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El evento abordó una propuesta reciente para la...

El 29 de febrero de 2024, el Comité Técnico Conjunto conformado por Gambia y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sostuvo su reunión inaugural sobre el establecimiento de un tribunal híbrido para atribuir responsabilidad a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos entre julio de 1994 y enero de 2017 durante la dictadura del ex presidente Yahya Jammeh. Un tribunal internacionalizado de este tipo representa una oportunidad para que se administre responsabilidad penal a favor de las víctimas y la sociedad gambiana. También es el paso más reciente en el camino de la justicia transicional en Gambia.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, defiende que la mejor manera de avanzar en la rendición de cuentas es centrar la asistencia en mecanismos nacionales especializados. "Los ciudadanos deben ver que sus instituciones nacionales funcionan y ahí es donde los tribunales pueden condenar los delitos y fortalecer los fundamentos del contrato que mantiene unida a la sociedad. En ese ámbito es donde la dignidad de un ciudadano puede adquirir su sentido pleno", escribe Seils con motivo del Día de la Justicia Internacional.

El 2 y 3 de marzo de 2020, el ICTJ llevó a cabo una conferencia de alto nivel en Túnez, Túnez, sobre la lucha contra la corrupción y la recuperación de bienes malhabidos como un elemento primordial para los procesos de justicia transicional

Con el propósito de hacer frente a los desafíos judiciales que representan los crímenes de sistema y la criminalidad organizada, el ICTJ ha trabajado durante un año y medio con la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) de la Fiscalía General de la Nación para consolidar una nueva forma de investigar penalmente los crímenes de sistema, que incluya un análisis en profundidad del contexto y conduzca al desmantelamiento de las estructuras criminales.

In the aftermath of armed conflict or repression, communities often struggle to rebuild social relations that have been damaged or destroyed by violence and abuse. Restorative justice can potentially play a valuable role in such societies, bringing together the people who have been harmed by crimes and the individuals responsible for those harms, often in the form of a dialogue, to address the offense and its consequences. A new ICTJ research report offers insight and guidance on the use of a restorative justice framework in responding to massive and grave human rights violations, drawing primarily from experiences in Colombia, Sierra Leone, Tunisia, and the Philippines’ Bangsamoro region.

“ICTJ reporta” es una nueva sección de la página web del ICTJ, destinada a presentar su trabajo y su influencia en todo el mundo. Mediante entrevistas en profundidad mensuales a nuestros expertos, “ICTJ reporta” ofrecerá una panorámica sobre su trabajo en materia de reparaciones, justicia penal, verdad y memoria y otros procesos de justicia transicional en países en los que trabajamos. Para iniciar la serie conversamos con Paul Seils, vicepresidente del ICTJ y jefe de la Oficina de Programas.

Durante varios años, desde el Programa Colombia del ICTJ se ha trabajado para garantizar que el proceso de Justicia y Paz aborde los procesos de crímenes sistemáticos con un enfoque estratégico. En agosto de 2011, Seils asistió a una reunión de alto nivel organizada por el ICTJ con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y la Organización de Estados Americanos. Al encuentro asistieron diversos expertos internacionales con la intención de fijar prioridades y racionalizar el proceso de selección de casos judiciales.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

El 25 de octubre, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea lanzaron oficialmente su Iniciativa conjunta para la Justicia Transicional en África (ITJA) en Addis Abeba. El proyecto se llevará a cabo durante un período de tres años y promoverá procesos nacionales de justicia transicional en África, en línea con la Política de Justicia Transicional de la UA y su hoja de ruta. La ITJA tiene varias características únicas que, si todos los actores las adoptan y promueven, tienen el potencial de abrir un camino nuevo e inspirador hacia la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en el continente africano.

El ICTJ resalta la importancia del Auto No. 19 de determinación de hechos y conductas, emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP el día 26 de enero de 2021, en el marco del caso 01 que denominó “Toma de rehenes y graves...

Más allá de los autores materiales, habría que castigar a los que dieron las órdenes y aún -detrás de ellos- a los “autores de escritorio”, que movieron los hilos de estas empresas criminales. Gracias a los avances en el derecho penal internacional, Justicia y Paz podría coordinarse mejor con la Justicia Penal Ordinaria".

Con el fin de presentar experiencias internacionales y promover el intercambio de ideas acerca de qué lecciones podrían resultar útiles para Colombia en materia de justicia penal, el ICTJ celebrará una conferencia en Bogotá el 24 de noviembre que reunirá a reconocidos expertos que estuvieron directamente involucrados en estas iniciativas de justicia penal en Bosnia-Herzegovina, Camboya, Sierra Leona, Timor Oriental y el Líbano.

Después de varios meses de un profundo debate en el Congreso de la República, en los medios de comunicación y en distintos escenarios públicos, el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que busca articular diferentes mecanismos de justicia transicional. Esta reforma constitucional...

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

El 13 de agosto de 2024, la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior de Uganda emitió su esperado veredicto en el caso de Uganda contra Thomas Kwoyelo, ex comandante y coronel del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor. Kwoyelo fue condenado por 44 cargos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos durante el conflicto armado que duró décadas en el norte de Uganda entre el LRA y el gobierno ugandés. Esta sentencia representa un hito en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas y un paso crucial hacia el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de estas horribles atrocidades masivas.

En Colombia no existe una cifra exacta de cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada a raíz del conflicto armado. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica registra 80.472 víctimas entre 1970 y 2018, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas (UARIV) contabiliza 47,762 personas desaparecidas. Lo que ambas instituciones afirman es que la mayoría son civiles.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

“A pesar de las leyes vigentes, el número de casos de violencia sexual y de género [SGBV] sigue aumentando, incluidos casos de violación, mutilación genital femenina, agresión sexual y acoso. Esto significa que existe la necesidad de hacer cumplir tales leyes”, afirmó Didier Gbery, jefe de programa del ICTJ para Gambia, en la apertura de un taller en marzo pasado sobre cómo aumentar el acceso a la justicia de las víctimas de VSG. El taller fue uno de los dos que ICTJ organizó a principios de 2023 para fortalecer la capacidad de las partes interesadas en Gambia para defender a las víctimas de VSG y brindarles un apoyo vital con enfoque de género.

Un análisis sobre la necesidad de que ambas instancias coexistan en Colombia, para garantizar que las reparaciones sean efectivas y se extiendan al universo enorme de las de víctimas del conflicto armado.

El 30 de octubre, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitirá su primer veredicto parcial contra el líder paramilitar Hebert Veloza García, alias “HH”, uno de los más significativos del proceso de Justicia y Paz. Con vistas a la sentencia, el ICTJ estrena una línea del tiempo informativa que comprende todas las medidas de justicia transicional que se han implementado en Colombia desde 2005.

El papel de la participación de las víctimas en los procesos penales internacionales, ya sea en tribunales internacionales, mixtos o nacionales, ha sido durante mucho tiempo un tema de debate público entre los profesionales de la justicia penal y los activistas de derechos humanos. Tras las...

Con la presencia de miembros de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de Justicia y Paz, organizaciones de defensores de derechos humanos de Bogotá, Santander, Atlántico, entre otros, se desarrolló el evento Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz, el 14 de mayo en Bogotá.

El estudio de la macrocriminalidad es de vital importancia para la justicia transicional y específicamente para lograr la rendición de cuentas después de violaciones sistemáticas y a gran escala de los derechos humanos. Para incentivar estos debates y ampliar el acceso a las fuentes de conocimiento sobre el tema, el ICTJ ha traducido al español por primera vez el ensayo "¿Se puede criminalizar la política?" escrito por el criminólogo alemán Herbert Jäger.

La necesidad de priorizar la investigación y judicialización de los comandantes paramilitares fue la principal conclusión del encuentro de magistrados de Justicia y Paz organizado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) entre el 1 y 2 de septiembre de 2011 en Bogotá. “El...

Este Manual fue elaborado en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la Fiscalía General de la Nación, suscrito con el fin de brindar asistencia técnica a la Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC) y apoyar...

Los procesos de justicia transicional son complejos, políticamente cuestionados y no necesariamente se desarrollan de manera lineal. Debido a esto, presentan desafíos teóricos y prácticos únicos al momento de medir sus resultados. Este informe busca mejorar las prácticas de monitoreo ...

Children, women, and men look at a wall covered in faces of people.

El líder paramilitar Hebert Veloza García, alias "H.H.", fue condenado a 40 años de prisión y una multa de 17.950 salarios mínimos (unos 5,2 millones de dolares). Por estar postulado en el proceso de Justicia y Paz, Veloza recibió el beneficio de una pena alternativa, que el Tribunal estableció en siete años. La lectura de la primera sentencia en el proceso de Justicia y Paz contra Veloza representa un momento crucial para el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el país. Aquí puede ver el video completo de la lectura de la sentencia.

Cuando se cumplen nueve años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, el ICTJ analiza en un nuevo informe hasta qué punto estos procesos judiciales han contribuido a comprender y develar las el complejo fenómeno del paramilitarismo en sus dimensiones militar, económica y política, así como a determinar quiénes son los máximos responsables a través de 10 fallos emitidos en el marco de la Ley 975.