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El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reconoce la esclavitud de los africanos como el crimen más grave contra la humanidad. Esta resolución es parte integral, si no la culminación, de una iniciativa más amplia de los Estados africanos para obtener reparaciones por injusticias históricas, como la trata transatlántica de esclavos, el colonialismo, el apartheid y el genocidio.

En el tercer aniversario de la brutal guerra en Sudán, es momento para reflexionar sobre un conflicto que rara vez recibe la atención mediática que merece y para considerar a los millones de sudaneses atrapados en ciclos de violencia.

Los recientes ataques israelíes en Beirut y otras zonas pobladas en el Líbano han sido de los más intensos del conflicto hasta la fecha, han destruido infraestructuras críticas y han devastado comunidades civiles. El ICTJ se solidariza inequívocamente con el pueblo libanés y todas las víctimas de la región, y exige el cese inmediato de todos los ataques y amenazas contra las comunidades civiles y la infraestructura.

El 27 de febrero de 2026, la Corte Penal Internacional concluyó la audiencia de confirmación de cargos en el caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad. Ruben Carranza, experto senior del ICTJ y filipino-estadounidense, reflexiona sobre este caso en el marco de su reciente conferencia sobre justicia transicional y la guerra contra las drogas de Duterte en la Universidad de Georgetown.

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca extinguir la responsabilidad penal por ciertos actos cometidos en el país durante los últimos 26 años. Si bien la ley ha generado debate, sin duda representa un avance significativo en el panorama político del país.

En 2026, el ICTJ celebrará su 25º aniversario. Como organización, abordamos este hito con verdadero orgullo y determinación, pero también con profunda preocupación por el mundo en el que vivimos hoy.

Durante 2025, los expertos del ICTJ ofrecieron un análisis profundo sobre conflictos y acontecimientos políticos importantes en más de 10 países como parte del boletín del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios arrojaron luz sobre los obstáculos que las víctimas, la sociedad civil y sus socios deben superar en su búsqueda de una paz y una justicia sostenibles. En esta edición, repasamos el año pasado a través de la columna "Elección del Experto".

El 20 de noviembre, en el 80.º aniversario de la apertura del principal juicio de Núremberg, que procesó a los líderes nazis por la agresión y las atrocidades masivas de la Segunda Guerra Mundial, se dieron a conocer los detalles del supuesto nuevo plan de "paz" propuesto para Ucrania. Esta iniciativa ha sacado a la luz una de las demandas recurrentes del Kremlin: la amnistía total para las atrocidades cometidas durante la guerra, precisamente los actos que Núremberg pretendía castigar y prevenir.

La muerte de ocho mujeres en proceso de parto en un hospital de Agadir el pasado agosto conmocionó a Marruecos. La noticia consolidó la indignación nacional por el deterioro de los servicios públicos, así como por la persistencia del alto desempleo y la corrupción. Años de frustración estallaron en las calles cuando miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en ciudades y pueblos de todo el país para protestar y exigir rendición de cuentas y reformas institucionales.

El 6 de octubre, la Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable al exlíder de la milicia Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (también conocido como Ali Kushayb), de 27 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Este veredicto histórico rompe con los ciclos de impunidad en Sudán y envía un mensaje contundente de que estos crímenes no se toleran.

El 8 de agosto, Armenia y Azerbaiyán firmaron la Declaración Conjunta sobre las Relaciones Futuras. Considerada por algunos como un "acuerdo de paz histórico", no es un tratado ni pone fin al conflicto de Nagorno-Karabaj, que ya cumple 37 años. Se trata, más bien, de un marco político que requiere apoyo y atención internacionales.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.

El 14 de abril de 2025, el Tribunal Superior de Johannesburgo dictó una sentencia histórica. Desde su estrado en la sala 4D, el juez Dario Dosio desestimó las objeciones de la defensa a la inclusión de asesinato y apartheid como crímenes de lesa humanidad en el escrito de acusación contra dos personas acusadas de un ataque mortal en 1982 contra activistas estudiantiles antiapartheid. Con ello, el tribunal allanó el camino para que, por primera vez, se presentaran cargos por crímenes de lesa humanidad en un tribunal nacional sudafricano. También abrió la puerta al primer procesamiento del apartheid como crimen de lesa humanidad en cualquier parte del mundo.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) celebra la creación de dos nuevas instituciones independientes en Siria: la Comisión Nacional para la Justicia Transicional y la Comisión Nacional para los Desaparecidos. El establecimiento de estas comisiones por decreto presidencial es avance histórico que reconoce las demandas de las víctimas y sus familias y responde formalmente a las violaciones generalizadas cometidas en Siria durante las últimas décadas.

Este abril, Sudán conmemoró un doble aniversario: el primero, la revolución de 2019 que derrocó el régimen represivo de décadas del presidente Omar al Bashir; el segundo, el estallido de la guerra civil que ha devastado el país desde 2023. Estas efemérides de tanto contraste traen consigo grandes esperanzas y un profundo dolor. También plantean preguntas apremiantes: ¿Cuánto tiempo tendrá que sufrir Sudán mientras la atención mundial parece darles la espalda? ¿Hasta cuándo seguirán silenciadas las voces de los sudaneses que anhelan la paz y la justicia?

Desde mucho antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, Moscú ha difundido desinformación para justificar su agresión, sostieniendo suposiciones subyacentes de que Ucrania no es una nación soberana y que su condición de Estado está condicionada a una alianza con Rusia. Refutar estas narrativas no solo es valioso para los ucranianos, sino también para impulsar cualquier transformación democrática en Rusia y para establecer una comprensión más matizada de la historia de Europa Central y Oriental.

El ICTJ está indignado por la reciente masacre en Siria, donde más de 1.000 civiles fueron asesinados brutalmente en otra ola de violencia. Este crimen atroz pone de manifiesto la necesidad urgente e innegable de proteger a los civiles y de proporcionar justicia y rendición de cuentas.

La caída del régimen de Asad marca el comienzo de una transformación largamente esperada en Siria. Por primera vez en décadas, se ha abierto un espacio para hablar libremente sobre justicia, rendición de cuentas y reconciliación. Es un momento lleno de incertidumbre y dolor, pero también de inmensa esperanza.

La transición de Sudán del Sur hacia un gobierno democrático mediante las primeras elecciones generales de su historia desde la independencia, tendrá que esperar dos años más. A pesar de esta última prórroga, el país ha logrado importantes hitos en su proceso de justicia transicional.

A lo largo de 2024, los expertos del ICTJ ofrecieron su visión única sobre noticias de última hora y acontecimientos críticos en más de 11 países como parte del boletín World Report del ICTJ. Sus análisis se centraron en las fuerzas políticas y socioeconómicas en juego y lo que cada evento significa para las víctimas y la búsqueda de la paz y la justicia.

La caída del régimen de Bashar al-Assad tras 53 años de gobierno autoritario marca un momento significativo en la búsqueda de la justicia, la paz y los derechos humanos. Si bien esta transición abre la puerta a nuevas posibilidades, también pone de manifiesto los inmensos obstáculos y responsabilidades que nos esperan.

En febrero de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su tan esperada orden de reparación en el caso contra Dominic Ongwen. Casi dos décadas después de que la CPI interviniera en el norte de Uganda, esta decisión histórica reconoce el sufrimiento de los sobrevivientes y subraya las complejidades y limitaciones de la justicia internacional. Para las víctimas que han esperado justicia durante más de dos décadas, la orden ha sido agridulce.

La guerra continua en el Medio Oriente no es un hecho aislado. Representa un ciclo de violencia de 75 años, marcado por agravios históricos, luchas geopolíticas y crisis humanitarias que persisten desde hace décadas. En el último episodio de esta trágica historia, el Líbano se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Hasta ahora, el conflicto ha causado una destrucción generalizada, miles de muertos y heridos y más de un millón de personas desplazadas en el Líbano. El país se enfrenta ahora a muchas preguntas intimidantes sobre la reconstrucción, las reparaciones a las víctimas y el tipo de sociedad que surgirá después de la guerra.

Dos años y medio después de la invasión rusa a Ucrania, las víctimas siguen exigiendo justicia por las violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por las cuales han sufrido graves daños y traumas psicológicos. La Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre presuntos crímenes en marzo de 2022. Ahora se enfrenta a un desafío crítico: ¿cómo garantizar que las víctimas ucranianas puedan participar de manera significativa en todas las etapas de sus procedimientos, a pesar de que la corte se encuentra lejos del conflicto?

Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, los venezolanos de todos los sectores de la sociedad salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva ante los resultados oficiales, su indignación por la terrible crisis económica y política de su país y su exigencia de transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real. En los países que luchan contra violaciones masivas de los derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y avance hacia la paz y la justicia. Lamentablemente, esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

En julio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a Nueva York para dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Durante su visita, Petro también inauguró un monumento que conmemora la búsqueda incansable de la paz en el país.

El mes pasado, Estados Unidos celebró Juneteenth oficialmente por cuarta vez desde que el presidente Joe Biden lo declaró día festivo federal en 2021. Las conmemoraciones son una oportunidad para reconocer hitos pasados y reflexionar sobre su relevancia para el presente. Evocando el espíritu de Juneteenth, es importante resaltar y celebrar los triunfos y avances logrados hacia el cumplimiento de la promesa de libertad para todas las personas.

La revuelta regional derivada de la guerra en curso en Gaza ha creado más obstáculos en el ya complejo camino hacia la paz en Yemen. Los rebeldes hutíes continúan sus ataques en el Mar Rojo, que califican de actos de solidaridad con Palestina, a pesar de las represalias de Estados Unidos y sus...

Los dolorosos recuerdos de aquellos espantosos 100 días en los que casi un millón de ciudadanos ruandeses perdieron la vida todavía atormentan al pueblo de Ruanda, al resto de África y al mundo, treinta años después del genocidio de 1994 contra los tutsis. Es una ocasión solemne para recordar y honrar a las víctimas y supervivientes del genocidio y reconocer la tremenda fuerza y resistencia que han demostrado tras una tragedia indescriptible. Más allá de esto, también es momento para una introspección sincera en el continente africano y en todo el mundo sobre las políticas y mecanismos existentes para prevenir tales atrocidades.

El 29 de febrero de 2024, el Comité Técnico Conjunto conformado por Gambia y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sostuvo su reunión inaugural sobre el establecimiento de un tribunal híbrido para atribuir responsabilidad a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos entre julio de 1994 y enero de 2017 durante la dictadura del ex presidente Yahya Jammeh. Un tribunal internacionalizado de este tipo representa una oportunidad para que se administre responsabilidad penal a favor de las víctimas y la sociedad gambiana. También es el paso más reciente en el camino de la justicia transicional en Gambia.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

En 2021, la República Centroafricana creó la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación (CVJRR) para establecer la verdad, buscar justicia y restaurar la dignidad de las víctimas, con miras a lograr la reconciliación nacional. En este frágil país, azotado por sucesivos episodios de violencia, las víctimas exigen justicia durante toda su vida. Después de una larga fase de puesta en marcha, la CVJRR finalmente se está preparando para comenzar a registrar y escuchar los testimonios de las víctimas. El primer paso en este proceso es la toma de declaraciones, lo que requiere varios factores clave para tener éxito.

A lo largo de 2023, los expertos del ICTJ han ofrecido su perspectiva única sobre las noticias de última hora en todo el mundo como parte del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios han puesto de relieve el impacto que estos acontecimientos tienen en las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en luchas más amplias por la paz y la justicia. En esta edición, recordamos el año pasado a través de la columna Expert's Choice.

El 25 de octubre, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea lanzaron oficialmente su Iniciativa conjunta para la Justicia Transicional en África (ITJA) en Addis Abeba. El proyecto se llevará a cabo durante un período de tres años y promoverá procesos nacionales de justicia transicional en África, en línea con la Política de Justicia Transicional de la UA y su hoja de ruta. La ITJA tiene varias características únicas que, si todos los actores las adoptan y promueven, tienen el potencial de abrir un camino nuevo e inspirador hacia la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en el continente africano.

El 15 de octubre, el Secretario General de la ONU hizo dos fuertes llamamientos humanitarios: que Hamás libere a los rehenes inmediatamente y sin condiciones, y que Israel permita que la ayuda humanitaria entre en Gaza sin obstáculos para que pueda llegar a los civiles que la necesitan desesperadamente. El Consejo de Seguridad de la ONU oyó sus palabras, pero no las escuchó. Mientras tanto, que los gobiernos con poder para persuadir a los actores involucrados en las hostilidades a respetar el Estado de derecho no lo han hecho. Sin embargo, el imperativo moral es claro y simple.

Los días 18 y 19 de septiembre, los líderes mundiales se reunieron en Nueva York para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacer un balance del progreso que la comunidad global ha logrado hacia el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los desafíos que aún enfrenta. En la cumbre, la Asamblea General de la ONU adoptó una declaración política que afirma que el cumplimiento de los ODS está “en peligro”, describe la lentitud de los avances y asegura que en algunos países, como resultado de múltples crisis superpuestas tales como conflictos armados persistentes, se han visto incluso retrocesos. La comunidad internacional debe ir más allá y especificar los obstáculos que enfrentan las sociedades afectadas por conflictos y abusos generalizados y el papel que los derechos humanos pueden desempeñar para superarlos.

Hace cinco años, en agosto de 2018, para conmemorar sus 100 días en el cargo, el Primer Ministro armenio Pashinyan se dirigió a una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván para anunciar oficialmente las intenciones de su gobierno de incorporar mecanismos de justicia transicional en la agenda de reforma armenia posrevolucionaria. Desde entonces, Armenia ha estado implementando una serie de iniciativas de justicia transicional junto con otras reformas democráticas, y ha logrado algunos avances limitados, a pesar de reveses y desafíos importantes, incluido un nuevo conflicto con Azerbaiyán.

El 17 de julio de 2023 marcó 25 años desde que se adoptó el Estatuto de Roma en una conferencia en Roma, Italia. El estatuto creó la primera corte internacional permanente del mundo, la Corte Penal Internacional, que probablemente fue el hito más importante en la justicia penal internacional desde los juicios de Nuremberg y Tokio de mediados del siglo XX. Señaló la firme intención de muchas naciones de abordar la impunidad en curso de los crímenes más graves conocidos por la humanidad. Sin embargo, después de 25 años, la CPI aún no ha alcanzado todo su potencial.

Hace ocho años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos en un esfuerzo por crear conciencia sobre esta táctica endémica de guerra; honrar a las innumerables víctimas y sobrevivientes en todo el mundo, así como a quienes trabajan para poner fin a estas violaciones; y finalmente, erradicar esta práctica deshumanizante. La historia ha demostrado que cada vez que hay una crisis política o de seguridad yuxtapuesta a una respuesta militarizada, la violencia sexual relacionada con el conflicto se despliega como táctica para someter, deshumanizar y aterrorizar a civiles y opositores.

El 12 de mayo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa acordó crear un mecanismo para recibir reclamaciones por daños causados por el crimen de agresión ruso en Ucrania. El nuevo registro está destinado a recibir información sobre reclamos por daños, pérdidas o lesiones causados por la invasión rusa de Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 y evaluar su elegibilidad para adjudicaciones o compensaciones futuras. Muchos de los principales defensores del registro saludan su creación como un paso clave hacia la rendición de cuentas por las numerosas violaciones del derecho internacional que Rusia ha cometido en o contra Ucrania. Sin embargo, el registro por sí solo no será suficiente para abordar la multitud de daños causados por la guerra.

El 21 de marzo, el parlamento de Uganda aprobó el proyecto de ley contra la homosexualidad, adoptando la ley anti-LGBTQ+ más dura del mundo. Según él, la homosexualidad se castiga con cadena perpetua, mientras que la "homosexualidad agravada" se castiga con la muerte. El proyecto de ley no solo amenaza los derechos de las personas LGBTQ+, sino que socava y erosiona el compromiso de Uganda con los derechos humanos.

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue elegido para el cargo en una campaña progresista para fortalecer la democracia, implementar reformas sociales y traer "paz total" al país. Su enfoque de la paz abarca negociaciones políticas con todos los grupos insurgentes restantes y diálogos simultáneos con organizaciones criminales orientados a su sumisión voluntaria a la justicia a cambio de indulgencia punitiva. Pero ocho meses después de su administración, los esfuerzos de Petro para cumplir su promesa de campaña enfrentan numerosos desafíos.

Durante 112 años, el Día Internacional de la Mujer ha sido un momento para celebrar los logros de las mujeres y crear conciencia sobre la desigualdad de género. El 8 de marzo, la campaña #EmbraceEquity de este año destacará la contribución de las mujeres en varios campos, al tiempo que destacará los desafíos que enfrentan en otras industrias. Eliminar las barreras de acceso de las mujeres a los recursos económicos, políticos y sociales es fundamental para crear y mantener una sociedad democrática estable. A menudo, los regímenes represivos buscan ejercer un control sistemático sobre la vida de las mujeres. De manera similar, una erosión de los derechos de las mujeres en las democracias “estables” es a menudo un presagio de un ataque más amplio a los derechos de los ciudadanos.

El final de 2022 en Venezuela estuvo marcado por señales de voluntad de todos los partidos de dar pasos concretos hacia la democracia. El gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones y acordaron permitir que Naciones Unidas administre un fondo por miles de millones de dólares en activos congelados, que se liberarían gradualmente para abordar la crisis humanitaria del país. Estados Unidos autorizó a la Corporación Chevron a reanudar operaciones limitadas de importación de petróleo venezolano. Finalmente, la Asamblea Nacional de 2015 votó a favor de poner fin al gobierno interino liderado por la oposición. Si bien estos pasos son iniciales para crear las condiciones para la confianza entre las partes, ofrecen oportunidades para mejorar las terribles circunstancias en las que viven actualmente muchos venezolanos.

Ocho años después de una guerra brutal, el pueblo de Yemen sigue sufriendo la peor crisis humanitaria del mundo. La guerra ha provocado más de 370.000 muertes, más de la mitad de las cuales están relacionadas con causas indirectas como el hambre y enfermedades prevenibles. Alrededor de 4 millones de...

Desde que las fuerzas armadas rusas invadieron Ucrania a fines de febrero de 2022, la terrible naturaleza de la violencia que sufrieron los civiles ucranianos a manos de los soldados rusos ha conmocionado al mundo. Al momento de escribir este artículo, ha habido 16.000 informes de presuntos crímenes...

En la última ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul el 29 de marzo, el presidente turco Tayyip Erdogan llamó a ambas delegaciones a actuar con responsabilidad y acordar un alto al fuego. Les recordó su misión histórica de lograr una paz justa. No hay nadie que se oponga a tal declaración. Sin embargo, como hemos visto antes en muchos otros conflictos, definir qué significa justicia en el contexto de la guerra puede representar un obstáculo aparentemente insuperable.

Afganistán es un trágico ejemplo de cómo un país en transición puede revertir drásticamente el arduo camino hacia la paz y la democracia y regresar a un abismo de violencia y represión a una velocidad vertiginosa. En el lapso de unas pocas semanas, los talibanes recuperaron el control del país. Cuando finalmente entraron en Kabul, el gobierno afgano respaldado internacionalmente colapsó. Ahora al mando, los talibanes no han perdido tiempo en demostrar su objetivo de volver a imponer el mismo gobierno extremista y opresivo, a pesar de las declaraciones iniciales que afirman un compromiso con la paz y los derechos humanos.